La futura paz con las FARC puede abrir otros frentes en Colombia

Agencia para la Reintegración Nacional está haciendo proyectos de arte en Cali para que las personas desmovilizadas en proceso de reintegración hagan actividades de servicio social. (ARN/Colombia)
La Agencia para la Reintegración Nacional está haciendo proyectos de arte en Cali para que las personas desmovilizadas en proceso de reintegración hagan actividades de servicio social. (ARN/Colombia)
Cynthia de Benito

26 de septiembre 2015 - 19:10

Bogotá/(EFE).- La futura paz con las FARC, que debería darse antes del 23 de marzo de 2016, podría no suponer el fin de la violencia en Colombia, ya que, apuntan organismos internacionales, el lugar que liberen los guerrilleros puede ser ocupado por otros grupos armados a los que el Gobierno ya se prepara para enfrentar.

"Una de las amenazas para la implementación (de los acuerdos de paz) va a ser el deseo de otros grupos armados -y ya tenemos informes de que se están moviendo- de posicionarse y tomar poder de los ingresos ilícitos que se generan en esas regiones", advirtió recientemente el coordinador de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild.

Además, el Ministerio de Defensa ha anunciado que revisará su estrategia para adaptarse a las nuevas amenazas a la seguridad de Colombia, entre las que destacan las bandas criminales.

Por eso, tras la alegría desbordada por el anuncio de una fecha para firmar la paz y el acuerdo alcanzado con las FARC en materia de justicia transicional, parte de la sociedad colombiana ha vuelto a exhibir recelo ante la posibilidad de que realmente llegue la paz.

Y es que en el país, tras la eventual desaparición de los insurgentes, aún quedará la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con cerca de 2.000 miembros, y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) que opera en la región del Catatumbo, una de las que más cultivos de coca concentra.

A ellos se unen las bandas criminales (denominadas bacrim), cuyas tres mayores estructuras suman, según la Defensoría del Pueblo, unos 4.000 efectivos.

La Fiscalía calcula que el 20 % del total de sus integrantes son antiguos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas oficialmente en 2006.

Eso sin olvidar las redes de apoyo a estos grupos, que pueden alcanzar varios miles de personas que no necesariamente están armadas.

Ante este panorama, Hochschild apuntó que "tiene que haber un sistema de seguridad muy robusto para prevenir que otros grupos se aprovechen de un acuerdo con las FARC".

Como si hubiese escuchado la petición de la ONU, el Ejército anunció este viernes que revisará y modernizará su doctrina militar, que engloba la táctica, la organización, los materiales y el adiestramiento de los militares, para enfrentar los nuevos retos del posconflicto.

El flamante plan, que ejecutará un Comando de Doctrina y Educación del Ejército a partir de enero de 2016, se realizará con ayuda de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entre otros, explicó el comandante del Ejército, el general Alberto Mejía.

Son cambios, sin embargo, que se ya avecinaban desde julio, cuando el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, cambió a toda la cúpula militar pocas semanas después de llegar al cargo para priorizar la estrategia sobre los golpes contundentes.

Durante su primera rueda de prensa, a finales de junio, Villegas destacó como objetivo prioritario de su cartera combatir el crimen organizado, que unificará en un solo bloque en lugar de luchar separadamente contra aspectos como la minería ilegal, la trata de personas o las bandas criminales.

De hecho, la minería ilegal fue definida por el Gobierno como "objetivo prioritario de alto valor", algo que hace unos meses habría resultado impensable en una Colombia en la que todo el protagonismo nacional e internacional era para el conflicto con las FARC.

Y mientras las Fuerzas Armadas revisan su hoja de ruta y objetivos, otras entidades oficiales, como la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), trabaja desde ya en un plan para reinsertar a los desmovilizados de las FARC que evite que, como ya ocurrió con las AUC, muchos de ellos terminen en otras estructuras ilegales.

Se trata de un objetivo ambicioso, pues según cálculos del director de la ACR, Joshua Mitrotti, si se firma la paz tanto con las FARC como el ELN, que busca desde enero de 2014 abrir unas negociaciones similares, se desmovilizarán hasta 30.000 personas entre combatientes y grupos de apoyo.

El inicio de un proceso de paz con el ELN, en lo que participa activamente Ecuador, puede anunciarse en cuestión de semanas, según analistas cercanos a ese grupo armado.

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