EE UU, el refugio más seguro para exgobernantes prófugos latinoamericanos

Alejandro Toledo tiene residencia en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford. (Daniel Ammann/Flickr)
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, tiene residencia en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford. (Daniel Ammann/Flickr)

(EFE).- Estados Unidos se ha consolidado como el refugio más seguro para los exgobernantes latinoamericanos prófugos de la Justicia de sus países y exhibe una conspicua falta de reciprocidad en este ámbito con sus vecinos continentales.

Son ya cuatro los exgobernantes latinoamericanos que campan a sus anchas en territorio estadounidense, requeridos por la Justicia de sus respectivos países y contra quienes pesan peticiones de extradición: Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia; Jamil Mahuad, de Ecuador; Ricardo Martinelli, de Panamá; y Alejandro Toledo, de Perú.

Los casos de Sánchez de Lozada y de Mahuad, que llevan refugiados en Estados Unidos 14 y 17 años, respectivamente, alumbran un esperanzador futuro para Martinelli y Toledo, recientes huéspedes de una hospitalidad estadounidense sin parangón para millones de latinoamericanos que anhelan el llamado sueño americano.

Nadie puede acusar a Washington de haber rechazado esas peticiones de extradición porque simplemente no las ha contestado, en supuesto honor a la independencia de su poder judicial, en el que reside la potestad de acceder o no a esas solicitudes de sus países amigos.

Nadie puede acusar a Washington de haber rechazado las peticiones de extradición porque simplemente no las ha contestado, en supuesto honor a la independencia de su poder judicia

Es innumerable, sin embargo, la lista de notables personajes extraditados desde países latinoamericanos a Estados Unidos y tan inusitada su celeridad en el procedimiento como la inoperancia en sentido contrario.

Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, fue juzgado en ausencia y condenado en su país por el delito de genocidio a causa de la muerte de casi un centenar de personas en el curso de la represión militar contra una serie de protestas callejeras durante su malogrado segundo mandato presidencial, de 2002 a 2003.

Goni, uno de los hombres más acaudalados de su país, está acusado y perseguido también en Bolivia por la firma de contratos presuntamente ilegales con multinacionales petroleras en el ejercicio de sus funciones presidenciales.

Sánchez de Lozada, que ya había gobernado exitosamente Bolivia de 1993 a 1997, dimitió cuando apenas se había cumplido un año de su segundo mandato en medio de la turbulencia social que aupó al poder a Evo Morales, líder cocalero desde entonces en el poder.

Mahuad, presidente de Ecuador de 1998 a 2000, vio su tan promisorio como frustrado mandato presidencial interrumpido por un golpe de Estado en medio de un descalabro económico del país sin precedentes.

Sánchez de Lozada fue juzgado en ausencia y condenado en su país por el delito de genocidio a causa de la muerte de casi un centenar de personas durante la represión militar de unas protestas

Pocos meses después de su derrocamiento, cuando ya se encontraba en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador ordenó su detención, acusado de perjuicio al Estado por haber ordenado como presidente de la República la incautación de todos los depósitos bancarios.

Por ese delito fue juzgado y condenado en su ausencia a una pena a 12 años de cárcel, que ya habría cumplido de no ser porque desde entonces vive en Estados Unidos sin que la Justicia de ese país haya encontrado razón alguna para extraditarlo.

Mahuad dejó en herencia una convulsión económica, política y social en Ecuador que no se estabilizó hasta la llegada al poder de Rafael Correa, quien permaneció 10 años en la presidencia de la República, desde 2007 hasta el pasado 24 de mayo de 2017.

Martinelli presidió Panamá de 2009 a 2014, un quinquenio que constituyó uno de los períodos de la historia reciente de ese país tanto de mayor auge económico como de más escandalosa e inescrupulosa corrupción en una multiplicidad de casos de los que él, sus familiares más directos y sus colaboradores y socios más cercanos son presuntamente responsables.

La Justicia de Panamá lo ha acusado por ahora directamente en un caso de escuchas telefónicas ilegales por el que el Gobierno ha solicitado sin éxito alguno su detención a la Interpol y su extradición a Estados Unidos, donde el exgobernante vive y dirige sus multimillonarios negocios desde 2015.

Los casos de Martinelli y Toledo resultan más llamativos en tanto que son sospechosos en el caso Odebrecht, en el que Estados Unidos ha obtenido una detallada confesión de la constructora sobre sus sobornos

Martinelli ha sido citado además en varios capítulos de la mastodóntica investigación suscitada por los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en varios países latinoamericanos, entre ellos Panamá.

Precisamente ha sido el caso Odebrecht el que ha llevado a Toledo a eludir también desde Estados Unidos la orden de prisión preventiva que contra él dictó este año la Justicia de su país, que lo acusa de haber recibido de esa constructora un soborno de 20 millones de dólares durante su mandato presidencial, de 2001 a 2006.

Toledo ha proclamado su condición de "perseguido político" y ha justificado su presencia en Estados Unidos por unas supuestas obligaciones académicas en la universidad de Stanford, a la que, en realidad, paga él como "investigador visitante" para escribir un libro.

Los casos de Martinelli y Toledo resultan más llamativos en tanto que son sospechosos en el caso Odebrecht, en el que Estados Unidos ha obtenido una detallada confesión de la constructora sobre sus sobornos en diferentes países en base a la cual le ha impuesto una multa de más de mil millones de dólares para poder seguir operando en su territorio.

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