Caballeros andantes del derecho

Wilfredo Vallín, fundador de la Asociación Jurídica Cubana, cuestiona la ley dentro de la ley.

Wilfredo Vallin, Presidente de la Asociación Jurídica de Cuba. (14ymedio)
Wilfredo Vallin, Presidente de la Asociación Jurídica de Cuba. (14ymedio)

Wilfredo Vallín había decidido no seguir ejerciendo la abogacía dentro de las instituciones estatales, única forma legal de hacerlo, hasta que un día fue testigo de las lamentaciones de una muchacha: había sido víctima de acoso sexual por parte de un funcionario público, que no fue sancionado por la justicia. Entre sollozos, angustiada por la percepción de indefensión en que se encontraba, la joven dijo "Esto pasa porque en Cuba ya no quedan hombres".

Vallín se sintió directamente interpelado. Empezó una cruzada casi quijotesca para ayudar a quienes habían perdido las esperanzas, muy especialmente aquellos que por una razón u otra se han visto ante la necesidad de hacer una reclamación o elevar una denuncia frente a las instituciones estatales. Fue así como a finales de 2008 surgió la Asociación Jurídica de Cuba.

Pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la AJC?

Respuesta. Empezamos 4 personas, entre quienes estaba mi esposa, Esperanza Rodríguez, que también es abogada y dos colegas más. Lo primero que hicimos fue procurar un reconocimiento de parte de las autoridades para evitar ser catalogados como una asociación ilícita. El 2 de marzo de 2009 nos dirigimos al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. Este primer paso consistía en solicitar un documento acreditativo de que en ese Registro no existía ninguna otra asociación con ese nombre ni con iguales propósitos. La batalla legal que se desencadenó a partir de ese momento aún no ha terminado, al menos para nosotros, a pesar de que hace poco el Tribunal Supremo determinó por segunda vez que nosotros duplicamos las funciones de la Unión de Juristas y del Bufete Colectivo que según ellos son ONG. En la cronología de eventos ocurridos en estos cuatro años ha habido violaciones de todo tipo, las tenemos perfectamente documentadas, pero sería largo y aburrido contarlas aquí. Lo cierto es que en la negativa que hace el Ministerio de Justicia no se apela a ningún elemento de la Ley de Asociaciones, por lo que consideramos que sus argumentos no son válidos.

P. ¿Eso quiere decir que ya se agotaron las herramientas legales para obtener un reconocimiento?

R. Las vías internas se han agotado y debo confesar que nunca tuve mucha fe en que por ese camino pudiéramos obtener algo, pero por razones de índole política, no legales. Nos queda la vía externa que consiste en acudir a organizaciones internacionales de las que Cuba forma parte. Ese es el camino que vamos a recorrer a partir de ahora. A donde quiera que viajan los funcionarios de justicia cubanos, se llenan la boca para decir que el ejercicio de la abogacía es libre en Cuba pero eso es falso, porque aunque el Gobierno ha firmado documentos aceptando eso, luego en la práctica resulta un requisito obligatorio pertenecer a los Bufetes Colectivos estatales para atender un caso ante los tribunales.

P. ¿De que se ha ocupado la AJC en todo este tiempo?

R. Son cuatro nuestros propósitos declarados: El primero, la educación jurídica de la población. El desconocimiento de las leyes no afecta solamente a los ciudadanos, sino también a muchos funcionarios, a la policía y especialmente a la Seguridad del Estado. Recuerdo que un día, en medio de un interrogatorio, un oficial de la seguridad al que yo le explicaba nuestra función educativa, me dijo "pero eso es darle armas al enemigo" ¿Cómo es posible que enseñarle al pueblo las leyes que ha hecho la propia revolución pueda beneficiar al enemigo?

El segundo propósito ha sido la atención de casos puntuales. Somos el último recurso de mucha gente. Eso nos ha permitido tener un conocimiento amplio de la situación real que tiene el pueblo de Cuba.

Los otros dos frentes de que nos ocupamos son la promoción de los Pactos de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales y de lo que se relaciona con la vida interna de la abogacía.

