El Gobierno y las FARC retoman la negociación con el reto de cerrar flecos en justicia

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias "Timochenko" dándose la mano en La Habana mientras Raúl Castro participa del acto. (EFE)
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias "Timochenko" dándose la mano en La Habana mientras Raúl Castro participa del acto. (EFE)

(EFE).- El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrieron este viernes una nueva etapa del proceso de paz, que entra en su fase final tras el trascendental acuerdo sobre justicia alcanzado la semana pasada, pero con el reto de definir algunos flecos sueltos de éste y de cumplir los plazos para firmar la paz en seis meses.

Tras una inédita reunión en La Habana del presidente Juan Manuel Santos con el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, las partes anunciaron el pasado 23 de septiembre un acuerdo que establece las bases de una jurisdicción especial para la paz, que juzgará y sancionará a los responsables de crímenes de lesa humanidad, tanto de la guerrilla como de agentes del Estado, pero amnistiará los delitos políticos.

El jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, indicó hoy viernes que el acuerdo sobre justicia alcanzado con las FARC es "firme", pero consideró que se trata de un "documento en desarrollo" porque quedan aspectos que deben precisarse.

De la Calle explicó a la prensa en La Habana que el acuerdo hecho público se construyó en base a un texto más largo de 75 puntos, elaborado por un grupo de juristas, y que fue firmado por él, como jefe de la delegación gubernamental, al lado de una anotación que decía "documento en desarrollo".

"El Gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado", aclaró De la Calle, en el inicio de un nuevo ciclo de diálogos de paz con las FARC.

El jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia indicó que el acuerdo sobre justicia alcanzado con las FARC es "firme", pero consideró que se trata de un "documento en desarrollo"

Según el Ejecutivo, quedan por definir asuntos como el régimen de privación efectiva de la libertad bajo el que cumplirán condena aquellos que se sometan a la jurisdicción especial para la paz, si habrá o no extradiciones o la manera en que entrarán en la jurisdicción especial y serán juzgados los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco de conflicto.

Por ello, los negociadores del Gobierno apostaron hoy por que el equipo de juristas que asesoró a las partes para el acuerdo sobre materia de justicia, vuelva al trabajo "a la mayor brevedad" para concluir los asuntos por definir.

Sin embargo, desde la guerrilla defienden que el acuerdo sobre justicia ya está cerrado y es inamovible, y por ello reclamaron que se publique "a la mayor brevedad" su contenido para "evitar especulaciones o tergiversaciones interesadas de su contenido".

"El comunicado del 23 de septiembre (...) de ninguna manera sustituye al texto del acuerdo ni constituye en sí mismo acuerdo alguno; se trata simplemente de una nota informativa firmada por las partes", indicó el jefe negociador y número dos de la insurgencia "Iván Márquez" (alias de Luciano Marín Arango).

Según las FARC, el documento largo de 75 puntos, que es el que piden que se de a conocer a la opinión pública, está dividido en cuatro apartados: principios jurídicos; amnistía, indulto y tratamiento diferenciado para las fuerzas militares; competencia y funcionamiento de la jurisdicción especial; y sanciones aplicables.

"Las FARC seguirán trabajando sin alterar lo ya acordado, garantizando que el acuerdo final de paz se alcance a la mayor brevedad", subrayó Márquez.

Para los que no reconozcan la culpa, las penas en prisión alcanzarían los 20 años

El acuerdo de justicia transicional, que se presentó en La Habana con la presencia excepcional del presidente Santos y Timochenko en la misma sala, establece un sistema especial de justicia para los responsables de delitos cometidos en el marco del conflicto, con dos tipos de penas, una para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otra para los que no.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves oscilarán entre los 5 y 8 años "de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales"; mientras que quienes admitan su responsabilidad "de manera tardía" cumplirán penas de entre 5 y 8 años en "condiciones ordinarias".

Para los que no reconozcan la culpa, las penas en prisión alcanzarían los 20 años.

Definir las "condiciones especiales" en las que los condenados cumplan con la restricción efectiva de la libertad es uno de los asuntos pendientes.

Fuentes del Gobierno aclararon hoy que, aunque no será "una celda con grilletes", sí será un "lugar austero bajo vigilancia" y que permita cumplir con la parte restaurativa de la pena con la realización de trabajos sociales, como colaborar en labores de desminado o reconversión de cultivos.

A pesar de las diferentes interpretaciones de las partes sobre los asuntos pendientes; ambas delegaciones coinciden en destacar la relevancia del acuerdo sobre justicia, el principal escollo durante meses en las negociaciones, que marca la cuenta atrás para la firma de la paz.

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