"Los derechos humanos en Nicaragua han sufrido un deterioro considerable desde 2008"

Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

Wendy Flores Acevedo, una joven abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), conversó en Bruselas con 14ymedio sobre la pérdida de garantías jurídicas en los últimos años en su país, con el gobierno de Daniel Ortega.

Pregunta. ¿Cómo es hoy la situación de los derechos humanos en Nicaragua?

Respuesta. Los derechos humanos en Nicaragua han sufrido un deterioro considerable desde el 2008, un año después que Daniel Ortega se reeligiera, pues se les ha venido restando el valor que tienen. No se le guarda el debido respeto a los funcionarios y funcionarias, y sobre todo está la descalificación que sufren las organizaciones no gubernamentales que se dedican a esta labor, que son acusadas de mercenarias al servicio del imperialismo. Encima, tenemos la falta de acceso a la información que han venido padeciendo estas instituciones.

El CENIDH realizaba anualmente al menos dos visitas a los ocho centros penitenciarios del país y además, cuando recibíamos una denuncia de graves violaciones, teníamos la posibilidad de visitar al denunciante, de verlo físicamente en una entrevista individual. Desde 2008, esto ya no es posible. Ni siquiera nos permiten entrar a los centros penitenciarios.

P. ¿El gobierno les ha quitado legitimidad?

R. La legitimidad la seguimos teniendo, en el sentido de que los ciudadanos siguen confiando en nosotros, siguen presentando las denuncias, y es eso lo que nos legitima como organismo defensor de los derechos humanos. A pesar de las dificultades, logramos realizar investigaciones de los casos. Muchas veces, la falta de información, la negativa de acceso, es una confirmación de los hechos denunciados.

"Un médico militar fue denunciado y sancionado solo por comentar que parecía que estábamos otra vez en los años 80"

P. ¿En estos momentos tienen registrados presos políticos?

R. No los tenemos ahora, pero los hemos tenido. Por ejemplo, un médico militar que fue sancionado en diciembre del año pasado solo por comentar que parecía que estábamos otra vez en los años 80, en una "navidad roja", porque se estaba tiñendo con la sangre de los campesinos. Esta afirmación la hizo en la acera frente a su casa, estando él de vacaciones. Este teniente fue acusado de un delito denominado "contra el decoro militar". Su comentario fue escuchado por una persona que lo denunció. Gracias a la presión que se hizo solo le aplicaron una condena mínima de tres meses, pero aun así es un caso político, porque se violentó su derecho a la libertad de expresión.

P. ¿Y a qué se refería este militar cuando hablaba de la sangre de los campesinos?

R. Se refería a la represión que sufrieron varios campesinos a manos de la policía nacional porque protestaban contra el canal que se pretende construir en Nicaragua. Esas manifestaciones duraron una semana y el 24 de diciembre fue terminada con violencia de parte de las autoridades.

P. ¿Y cuál es el conflicto con el canal?

R. El principal problema quizá sea la falta de información a la población sobre las consecuencias que va a tener el canal. Esto no ha sido posible, entre otras razones, por no haberse realizado los estudios de factibilidad económica ni de impacto ambiental. En una reciente audiencia que hubo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado afirmó que se estaban terminando esos estudios, pero el problema es que ley ya se aprobó y se firmó el acuerdo marco de concesión mediante el cual se le entrega a un concesionario chino una franja del territorio nacional de 278 kilómetros cuadrados. En ese acuerdo marco se especifica que ni la Constitución ni las leyes del país serán aplicables en ese territorio ante eventuales conflictos.

P. ¿Y la mayoría de los nicaragüenses están descontentos o felices con este proyecto?

R. Hay mucho descontento. Las poblaciones indígenas no han sido consultadas y es una obligación del Estado hacerlo. Los campesinos tampoco han sido consultados, ni se les ha dado ninguna información de cómo será el proceso de expropiación de tierras, ni si habrá indemnizaciones. Se trata de tierras cuyas propiedades son ancestrales y esto ha generado todo tipo de protestas.

P. ¿No está prevista alguna consulta pública, un referéndum o algo similar?

R. Muchos lo han planteado, pero el gobierno no menciona esa posibilidad. Ha habido diputados que han cuestionado este proyecto y que han apoyado al campesinado. El empresariado privado guarda silencio, pues se presume que habrá muchos intereses económicos de por medio. Lo mismo ocurre con políticos que son empresarios.

P. ¿Se sospecha que detrás de este plan haya algo de corrupción?

R. Se presume que detrás del canal pueda haber lavado de dinero o corrupción, y esta presunción descansa en la falta de transparencia sobre los recursos económicos que se emplearán. De hecho, al empresario chino a quien se le ha hecho la concesión no tiene el dinero para llevar a cabo este proyecto, que es inmenso.

"Lo que hay no se puede incluir en lo que una vez conocimos como sandinismo, como una tendencia de la izquierda"

P. ¿Y todo esto no será finalmente “un cuento chino”?

R. Eso es parte de las hipótesis: que se esgrime el asunto del canal como algo estratégico que amerita las expropiaciones y finalmente todo queda en la creación de centros turísticos. Pero sea un canal u otra cosa, lo cierto es que por ley se ha establecido la ocupación de una franja del territorio nacional que dividirá a Nicaragua en el Norte y el Sur y que esta ley ha sido aprobada debido a la falta de independencia del sistema judicial. No estamos viendo el canal, ni los recursos, ni la factibilidad, ni el aumento de demanda de la mano de obra. Solo tenemos delante la inminente amenaza de las expropiaciones.

P. Pero una obra de esa envergadura tendrá que traer necesariamente una gran demanda de mano de obra.

R. Se dice que ingresarán al país alrededor de 50.000 chinos, tomando en cuenta como ellos han hecho proyectos similares en otros países.

P. ¿Cómo es hoy en Nicaragua el tema de los derechos de la mujer?

R. Hemos sufrido un retroceso jurídico desde que los partidos políticos decidieron aprobar una ley que penaliza totalmente el aborto, incluyendo el aborto terapéutico o los producidos como consecuencia de una violación. Teníamos un artículo en la ley que establecía la excepción para prohibir el aborto si este era un recurso para garantizar la salud de la mujer. Ese artículo fue derogado en noviembre de 2006. En el año 2008, con el nuevo gobierno de Daniel Ortega, se formuló un nuevo código penal que derogó todas las regulaciones penales que existían, pero en este nuevo código no se estableció ninguna excepción para la prohibición del aborto, e incluso se establecieron figuras sobre "las lesiones del que está por nacer" que borran toda consideración sobre los riesgos del parto. Las Naciones Unidas han hecho recomendaciones para que se autorice la interrupción del embarazo en caso de malformaciones congénitas o en caso de violación, pero hasta la fecha la Corte Suprema no ha establecido una sentencia sobre los recursos planteados.

P. ¿Esto que estamos viendo en Nicaragua sigue siendo el “sandinismo” o ahora es otra cosa?

R. Lo que hay no se puede incluir en una definición de la filosofía y la razón de ser de lo que una vez conocimos como el sandinismo, como una tendencia de la izquierda política. Hoy en día todo eso se contradice con las prácticas del gobierno, con las condiciones de vida que disfrutan los altos dirigentes políticos, que ahora son empresarios con muchos recursos económicos cuyas prioridades no son ni mucho menos el mejoramiento de la situación de los derechos humanos ni la protección a los menos favorecidos.

P. ¿Y continuarán en el poder?

R. Sí, probablemente por mucho tiempo. Tienen un control absoluto de la economía, el ejército, los medios de difusión y el parlamento.



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