P. ¿Cuánto ha crecido la AJC en estos últimos 6 años?

R. Llegó un momento en que hasta nuestra sede, aquí en la capital, venían ciudadanos con problemas de toda Cuba. Eso nos llevó a crear filiales en otras provincias y hoy tenemos representaciones en Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Si en un principio luchábamos por llegar a 33 abogados, que es el número que la ley exige para ser reconocidos como una asociación, hoy ya hemos sobrepasado esa cifra, aunque no pretendemos ser una organización de masas ni mucho menos.

"Las normas son arcaicas y deberían ser sustituidas de inmediato"

P. Si le preguntamos ¿Cuál es el hoy gran problema de Cuba? a un economista, a un político, o a un sociólogo, cada cual seguramente arrimará la respuesta a su especialidad. ¿Qué responde un jurista ante esa cuestión?

R. Nosotros estamos totalmente convencidos de que si a partir de mañana el Gobierno de Cuba se hiciera el firme propósito de que las leyes que ellos mismos han hecho fueran respetadas a rajatabla, no solo por los ciudadanos, sino por las entidades oficiales, y que la ley fuera obligatoria para todos por igual, las cosas mejorarían rápido y mucho.

P. ¿De su respuesta se pudiera deducir que usted es de las personas que cree se le debe conceder al menos cierto grado de legitimidad a las instituciones oficiales.

R. Lo que pienso es que hay algo que no se puede negar: En Cuba existe lo que llamamos "un derecho positivo" que es lo que está vigente y escrito en las leyes y que se debe acatar por la población y que las autoridades imponen como obligatorio. Cerrar los ojos a eso y actuar como si no existiera a mí me parece descabellado y hasta suicida. Lo que no quiere decir que no podamos sentarnos en otro fuero, en otro nivel, a cuestionar si ese derecho positivo implantado es o no el mejor derecho para el pueblo de Cuba o que no podemos discutir las normas que están establecidas, que a nuestro juicio son arcaicas y deberían ser sustituidas de inmediato.

P. ¿Existe algún camino para cuestionar la ley desde la ley,?

R. Teóricamente sí, pero en la práctica no. Todos recordamos lo que pasó con el Proyecto Varela, se recogieron las firmas requeridas y no se le hizo el menor caso. Lo que establece la ley cubana al respecto es en realidad letra muerta.

"El Código Penal (...) tiene elementos ideológicos que habrán de ser eliminados, así como el concepto de peligrosidad predelictiva"

P. ¿Entonces qué es lo que hace falta cambiar?

R. Habría que cambiar la Constitución que, como dijera Martí, es un elemento vivo y no puede ser construida sobre la base de elementos ideológicos. Hay que desideologizar la Constitución y para eso no queda más remedio que hacer una nueva. La actual tiene tantos problemas que si te pones a quitarle lo que le sobra te quedas con un esqueleto. La de 1940 adolece de una impronta paternalista que no se aviene a nuestro futuro y no estoy hablando de la implantación de un liberalismo constitucional ramplón de sálvese el que pueda.

La que venga ha de ser dinámica, sencilla y con capacidad de durar. Una constitución que todo el mundo entienda, una en que la gente confíe y sea el motor para el cambio, pero sin despojarla de la protección que debe ofrecerle al ciudadano, que permita el desarrollo de Cuba con la finalidad de tener un país estable, que funcione y tienda al progreso.

P. ¿Sólo cambiar la Constitución o todo el entramado jurídico?

R. En el Código Penal hay menos que cambiar, pero también tiene elementos ideológicos que habrán de ser eliminados, así como el concepto de peligrosidad predelictiva. El Código civil hay que hacerlo nuevo porque carece del tema de la propiedad, y de reglamentaciones mercantiles, que no existen hoy para la ciudadanía. Habrá que renovar el procesamiento penal, derogar, modificar y establecer leyes. Hay mucho trabajo por realizar.

Los cambios deben ir de la ley a la ley. Esto sería lo mejor, ya sabemos lo que pasa cuando se rompe abiertamente con todo. Esa es mi opinión y sé que muchos la comparten, pero no puedo hablar por la contrapartida. Quizás las élites de poder creen que no es recomendable dialogar. Ojala que ellos de forma racional se convenzan de que lo mejor para ellos, para nosotros y para el futuro del país es que conversemos.

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