El Gobierno de Puerto Rico busca transmitir que el plebiscito tendrá valor para Washington
San Juan/(EFE).- El Gobierno de Puerto Rico que lidera Ricardo Rosselló centra sus esfuerzos hoy, en el tramo final de una campaña con poco atractivo, en transmitir la idea de que el plebiscito del domingo sobre el estatus de la isla respecto a Estados Unidos tendrá repercusión en el Congreso de Estados Unidos.
Rosselló convocó el plebiscito del domingo para cumplir con el programa electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), una formación que tiene como razón de ser la anexión de la isla a EE UU para convertir al Estado Libre Asociado en una estado más del país norteamericano, bajo cuya soberanía se encuentra desde 1898.
Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso estadounidense, aunque el PNP y los grupos independentistas denuncian que el actual estatus enmascara un tipo de colonia y otros, desde que se dotó en 1952 de Constitución, ven en la isla un territorio con cierto grado de autonomía respeto a Washington.
La oposición trata de mostrar su rechazo a una consulta sin carácter vinculante que será la quinta que se celebra sobre la relación política de la isla respecto a Estados Unidos desde 1967
La oposición trata de mostrar su rechazo a una consulta sin carácter vinculante que será la quinta que se celebra sobre la relación política de la isla respecto a Estados Unidos desde 1967, a la que siguieron las de 1993, 1998 y 2012, que no sirvieron para modificar el actual estatus.
Miembros del conocido como Junte Soberanista colocaron hoy una bandera de Puerto Rico en un puente de una de las principales arterias de la capital para pedir el boicot a la consulta, para la que la oposición en bloque ha pedido a sus simpatizantes que ignoren.
La presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS), María de Lourdes Guzmán, explicó que la colocación de la bandera es parte de una campaña de cara al plebiscito para pedir a la población que no vote.
Los organizadores de la iniciativa "La Jornada se Acabaron las Promesas" pidieron también hoy el boicot al plebiscito en una conferencia de prensa celebrada junto a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
La oposición recuerda que la consulta llega en un momento de graves crisis económica, con la imposibilidad de pagar una deuda de 70.000 millones de dólares y con una entidad de control federal supervisando cualquier decisión financiera del Ejecutivo.
La principal formación opositora, el Partido Popular Democrático (PPD), partidario de perpetuar el actual estatus, ha pedido a sus simpatizantes que boicoteen la consulta por no haber contado el Gobierno con su participación para elaborar las preguntas del plebiscito.
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) pide el boicot por considerar intolerable que entre las preguntas se incluya el actual estatus.
El presidente del PPD, Héctor Ferrer, señala hoy en una columna del diario "El Nuevo Día" que el Gobierno ha tratado de engañar a la población al dar a entender que la cantidad que Washington había presupuestado para ayudar en la celebración de la consulta significa que el plebiscito tiene algún valor vinculante para el Congreso de EE.UU.
El Ejecutivo que lidera Rosselló entregó el pasado febrero al Departamento de Justicia de EE UU documentación en la que se pedía que se evaluara la asignación de fondos para la consulta del domingo.
El dinero que buscaba Rosselló son los 2,5 millones de dólares destinados para esa partida en el último presupuesto del Gobierno de Barack Obama (2009-2017) y que fue aprobado por el Congreso.
Sin embargo, el secretario de Justicia de EE UU, Jeff Sessions, no se ha pronunciado sobre la concesión de esa partida, como tampoco lo ha hecho sobre la pertinencia de las preguntas entre las que podrán elegir los puertorriqueños el domingo.
La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, norma que establece la consulta aprobada por el Legislativo controlado por el Gobierno puertorriqueño, inicialmente no incluía entre las opciones la del presente estatus, lo que provocó la exigencia de su inclusión por el Departamento de Justicia de EE UU.
Rosselló no tuvo más remedio que introducir una enmienda al proyecto del plebiscito para satisfacer la demanda del Departamento de Justicia federal
Rosselló no tuvo más remedio que introducir una enmienda al proyecto del plebiscito para satisfacer la demanda del Departamento de Justicia federal, pero una vez enviada a Washington nunca recibió el visto bueno.
El Gobierno de San Juan siguió adelante de cualquier forma con sus planes gracias a la asignación a la consulta de 5,3 millones de dólares, con cargo al presupuesto, que usará la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para organizar el plebiscito.
La oposición denuncia el sinsentido de celebrar una consulta sin valor alguno que costará 5,3 millones de dólares cuando las arcas públicas no tienen liquidez.
