La ONU pone en duda la independencia de los tribunales en Cuba

Ginebra/(EFE).- El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada dijo este viernes que la subordinación jerárquica de los tribunales a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado puede afectar su independencia.

Ello a pesar de que las autoridades han asegurado al Comité que esa subordinación en jerarquía no implica injerencia en las funciones judiciales ni en la solución de ningún caso en particular.

Asimismo, el comité recomendó en su informe que se tomen medidas para asegurar que, tanto en la ley como en la práctica, todas las personas detenidas tengan acceso a un abogado desde el primer momento en que son privadas de su libertad.

Cuba presentó su informe periódico sobre su cumplimiento de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, que el Comité evalúo y sobre el que a su vez emitió un informe final con una serie de conclusiones y recomendaciones.

También mencionó que no existe un mecanismo específico independiente que haga visitas regulares a todos los lugares donde hay personas detenidas

Para la ONU la legislación de Cuba aún no se ajusta plenamente a las obligaciones que tiene como Estado parte de la Convención que existe para luchar y prevenir este crimen, pero no mencionó situaciones específicas que denunciar.

Entre otros comentarios, el órgano de la ONU pidió a Cuba reconocer su competencia para recibir y evaluar denuncias individuales o interpuestas por otros Estados, así como incorporar la desaparición forzada como un delito autónomo en su marco legislativo.

Asimismo, le instó a que tipifique ese acto como "delito de lesa humanidad", aunque evitando la imposición de la pena de muerte.

En otro pasaje de su evaluación, el Comité planteó a Cuba que garantice que la investigación y el juzgamiento de desapariciones forzadas queden excluidos de la jurisdicción militar en todos los casos y sólo puedan ser tratados por la justicia ordinaria.

También mencionó que no existe un mecanismo específico independiente que haga visitas regulares a todos los lugares donde hay personas detenidas, un mecanismo que considera esencial para prevenir violaciones de los derechos.