El lado oscuro de América Latina se hace visible

Conflictos con la justicia en Latinoamérica
Conflictos con la justicia en Latinoamérica

(EFE).- Masacres, muertes no aclaradas, detención de opositores, represión, denuncias de conspiraciones y golpes, censura y corrupción empañan la imagen internacional de América Latina en un momento en que su economía ya no brilla como antes.

El acuerdo anunciado en diciembre pasado por Estados Unidos y Cuba para normalizar sus relaciones y la negociación de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC que desde hace dos años se lleva a cabo en La Habana son dos focos de luz en un panorama político que empeora y que en algunos aspectos recuerda al de otras épocas.

Incluso, mientras en La Habana se trata de cerrar los más de 50 años de lucha en Colombia, en Paraguay un pequeño grupo guerrillero, el Ejército Popular Paraguayo (EPP), ha intensificado sus acciones y en enero asesinó a un matrimonio alemán dedicado a la ganadería.

La barbarie del crimen organizado es algo a lo que los mexicanos han tenido que acostumbrarse a la fuerza desde hace años, pero pocos hechos violentos han tenido la repercusión del secuestro de 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, localidad del estado de Guerrero, en septiembre pasado.

Aunque las autoridades dan por seguro que fueron asesinados después de que policías corruptos los entregasen a un cartel de la droga, los familiares de los estudiantes no bajan la guardia y están movilizados para lograr justicia en un caso que ha dejado en evidencia los nexos entre los narcos y el poder político.

El caso Ayotzinapa ha hecho perder apoyo al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en un momento en que su Gobierno está empeñado en un ajuste en la economía para enfrentar la desaceleración.

Otra muerte, la del fiscal argentino Alberto Nisman, que fue hallado sin vida cuatro días después de haber denunciado a la presidenta Cristina Fernández y otros altos cargos por encubrimiento de los iraníes sospechosos de ser los autores de uno de los dos grandes atentados contra los judíos en Buenos Aires en los años 90, tiene en jaque al Gobierno argentino.

Nisman murió de un tiro en la cabeza en su apartamento y al lado de su cuerpo se halló la pistola con la que se hizo el disparo, pero la tesis del suicidio no convence y la justicia ha catalogado su caso como "dudoso".

El pasado jueves, una marcha en homenaje a Nisman reunió en Buenos Aires a miles de personas para reclamar justicia y la misma petición se escuchó en varias ciudades del mundo.

Otro fiscal, Gerardo Pollicita, ha retomado las investigaciones de Nisman y solicitado la imputación de Fernández, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios.

Mientras se aguarda a conocer si el juez Danie Rafecas acepta la solicitud de imputación, un tribunal confirmó el procesamiento del vicepresidente argentino, Amado Boudou, en una causa por corrupción.

La presidenta argentina, que está en el último año de su mandato y sin posibilidad de reelección, atribuye la muerte de Nisman a una conspiración de agentes de los servicios de inteligencia y además ha dicho que la justicia tiene intenciones "golpistas".

El Gobierno venezolano también alega ser víctima de una conspiración para derrocarlo y ha encuadrado en esa acusación la reciente detención del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, criticada por opositores de Venezuela y de otros países, así como organizaciones de Derechos Humanos, por considerarla una muestra de que el país caribeño se aleja del estado de derecho.

Para otros, la democracia está en riesgo, pero no por las acciones del Gobierno, sino por las conspiraciones para derrocarlo que ha denunciado reiteradamente el presidente Nicolás Maduro.

La ONU y la OEA han manifestado preocupación por la detención de Ledezma e instado al dialogo en Venezuela, un país que, como Argentina, pasa por una situación económica adversa.

Expertos como Javier Ciurlizza, del Crisis Group, consideran que detrás de la crisis actual está la herida abierta de las protestas que en los primeros meses de 2014 sacudieron Venezuela y generaron hechos de violencia que produjeron más de 40 muertes, en la mayoría de los casos aún no aclaradas.

Uno de los principales lideres de la oposición, Leopoldo López, está detenido desde hace un año por incidentes violentos tras una de las primeras protestas. A los "presos políticos", como los llama la oposición, se suma ahora Ledezma.

El Gobierno de Brasil se encuentra también en horas bajas, en este caso por una trama millonaria de corrupción que afecta no solo a la imagen de la principal compañía del país, Petrobras, sino también a sus cuentas.

Según las investigaciones, en la trama están inmersos empresarios y políticos, incluido algunos del Partido de los Trabajadores, el de la presidenta Dilma Rousseff, que al inicio de su segundo mandato ha tenido también que tomar medidas de ajuste.

Otra presidenta, la chilena Michelle Bachelet, tiene a su hijo primogénito, Sebastián Dávalos, investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, a raíz de un negocio inmobiliario realizado por su esposa, Natalia Campagnon.

El hijo de la presidenta renunció al puesto de director sociocultural de la casa de Gobierno, pero la oposición pide más.

En Ecuador, son varios los periodistas y caricaturistas que han denunciado que las nuevas leyes relativas a los medios de comunicación limitan la libertad de expresión.

El anónimo usuario de las cuentas denominadas Crudo Ecuador, que ha publicado memes (mensajes e imágenes jocosas) críticos en redes sociales sobre personajes políticos, entre ellos el presidente Rafael Correa, anunció la semana pasada su retirada de la red por "falta de garantías" y porque, según dijo, ya no soporta "el acoso".

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