Los derechos humanos en Argentina: entre la memoria y la manipulación

El kirchnerismo no impulsó una política integral de derechos humanos que incluyera tanto las violaciones de la dictadura, como las actuales. (wikimedia)
El kirchnerismo no impulsó una política integral de derechos humanos que incluyera tanto las violaciones de la dictadura, como las actuales. (wikimedia)
Carlos Malamud

27 de marzo 2017 - 13:48

Madrid/El 24 de marzo se cumplieron 41 años del golpe militar liderado por el general Jorge Videla, inicio de la más sangrienta dictadura que jamás conoció Argentina. Pese a que el país lleva más de 33 años en democracia, el recuerdo del pasado dictatorial, del número de desaparecidos e incluso de la necesidad de imponer la fecha del golpe como festivo aún sigue siendo objeto de polémica. En este contexto se habla del "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia".

Es interesante comparar la experiencia argentina con la de otros países suramericanos, como Chile, Uruguay o Brasil, que también sufrieron episodios dictatoriales con la misma orientación represiva, pero que hoy viven situaciones diferentes. En ninguno de ellos se interrumpe la jornada laboral y escolar en recuerdo de lo sucedido. En Chile, prácticamente a nadie se le ocurre decir que Sebastián Piñera era continuador de la dictadura militar o comparar su gestión con la de Pinochet. Y así se podrían seguir detallando diferencias entre la forma en que la sociedad argentina recuerda su pasado o quiere forzar una determinada interpretación del mismo con lo que ocurre en su entorno.

¿Por qué esa diferencia? En Brasil, Chile y Uruguay hubo, y en los dos últimos sigue habiendo, gobiernos de izquierda que no necesitaron inventar ningún relato para identificarse y ser identificados como tales. Tampoco se puede incluir a los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez o José Mujica en la categoría de populistas, más allá del discurso enarbolado por el PT y la presidente brasileña durante el impeachment.

Si en el gobierno el kirchnerismo necesitó de los derechos humanos para proyectar un perfil progresista, en la oposición su necesidad es todavía mayor

En Argentina la situación fue diferente. Hasta su llegada al poder, los Kirchner no se habían caracterizado por sus vínculos con el socialismo, ni el vernáculo ni el internacional. Tampoco poseían una sensibilidad asociada a la izquierda política, ni siquiera a la izquierda peronista. Ahora bien, tras su triunfo electoral de 2003 Néstor Kirchner, que apenas superó el 22% de los votos, necesitó recomponer una base de poder que diera sustento y estabilidad a su gestión. Era algo fundamental tras la traumática salida de Fernando de la Rúa en 2001 y los coletazos de una recesión todavía vigente.

Pese a los 20 años transcurridos desde el restablecimiento de la democracia, la lucha contra la dictadura, los juicios contra los represores, el enaltecimiento de los desaparecidos y la causa de los derechos humanos se convirtieron en uno de los principales ejes del relato kirchnerista, ahora presentado en sintonía con la causa bolivariana. Fue tal el énfasis puesto en el empeño, que se acuñó el concepto de "setentismo", evocador de la gesta heroica de los "muchachos", los Montoneros, que querían construir la "patria socialista" por las armas.

El kirchnerismo no impulsó una política integral de derechos humanos que incluyera tanto las violaciones de la dictadura, como las actuales. En su lugar solo hubo manipulación del pasado para obtener un rédito político. Y en un claro gesto adanista se decidió hacer tabla rasa con la historia, negando cualquier actuación de los anteriores gobiernos democráticos, incluyendo el enjuiciamiento a las juntas militares impulsado por Alfonsín. En un discurso en 2004, en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), uno de los más activos centros dictatoriales de tortura y desaparicion, Kirchner pidió "perdón de parte del Estado por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia las atrocidades cometidas por los represores ilegales de la última dictadura militar".

Si en el gobierno el kirchnerismo necesitó de los derechos humanos para proyectar un perfil progresista, en la oposición su necesidad es todavía mayor. Tras su derrota electoral en noviembre de 2015, en vez de reconocer el fracaso intentaron deslegitimar a Mauricio Macri, presentándolo como un presidente de extrema derecha, con vínculos con las corporaciones, el imperialismo y la dictadura militar. Cristina Fernández ni siquiera se dignó a participar en la ceremonia de traspaso de poder. Con el paso del tiempo, radicalizó su discurso y centró sus denuncias en la destrucción de todo lo construido por el matrimonio gobernante en los años anteriores.

La cercanía de las elecciones de medio término (octubre próximo) y el creciente número de causas judiciales contra la antigua cúpula gubernamental, incluyendo el vértice, propiciaron una nueva ofensiva desestabilizadora contra Macri. El despliegue piquetero, la huelga docente, la convocatoria de una huelga general por la CGT (Confederación General del Trabajo) para el 6 de abril o el 41 aniversario del golpe militar son algunos ejemplos.

Sigue la discusión sobre el número de desaparecidos: todas las investigaciones oficiales hablan de unos 9.000 pero algunos quieren imponer por ley el número de 30.000 personas

Una cuestión interesante vinculada a 1976 es la discusión sobre el número de desaparecidos, cifrado en 30.000 personas. Sin embargo, todas las investigaciones oficiales y las de algunos expertos hablan de un número que rondaría los 9.000. En su intención de sacralizar la lucha popular "antidictatorial" se ha decretado herejía cuestionar siquiera los 30.000 y se intenta proclamar una ley que fije la obligatoriedad de ese número y denominar "dictadura cívico-militar" al anterior régimen.

El clímax se alcanzó en el acto del pasado 24, cuando los organismos de derechos humanos convocantes, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo entre otros, recordaron la lucha de las principales organizaciones guerrilleras que actuaron en la década de 1970, como Montoneros, FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) o FAL (Fuerzas Armadas de Liberación). El acto comenzó con un documento que llamaba a luchar contra el gobierno: "Vamos a seguir denunciando el avasallamiento de derechos por parte del gobierno antipopular de Mauricio Macri".

Previamente, Hebe Bonafini, con un discurso cada vez más escatológico, afirmó: "Basta de ser democráticos para ser buenitos. Yo me cago en los buenos, no soy buena. Es verdad que soy una fanática, fanática de la política, de la lealtad. Soy fanática del legado de Néstor y de Cristina". Con esta estrategia de polarización por medio, en el kirchnerismo se ha instalado la idea de que todo vale, comenzando por el plano discursivo, aunque sin agotar sus andanadas en él. Si se quiere un fin abrupto del actual gobierno hay que apostar por la desestabilización, aunque ésta aporte mayor sufrimiento para los sectores populares. Y si para ello es necesario presentar puras reivindicaciones políticas como si fueran la defensa a ultranza de los derechos humanos, también se hace.

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Nota de la Redacción: este análisis ha sido publicado previamente en la web InfolatamInfolatam. Lo reproducimos con la autorización del autor.

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