El ejército reacciona contra la Fiscalía y alcaldes opositores mantienen su apoyo a las protestas

El Tribunal Supremo de Justicia declaró ha declarado la constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica decretado por Nicolás Maduro

El bolívar venezolano se devaluó este jueves un 67%

Ortega Díaz indicó este miércoles que la Fiscalía ha abierto siete investigaciones "por el uso de la Justicia militar" por casos que "eminentemente corresponden a la justicia ordinaria". (EFE/Archivo)
Ortega Díaz indicó este miércoles que la Fiscalía ha abierto siete investigaciones "por el uso de la Justicia militar" por casos que "eminentemente corresponden a la justicia ordinaria". (EFE/Archivo)

(Con informaciones de agencias).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) calificó este jueves como "sumamente preocupante" las declaraciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, con señalamientos contra el cuerpo militar por la muerte de un manifestante y la "excesiva represión".

La posición de la FANB, expresada en un comunicado, se hizo un día después de que la fiscal desvelara que las investigaciones apuntaban a que la muerte del joven Juan Pernalete en una protesta fue causada por el impacto del cartucho de gases lacrimógenos, una tesis que desmontó la versión del Gobierno de que fue provocada por manifestantes.

La institución castrense expresó su preocupación de que "se haga pública una precalificación de hechos" en el caso de la muerte del estudiante al indicar que esta se produjo debido al impacto producido por la Guardia Nacional.

"Esta hipótesis, no solo afecta al espíritu de cuerpo de nuestros efectivos, sino que podría además instigar a la violencia contra ellos y alimentar la matriz negativa que quieren posicionar grupos de derecha sobre este componente de la institución castrense", señaló.

Ocho alcaldes de la oposición venezolana anunciaron este jueves que seguirán permitiendo las protestas pacíficas en sus municipios

Mientras que los militares han aludido así a los casi dos meses de protestas violentas que se registran en el país, ocho alcaldes de la oposición venezolana anunciaron este jueves que seguirán permitiendo las protestas pacíficas en sus municipios, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les ordenó evitar bloqueos de vías en medio de las marchas que se registran desde hace casi dos meses en el país.

"Mientras nosotros seamos alcaldes de nuestros municipios, vamos a proteger y a defender el derecho a la protesta pacífica y a las manifestaciones políticas (...), vamos a tutelar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos", aseguró el alcalde del municipio capitalino Chacao, Ramón Muchacho, en una rueda de prensa junto a sus otros siete colegas afectados.

Muchacho indicó que la orden del TSJ trata de "tapar el sol con un dedo", ya que hace pensar que las protestas sólo se viven en los municipios citados.

"El pueblo venezolano completo en todos los estados del país está en pie de lucha, esto no es un fenómeno de Chacao, Baruta o algunos municipios de clase media", subrayó el funcionario.

También el alcalde del municipio Libertador, Carlos García, expresó que no va "reprimir ni atacar" al pueblo durante las protestas y reiteró que los va a "proteger".

El TSJ declaró este jueves la constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica decretado por séptimo periodo consecutivo por el presidente Nicolás Maduro

Por su parte, el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, indicó que ni él ni sus compañeros tienen "miedo" ante lo que consideran una "pseudosentencia" del TSJ, que también advirtió ayer que si no cumplen la orden, los alcaldes podrían ir a prisión.

Siguiendo esta línea de restricción en la limitación de las libertades civiles, el TSJ declaró este jueves la constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica decretado por séptimo periodo consecutivo por el presidente Nicolás Maduro, como una medida para evitar un estado de conmoción interna.

Según el Supremo la medida obedece a la necesidad del presidente Maduro "de continuar con la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno", y el acceso "oportuno" a bienes y servicios.

El tribunal además declaró nulo el acto del Parlamento con el que se desaprobó este decreto, recordando que todos los actos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, son "absolutamente nulos" mientras se mantenga en desacato de la sentencia que le exige excluir a tres de sus diputados por supuesto fraude en la elección.

El bolívar se devaluó este jueves un 67% después de que el Banco Central de Venezuela (BCV) fijara las bandas de control para el inicio de las subastas entre 1.800 y 2.200 bolívares por dólar

Maduro aprobó el 16 de mayo el decreto que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional, como una medida para "preservar el orden interno".

No obstante todas estas restricciones ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de "excepción y emergencia económica".

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento. Sin embargo, este paso no fue cumplido atendiendo al "desacato" del que es señalado ese poder.

Al igual que este no ha sido un buen día para el sistema político venezolano, tampoco lo ha sido para la economía del país, ya que el bolívar se devaluó este jueves un 67% después de que el Banco Central de Venezuela fijara las bandas de control para el inicio de las subastas entre 1.800 y 2.200 bolívares por dólar, un 250% más del que había cotizado en las últimas semanas.

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