España aprueba la "ley mordaza" con el único voto a favor del partido del Gobierno

Amnistía Internacional, la ONU y la Asociación de la Prensa de Madrid preocupadas por el recorte de libertades

Policía detiene a un activista que coloca una mordaza a uno de los leones que flanquean el Congreso de los Diputados español como protesta. (Youtube)
Policía detiene a un activista que coloca una mordaza a uno de los leones que flanquean el Congreso de los Diputados español como protesta. (Youtube)

(EFE). Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", fue aprobada por el parlamento español este jueves. El proyecto estrella del Ministerio del Interior ha culminado su tramitación parlamentaria tras cinco meses de debate.

Amnistía Internacional (AI) criticó la ley al considerar que coarta las libertades del individuo y "formaliza prácticas abusivas contra inmigrantes". La organización con sede en Londres sostiene en un comunicado que el proyecto cercena "garantías básicas de derechos humanos".

"Es un día negro para España pues estas reformas suponen un ataque a todo un conjunto de derechos", declaró la subdirectora para Europa de AI, Gauri van Gulik, que señaló que las medidas "socavarán tanto los derechos de los españoles como de los inmigrantes y refugiados" que llegan a Ceuta y Melilla.

La ley, según AI, coarta el ejercicio del derecho de reunión pacífica, al limitar dónde y cuándo se podrán llevar a cabo protestas y al aplicar multas punitivas a protestas espontáneas.

Sostiene también que la futura ley restringirá la libertad de expresión con disposiciones que prevén multas para supuestos de "faltas de respeto" a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y adopta además un enfoque punitivo con respecto a los sin techo, los trabajadores sexuales y las personas que consumen drogas.

Por otra parte, "legaliza la práctica ilegítima" por la cual se permite la devolución sumaria de inmigrantes desde las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África.

Estas expulsiones, apunta la ONG, niegan a los inmigrantes su derecho a solicitar asilo "y les expone al riesgo real de violaciones de sus derechos a su regreso".

En lugar de poner fin a las expulsiones sumarias, "el Gobierno español está construyendo sus propias normas y pisando los derechos de esta gente, así como sus obligaciones internacionales", agrega el comunicado.

"Los derechos a manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática"

También señala que la nueva ley ampliará inapropiadamente el concepto de terrorismo "con lenguaje vago y categorías de delitos demasiado amplias", que incluyen resistencia a la autoridad y el apoyo involuntario a presuntos grupos terroristas.

Pese a la oposición que ha suscitado esta ley, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, insistió en que dotará a España de más libertad, un argumento que sigue sin convencer a la oposición, que ha prometido derogarla en cuanto pueda.

La Asociación de la Prensa de Madrid también rechazó en un comunicado la ley por sancionar la toma de fotografías o la grabación de agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. La APM considera que esta ley atenta contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la información, pilares fundamentales de todo sistema democrático.

Sostiene que la Ley de Seguridad Ciudadana olvida que el pleno respeto a la libertad de expresión, a la libre difusión de ideas y al ejercicio del derecho a la información, fortalece la democracia y previene contra posibles abusos gubernamentales de poder.

La ONU ya mostró su "frontal rechazo" a la ley el pasado febrero, cuando aún era proyecto. Los expertos de Naciones Unidas dijeron que las reformas legislativas señaladas amenazaban "con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos" y confiaban en que España adoptara "todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales".

"Los derechos a manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática", indicaron, dejando claro que les preocupaba "que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España".

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