El futuro de Rousseff y su Gobierno dependen ahora de los 513 diputados

Dilma Rousseff ha denunciado que el proceso en su contra pretende bloquear algunos de los proyectos sociales del Gobierno brasileño. (@dilmabr)
Dilma Rousseff ha denunciado que el proceso en su contra pretende bloquear algunos de los proyectos sociales del Gobierno brasileño. (@dilmabr)

(EFE).- El futuro de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está desde este lunes en manos de 513 diputados, después de que una comisión parlamentaria decidiera que hay razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con miras a su destitución.

La decisión de la comisión integrada por 65 diputados fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que duró casi once horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso.

La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Joavir Arantes, quien reafirmó el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras "faltas" administrativas, que no bastarían para una destitución

En su informe, Arantes señaló que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

En la sesión del lunes fue escuchado nuevamente el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras "faltas" administrativas, que no bastarían para una destitución.

Según Cardozo, el proceso "está viciado", es "nulo" y viola "el derecho a la debida defensa" por la inclusión en el informe de asuntos vinculados a las corruptelas en la estatal Petrobras ajenas a la acusación.

"Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró, para apuntar que "la historia no perdona" y "no olvidará esto".

Los alegatos de Cardozo cayeron en saco roto y la mayoría de los parlamentarios se decantó por remitir el caso al pleno de la Cámara de Diputados, que discutirá el informe de Arantes entre el viernes y el domingo próximos.

Frente a la posibilidad de que el fin de semana se concentren ante el Congreso cientos de miles de manifestantes, las autoridades terminaron de instalar unas enormes vallas en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todo el poder público.

Las vallas tienen dos metros de alto, un kilómetro de longitud y pretenden separar a los adversarios y defensores de Rousseff, que ocuparán lados distintos a lo largo de esas cercas de seguridad.

En la Cámara Baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda, aunque todo apunta a una ligera ventaja para la oposición.

No obstante, todos los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo que abre un enorme margen de dudas pues si los favorables a la destitución de Rousseff no alcanzan ese número el proceso será archivado.

En caso de que el pleno de la Cámara Baja acepte la acusación, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se abre el propio juicio político contra Rousseff.

Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo durante 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara Alta para el desarrollo del proceso.

En caso de que el pleno de la Cámara Baja acepte la acusación, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se abre el propio juicio político

El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista ha decidido romper con el Gobierno.

Sin embargo, Temer está bajo la amenaza de un juicio político por firmar algunos de los decretos que facilitaron las maniobras fiscales que sustentan la acusación contra Rousseff.

El propio vicepresidente agitó el lunes todavía más la crisis con un audio divulgado, según su oficina de prensa, por un "error".

En esa grabación, Temer habla como si el pleno de la Cámara Baja ya hubiera recomendado al Senado procesar a Rousseff y parece dar como un hecho una inminente destitución de la mandataria.

En ese sentido, alerta de que "pase lo que pase" será necesario configurar un Gobierno volcado en la "salvación nacional" y también de que harán falta "muchos sacrificios" para que el país recupere la concordia y el camino del crecimiento económico.

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