El proceso contra Rousseff va al pleno del Senado por 15 votos contra 5

El Legislativo ha dado el aval para un eventual juicio contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. (EFE)
El Legislativo ha dado el aval para un eventual juicio contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. (EFE)

(EFE).- Una comisión del Senado aprobó este viernes el informe que recomienda la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que decidirá la semana próxima el pleno de la Cámara Alta.

El informe, favorable a poner fin al mandato de la presidenta, fue aprobado por quince votos a favor y cinco en contra y pasará ahora al pleno de los 81 senadores, que por mayoría simple decidirán si la causa es archivada o si se inicia el juicio político, que en principio separaría a Rousseff del poder por 180 días.

Ese período representa lo que pudiera durar el proceso, durante el cual Rousseff sería sustituida en forma interina por el vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas ya estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno.

Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación definitiva en el pleno de la Cámara Alta se celebre el miércoles de la semana próxima, que pudiera ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.

Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019

Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero, si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso.

De las quince formaciones presentes en la comisión, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, doce se pronunciaron en favor de aprobar el informe del instructor, Antonio Anastasia, que propone la instauración de un juicio con miras a la destitución de Rousseff.

Solo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la mandataria.

Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de "maquillar" sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras "faltas administrativas".

Según el informe aprobado este viernes, sin embargo, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.

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