El Ayuntamiento, una experiencia olvidada

Ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Cuba.
Ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Cuba.

A tono con los lentos cambios que promueven las autoridades cubanas, desde hace algún tiempo se analiza darles mayor protagonismo a los Gobiernos municipales en la gestión de su propio desarrollo. Ese proceso aún está muy lejos de otorgarles la autonomía de que disfrutaron durante la época colonial y republicana de nuestra historia.

Los cabildos o ayuntamientos aparecieron en Cuba en el siglo XVI y abarcaban todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El proceso que vivió España al calor de la Constitución de 1812 produjo pocos cambios en la Isla, donde el régimen municipal se regía a partir de las ordenanzas redactadas por Alonso de Cáceres. Estas últimas continuaron aplicándose hasta 1859 en que quedó establecido un nuevo régimen municipal extremadamente centralizado.

En enero de 1899 se reorganizaron los ayuntamientos del país y se les concedió amplia autonomía. Al entrar en vigor la Constitución de la República, el 20 de mayo de 1902, quedaron establecidas las bases del nuevo régimen municipal. En 1908 fueron fijadas en la denominada Ley Orgánica de los Municipios, la cual deslindó las funciones legislativas de las ejecutivas y administrativas de cada municipio. Se estableció también la elección por sufragio directo, tanto del alcalde como de los concejales.

Durante la dictadura de Gerardo Machado esta estructura se sustituyó en La Habana por la de un distrito central. El presidente podía nombrar al alcalde (Jefe del Distrito) y a otras autoridades locales, pero este absurdo desapareció con la caída del régimen. Por su parte, en la Constitución de 1940 se estableció todo lo concerniente al régimen municipal.

Desde hace algún tiempo se analiza darles mayor protagonismo a los Gobiernos municipales en la gestión de su propio desarrollo

En los artículos 211 y 212 de la Carta Magna se instituyó que el Gobierno municipal era una entidad con poderes para satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad local, a la vez que gozaba de autonomía. Funcionaba como un organismo auxiliar del poder central ejercido por el Estado a través de todo el territorio nacional.

Más preciso aún era el artículo 213 que relacionaba las acciones que correspondían a este gobierno municipal. Entre ellas suministrar los servicios públicos locales, comprar, construir y operar empresas de servicios o prestarlos mediante concesión o contrato. Podía adquirir, por expropiación o compra las propiedades necesarias, además de operar empresas de carácter económico. En sus funciones estaba también llevar a cabo mejoras públicas locales, crear y administrar escuelas, museos y bibliotecas, campos para educación física, y campos recreativos. Sus potestades alcanzaban para adoptar y ejecutar, dentro de los límites del municipio, reglas sanitarias y de vigilancia local.

Los municipios podían establecer cooperativas de producción y de consumo, además de gestionar exposiciones y jardines botánicos o zoológicos, todos con carácter de servicio público. En sus potestades se encontraba nombrar los empleados municipales, formar sus presupuestos de gastos e ingresos y establecer los impuestos necesarios para cubrirlos, siempre que estos fueran compatibles con el sistema tributario del Estado.

El Gobierno municipal tenía que pagar puntualmente los sueldos y jornales a los funcionarios y empleados. Debía sostener un albergue y casa de asistencia social, un taller de trabajo y una granja agrícola, a la par que mantenía la vigilancia pública, un servicio de extinción de incendios y el funcionamiento, por lo menos en la cabecera, de una escuela, una biblioteca, un centro de cultura popular y una casa de socorros médicos.

El Artículo 215 de la Carta Magna planteaba además que en cada municipio existiría una comisión de urbanismo, que tendría la obligación de trazar el plan de ensanche y embellecimiento de la ciudad y vigilar su ejecución. Debía tener en cuenta las necesidades presentes y futuras del tránsito público, de la higiene, el ornato y el bienestar común.

En la práctica, el municipio se ha convertido en un simple ejecutor de planes nacionales y ha dejado de atender las necesidades locales

Todo esa estructura cambió cuando, a partir de enero de 1959, cada municipio pasó a ser dirigido por tres comisionados, designados centralizadamente. La variante no funcionó y rápidamente se transformó en el sistema unipersonal de un solo comisionado que se extendió hasta la creación de los Poderes Populares. La Constitución de 1976, en su artículo 9, ratificó el mismo concepto y mantuvo la falta de autonomía de los municipios.

El partido único jugó un nefasto papel como fuerza dirigente superior en todas estas instancias locales. Durante más de medio siglo los municipios han carecido de autonomía y recursos financieros, además de verse obligados a entregar todas sus recaudaciones al gobierno central. Es este último el que anualmente les asigna un determinado presupuesto, dirigido a costear intereses de carácter nacional y no municipal.

En la práctica, el municipio se ha convertido en un simple ejecutor de planes nacionales y ha dejado de atender las necesidades locales. Ante la falta de gestión y capacidad de solución, los problemas de casa zona se fueron acumulando hasta llegar a la crítica situación actual, con un fondo de viviendas en mal estado e insuficiente. Al panorama se agrega el deterioro de centros de trabajo, estudio, salud, culturales, recreativos y deportivos, muchos de ellos en estado ruinoso o clausurados. A esto se le suman las calles y aceras rotas, los sistemas de acueducto y de alcantarillado colapsados, las redes eléctricas y telefónicas deterioradas, los parques inexistentes y otros muchos perjuicios.

Ante esta realidad, las autoridades se han decidido a estudiar, aunque tardíamente, la posible introducción de cambios que están en fase de experimentación en las denominadas "provincias laboratorios", como Mayabeque. Sin embargo, resultaría mejor no inventar desde cero y decidirse a utilizar toda esta rica experiencia olvidada sobre el funcionamiento de los gobiernos municipales, que aunque no fue perfecta, funcionó mucho mejor que la estructura actual.

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