“No entré a esta casa por la ventana”

Todas las noches cuando Bisaida Azahares Correa se acuesta y mira el techo, teme que cuando salga el sol deba abandonar la casa donde vive con sus dos hijos. Esta vivienda de la barriada de Siboney es su única posibilidad de no terminar durmiendo en la calle, pero entre sus paredes se halla también la fuente de sus mayores dolores de cabeza.

La frase "extracción forzosa" hace estremecer a esta mujer de hablar directo y pronunciación cuidada. La primera vez que leyó aquellas dos palabras juntas fue seis meses después de que su esposo, el médico Nelson Cabrera Quesada, partiera en una misión médica hacia Arabia Saudita. Desde entonces su vida es puro sobresalto.

La vida en el garaje reconvertido en casa gira alrededor del inminente desalojo. Una situación que contrasta con las grandes mansiones y opulentos chalets que rodean el modesto hogar de la familia, en los que la vida parece casi bucólica. A pocos metros, unos guardaespaldas delatan el lugar donde vive Mariela Castro, la hija del presidente cubano. En las proximidades también se encuentra la espaciosa vivienda de Armando Hart, antiguo ministro de Cultura. Todos son vecinos de Bisaida, pero no se dan por enterados del drama que vive esta mujer de casi 50 años.

Las autoridades cubanas han reconocido que el problema habitacional constituye la primera necesidad social en Cuba. Los analistas calculan que en el país existe un déficit de 600.000 viviendas, pero en la última década el número de casas construidas ha caído un 20%.

La familia afirma haber liquidado la deuda con el banco

En medio de esa situación son frecuentes las llamadas "extracciones forzadas" de quienes han ocupado una nave estatal abandonada, un inmueble cerrado por años debido a la emigración de su propietario o han levantado una casa en un terreno yermo. Pero el caso de Bisaida es diferente.

Recientemente una notificación oficial conminó a la familia a abandonar el inmueble por ser propiedad de la Universidad de Ciencias Médicas. La mujer cuestiona con vehemencia esa afirmación. Cuenta que en 2005 se instaló en la vivienda junto a su marido y sus hijos para cuidar a la abuela del galeno.

Tras el fallecimiento de la señora, el matrimonio hizo todo lo posible por regularizar la situación de la casa que había sido entregada al abuelo de Cabrera Quesada en 1979 cuando laboraba como Administrador en el departamento de Relaciones Internacionales del centro universitario. Después de vivir tres lustros allí, el docente ganó el derecho a que el inmueble fuera desvinculado de la institución y pasara a sus manos. La ley reconoce que "al cesar las viviendas vinculadas por el arribo a los 15 años" (de residir un inquilino) "las direcciones municipales de la Vivienda emiten Resolución–Título de Propiedad a favor de las personas con derecho y que acredite el pago de la totalidad de las 180 mensualidades". La familia afirma haber liquidado la deuda con el banco.

Sin embargo, los vericuetos de la burocracia hicieron imposible el traspaso legal a manos de la familia. El abuelo terminó por jubilarse y emigrar a Estados Unidos, aunque su esposa quedó como residente principal de la casa hasta su muerte. Desde entonces la familia ha intentado repetidas veces obtener los papeles de la vivivieda, pero solo han recibido amenazas.

Entre los peores momentos que recuerda Bisaida se encuentra el día en que le mostraron a su esposo un documento que los declara ocupantes ilegales. Les concedían un plazo de quince días para abandonar la casa. A pesar de que el médico escribió cartas de denuncia "a todos los niveles", la respuesta a su reclamación se circunscribe también a dos palabras intimidantes: "sin lugar".

Temen que una vez fuera de la vivienda las autoridades aprovechen para bloquearles el acceso o colocar un sello oficial en la puerta

La mujer, que se recupera de un cáncer de mama y útero, asegura que su marido "no ha tenido el apoyo de ninguno de los ministerios implicados en su caso ni de la Universidad".

"Lo único que quiero es que se haga justicia, aquí vivieron los abuelos de mi esposo por décadas y nosotros llevamos ya doce años", reclama Bisaida. No está reclamando un regalo ni que se viole la ley para complacerla. Solo quiere que la casa pase a régimen de propiedad personal, tal y como estipula la Resolución No. V-002/2014 del Ministro de la Construcción, Reglamento de Viviendas Vinculadas y Medios Básicos.

Su situación los obliga a vivir prácticamente encerrados.

"Tenemos miedo de salir", lamenta la mujer. Temen que una vez fuera de la vivienda las autoridades aprovechen para bloquearles el acceso o colocar un sello oficial en la puerta.

"No entré a esta casa por la ventana", manifiesta Bisaida. Muestra la dirección que consta en su carné de identidad y que coincide letra por letra con la ubicación del pequeño garage.

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