La tiranía de la justicia popular

Cinco muñecos colgados en un puente de Pamplona tenían encima de sus cabezas un cartel con la palabra “Justicia” y las fotos de los cinco acusados de La Manada. (Twitter)
Cinco muñecos colgados en un puente de Pamplona tenían encima de sus cabezas un cartel con la palabra “Justicia” y las fotos de los cinco acusados de La Manada. (Twitter)

Pocas semanas después de que en noviembre del año pasado comenzase en España el juicio contra los miembros de “la manada” -acusados de atentar contra la libertad sexual de una mujer en los Sanfermines de 2016-, aparecieron cinco muñecos colgados en un puente de Pamplona. Encima de sus cabezas pendía un cartel con la palabra “Justicia” y las fotos de los cinco acusados.

El jueves de la semana pasada, tras cinco meses de juicio y ajena a esa justicia popular paralela, por fin se dio a conocer la sentencia en la que la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los acusados a 9 años de cárcel, otros cinco de libertad vigilada y una indemnización conjunta de 50.000 euros para la víctima por el delito de abuso sexual. La sentencia, sin embargo, no consideró que hubiese violencia o intimidación, por lo que descartó calificarlo jurídicamente como una violación (que lleva aparejada una pena más severa).

La reacción profundamente indignada del movimiento feminista, que sostiene que sí hubo violación según la descripción de los hechos delictivos que se señalan en la sentencia, ha trascendido las fronteras españolas con concentraciones y marchas de protesta en otros países.

El debate público sobre las sentencias es pertinente y saludable, pero en este caso cabe preguntarse si se ha hecho de forma adecuada

El debate público sobre las sentencias es pertinente y saludable, pero en este caso cabe preguntarse si se ha hecho de forma adecuada, ya que la indignación ante la condena ha supuesto -como en otras decisiones judiciales polémicas- la crítica furibunda, el acoso y el cuestionamiento al poder judicial; y las principales asociaciones de jueces españolas ya han advertido de que las críticas que descalifican hasta el insulto no aportan nada, así como la facilidad con la que se desprecia la labor de jueces y fiscales.

También ha habido un deseo manifiesto de parte de la opinión pública de imponer a los procesados una pena ejemplarizante, pese a que no haya ninguna definición de lo que signifique esto y cuál sea su objetivo.

Aunque si lo que se pretende es evitar futuras conductas similares, desde la asociación Jueces para la Democracia cuestionaron hace dos meses que el endurecimiento de las penas disuada a los delincuentes de cometer delitos. El recordatorio se produjo en medio de otra oleada de justicia popular que sacudió a la sociedad española tras el asesinato de un niño de ocho años supuestamente a manos de la pareja del padre del menor. Para Ana Julia, la acusada, se llegó a pedir la pena de muerte en las redes sociales.

También ha habido un deseo manifiesto de parte de la opinión pública de imponer a los procesados una pena ejemplarizante, pese a que no haya ninguna definición de lo que signifique esto y cuál sea su objetivo

En el caso de “la manada”, la justicia pasional de las miles de personas que desde el jueves`pasado se lanzaron a las calles exigió que se calificase el delito como una violación y, además, la inhabilitación de los tres jueces que habían llevado el caso a través de una petición de change.org que en 24 horas ya había obtenido un millón de firmas. Dio igual que solo uno pidiese inexplicablemente la absolución de los acusados, tenían que caer los tres.

Fue una reacción esperable, a la vista de que las campañas de presión para influir la decisión de los jueces durante los meses que duró el proceso, como iniciativas anónimas que en las calles de Pamplona pedían “pena máxima para los cinco”, no tuvieron el efecto deseado.

Lo más triste de todo este caso no es que se haya puesto sobre el tapete el machismo en la sociedad española, algo que desgraciadamente no es nuevo, sino una escasa cultura democrática a nivel colectivo que parece no discernir en qué consiste la separación de poderes, y en el que hasta los líderes de los principales partidos políticos -probablemente viendo rédito electoral- se han sentido libres de cuestionar la sentencia.

El poder judicial no es perfecto, ya que como cualquier institución humana está sujeto a interpretaciones y condicionantes morales individuales (los de los jueces, en este caso), pero el sistema contempla todo un conjunto de recursos ante dictámenes que se consideren injustos y a los que la víctima del caso ya ha decidido acogerse, aunque con el consiguiente desembolso monetario y asumiendo el riesgo de que el caso se resuelva con una sentencia desfavorable.

En cualquier caso, de la profunda controversia que ha generado el dictamen puede surgir una conciliación entre lo que la población entiende por violación y lo que entiende el Código Penal, que a fin de cuentas ha de adaptarse a la sociedad de su tiempo. Poco después de conocerse la sentencia el ministro de Justicia español se mostró favorable a reformar los apartados del Código contra este tipo de delitos.

Lo importante es recordar que el poder judicial no tiene que plegarse a las demandas populares, ya que es el único de los tres poderes que no depende, afortunadamente, de la voluntad ciudadana

Lo importante es recordar que el poder judicial no tiene que plegarse a las demandas populares, ya que es el único de los tres poderes que no depende, afortunadamente, de la voluntad ciudadana. Las formas, en democracia, son muy importantes. Las críticas y los cuestionamientos son siempre válidos -aunque sean incorrectos-, pero deben encontrar los cauces adecuados.

Otro aspecto descorazonador de este caso es que las críticas hacia un sector del movimiento feminista por su poca predisposición democrática, han sido tomadas como un reproche y un freno a las aspiraciones legítimas del feminismo. Nada más lejos de la realidad.

Las leyes siempre pueden cambiarse, pero lo pertinente es que las reivindicaciones vayan destinadas a los miembros del Parlamento. Un país democrático o que aspire a serlo debería tener esto claro. Lo contrario es la justicia popular, la pasional e injusta, la de esos cinco muñecos colgados en un puente de Pamplona.

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