"Tenemos derecho a participar en la vida social y política del país"

La policía incautó todas las computadoras, teléfonos móviles, discos duros y memorias USB que había en el local de Cubalex. (14ymedio)
La policía incautó todas las computadoras, teléfonos móviles, discos duros y memorias USB que había en el local de Cubalex. (14ymedio)
Reinaldo Escobar

26 de septiembre 2016 - 13:01

La Habana/La sede de Cubalex no tenía este fin de semana el agitado ajetreo de los numerosos usuarios que normalmente acuden al local para recibir asesoramiento jurídico, especialmente familiares de reclusos con gruesas carpetas repletas de documentos, apelaciones y demandas. Cuando la abogada Laritza Diversent nos recibe para esta entrevista, los muebles se han vuelto a colocar en su sitio después del intenso escrutinio que dejó todo "patas arriba" y, sobre la mesa, un llavín hecho pedazos permanece como prueba más palpable del allanamiento del local.

Las secuelas psicológicas están frescas entre los miembros del equipo de esta organización, amenazados con un proceso legal y obligados a desnudarse durante la requisa. Sin embargo, este domingo el trabajo jurídico retomaba su rumbo, gracias a la solidaridad de otros miembros de la sociedad civil que prestaron dos computadoras. Unos pocos papeles recogen los primeros testimonios de un caso que demandará tiempo y pericia para Cubalex: su propia denuncia contra las autoridades que les incautaron sus pertenencias pero no han podido detener su trabajo.

Pregunta. ¿Qué perseguía el operativo realizado contra Cubalex?

Respuesta. Tenía propósitos paralelos. Por un lado las modificaciones arquitectónicas realizadas en esta casa, donde buscaban la más mínima violación de las regulaciones urbanísticas. Por ejemplo, se fijaron mucho en un baño que hicimos debajo de la escalera para el servicio del público. Al mismo tiempo querían fiscalizar nuestra labor como organización que presta servicios jurídicos a la población.

P. ¿Quiénes participaron del registro policial?

R. La fiscal Beatriz Peña de la Oz, de la Fiscalía General de la República al frente de unas 20 personas. Entre ellas, una doctora, una trabajadora de la fiscalía, el teniente coronel Juan Carlos, que dirigió el operativo desde su condición de oficial del Ministerio del Interior, otra fiscal de la provincia y una instructora llamada Doralis, quien hizo la relación de los equipos que fueron ocupados.

"Los testigos eran dos militantes del partido del núcleo zonal, que no se comportaban como testigos imparciales, sino como colaboradores del operativo"

Vinieron también peritos que hacían fotos, un camarógrafo que lo filmaba todo y otros peritos informáticos. Había además varios oficiales de la seguridad del Estado, dos policías de uniforme y otros oficiales del Minint con el uniforme típico de custodios de prisiones; una representante de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), otra del Instituto de Planificación Física y otro del Ministerio de Justicia.

P. ¿A qué se debía la presencia de una representante de la ONAT?

R. Se justificaba con la suposición de que estábamos realizando una actividad de "cuentapropistas", que estábamos prestando un servicio por el que supuestamente cobrábamos sin tener permiso. Les explicamos, de todas las formas posibles, que somos una organización no gubernamental que presta un servicio social de forma gratuita, pero actuaban como si no se lo hubiéramos aclarado.

P. ¿Por qué un acto represivo de esa naturaleza en estos momentos y contra un grupo pacífico?

R. Cuesta mucho encontrar las razones de esta actuación, que puede calificarse como desmesurada. Pero puede atribuirse a lo que hemos hecho. En primer lugar nuestros intentos de alcanzar la legalización de Cubalex. Hemos realizado demandas a instituciones oficiales como la Aduana General de la República, que en el aeropuerto nos ha despojado de libros y otras pertenencias sin justificación alguna. Esa demanda la hemos llevado a los tribunales. Además hemos hecho una propuesta política al Partido Comunista de Cuba para modificar la ley electoral.

P. ¿Entonces considera que se trata de una respuesta a esas acciones?

R. Habría que preguntárselo a ellos. Como ciudadanos creemos que tenemos derecho a hacer propuestas y tenemos derecho a participar en la vida social y política del país en que vivimos.

P. ¿Pusieron ustedes resistencia a que los efectivos policiales entrasen al local?

R. La resolución de entrada al domicilio para efectuar el registro decía que venían en busca de "objetos de procedencia ilícita", pero no especificaba cuáles. La ley establece que este detalle se aclare, por lo que me negué a que entraran e invoqué el derecho de inviolabilidad del domicilio. No obstante, rompieron el candado de la reja exterior y el llavín principal de la casa.

P. La ley especifica también que el registro debe hacerse con al menos dos miembros del CDR como testigos. ¿Se cumplió ese requisito?

R. Los testigos eran dos militantes del partido del núcleo zonal, que no se comportaban como testigos imparciales, sino como colaboradores del operativo. Al extremo de que en ocasiones sugerían a los oficiales del Minint algún lugar que les faltaba por registrar y usaban todo el tiempo el término "nosotros" con un sentido de pertenencia que los hacía parte del operativo, lejos de su función supuestamente imparcial de testigos. Uno de ellos tenía más de 85 años y se ufanaba de ser un revolucionario sin tacha.

P. ¿Cuál fue el saldo final del registro?

R. Ocuparon cuatro laptops y cinco PC de mesa, incluido un servidor y tres impresoras multifuncionales. Además se llevaron discos duros, memorias, cámaras y todos los teléfonos celulares.

P. ¿Cuál ha sido la reacción de otros grupos independientes ante este registro?

R. Casi todas las entidades de la sociedad civil han manifestado su solidaridad.

P. ¿Podría la información incautada representar un riesgo para ustedes?

"Se llevaron más de 200 expedientes de casos que estamos trabajando, muchos de ellos son reclusos ansiosos de tener alguna mejoría de su condición de presos y podrían declarar algo que nos perjudique"

R. Se llevaron más de 200 expedientes de casos que estamos trabajando, muchos de ellos son reclusos ansiosos de tener alguna mejoría de su condición de presos. Existe el riesgo de que esas personas, a cambio de alguna ventaja en su régimen penitenciario, declaren algo que nos perjudique, como por ejemplo que le cobramos por nuestro servicio. Pero eso queda en el campo de la especulación.

P. ¿Qué es lo más grave que prevén que podría ocurrir?

R. Estamos muy preocupados porque nos han hecho amenazas puntuales, como por ejemplo que hasta ahora esto es un asunto administrativo pero que puede convertirse en otro tipo de proceso.

P. ¿Piensan desistir de continuar con el trabajo que venían haciendo?

R. No. Lo sucedido más bien nos anima a seguir haciendo lo que nos propusimos.

También te puede interesar

Lo último

stats