Instituto Nacional de la Vivienda, de gigante roja a enana blanca

Los días están contados para el Instituto Nacional de la Vivienda. La organización que rigió el destino habitacional de los cubanos durante décadas repartirá sus funciones entre otras dependencias del Estado.

Varias oficinas asumirán las tareas de la agonizante entidad, pero el mayor trozo del pastel se lo lleva el Instituto de Planificación Física (IPF). Dirigido por el general Samuel Rodiles Planas, el IPF ha venido acumulando un enorme poder en los últimos meses.

El Gobierno de Raúl Castro se ha caracterizado por colocar en puestos claves de la economía a militares y personas de su círculo de confianza. Rodiles Planas, de 82 años, participó en la guerrilla de la Sierra Maestra, posteriormente se desempeñó en cargos de máxima confianza y, desde 2012, fue designado al frente del IPF con la misión de "restablecer el orden y la disciplina en lo concerniente a las violaciones urbanísticas".

Sin embargo, la nueva misión del IPF y de su octogenario presidente se presenta como imposible de cumplir. Para inicios del próximo año tendrán que reestructurar uno de los mayores andamiajes burocráticos del país y comenzar a sanear la estela de corrupción que deja el desmantelado organismo.

"Las instituciones deben estar listas para cumplir las nuevas funciones que asumen", declararon varios funcionarios del sector este martes en el programa televisivo Mesa Redonda. El cambio de estructuras ha sido presentado a la población como un paso para "realizar menor cantidad de gestiones".

La Gaceta Oficial Nº 40, publicada a principios de septiembre, detalla el proceso de delegación de responsabilidades. Las modificaciones actuales se realizan "a partir de los cambios aprobados por el Consejo de Ministros sobre los trámites y el fortalecimiento del ordenamiento territorial y el urbanismo".

Los cambios anunciados al respecto ocurren luego de flexibilizaciones en la venta de materiales para reparar y construir viviendas, el otorgamiento de créditos para quienes edifican su propia casa, así como otras modificaciones destinadas a incentivar la construcción de inmuebles.

La nueva misión del IPF y de su octogenario presidente se presenta como imposible de cumplir

Las autoridades afirman que las nuevas regulaciones administrativas se encaminan a paliar la escasez de viviendas. Para ello asignarán terrenos del Estado a personas naturales para la construcción por esfuerzo propio, siempre y cuando existan condiciones mínimas de urbanización, como son el trazado vial, solución de abasto de agua y de residuales, cobertura eléctrica.

Las inversiones en ese sentido no han sido especificadas aún. Como alternativa, la cesión de azoteas para construir sobre ellas permitirá aprovechar redes ya existentes. Sin embargo, esto representará un problema a largo plazo, en la medida que la vieja infraestructura se siga sobrecargando.

Los terrenos a entregar deben, además, "estar recogidos en los planes de ordenamiento y por supuesto aprobados por los consejos de administración de las Asambleas Municipales del Poder Popular". Es decir, puede haber disponibilidad, pero el otorgamiento de parcelas debe pasar aún por un filtro estatal para considerar elegible a quien necesite construir su casa. Algunos temen que estos requisitos alienten el favoritismo y la corrupción administrativa.

Por lo demás, es cuestión de tiempo que el Instituto Nacional de la Vivienda desaparezca por completo. La poderosa institución deja tras de sí un oscuro legado de injusticias, privilegios y probada incapacidad para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población. La cuestión ahora es si el Instituto de Planificación Física aportará soluciones o solo será un heredero de todos sus males.

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