Sin democracia no hay soberanía ni autodeterminación

Momento en el que se le presente a Marquez-Sterling la pluma de oro con que se firmó la Constitución de 1940. (Cuban Cultural Center)
Momento en el que se le presenta a Carlos Marquez-Sterling la pluma de oro con que se firmó la Constitución de 1940. (Cuban Cultural Center)

Después de seis meses y medio de haber decidido normalizar sus relaciones, por fin Cuba y EE UU anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas  y la reapertura de las embajadas respectivas el próximo 20 de julio, ceremonia a la que asistirá el Secretario de Estado John Kerry. Desde 1946 no visita Cuba un Secretario de Estado.

Los presidentes de ambos países mediante cartas y Obama también con una alocución desde la Casa Blanca se encargaron de hacer el anuncio, precisando ambos que hay un amplio trecho por recorrer en el proceso hacia la completa normalización de relaciones y que persisten diferencias en cuanto a los temas de derechos humanos y democracia.

El importante y trascendente significado del hecho en sí mismo ha sido harto tratado por la prensa internacional. Algunos representantes de la izquierda democrática cubana ya dimos a conocer un comunicado al respecto.

Deseo aquí abordar esas diferencias enunciadas sobre los derechos humanos y la democracia y la aseveración del “Gobierno revolucionario” de que el derecho a la autodeterminación corresponde a los Estados, aspectos que, a mi juicio, están íntimamente relacionados.

Es evidente: la dirección político-militar del país no se ha bajado del caballo de batalla y sigue aferrada al campamento y a las vetustas concepciones del socialismo burocrático sobre democracia y derechos humanos, por intereses estrechos, olvidando que ambas temáticas no son patrimonio de ningún Estado y están fundadas en valores universales alcanzados en las luchas revolucionarias de los pueblos contra regímenes autoritarios, a través de la historia.

La dirección político-militar del país sigue aferrada a las vetustas concepciones del socialismo burocrático sobre democracia y derechos humanos

Que sean perfectibles las formas democráticas de gobierno  y pueda mejorarse la aplicación de los derechos humanos reconocidos universalmente en la Carta de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas y sus respectivos pactos sobre derechos civiles y políticos, y sociales económicos y culturales, son cosas muy distintas a tratar desconocer sus esencias.

Desde luego tampoco hay que calcar el sistema político norteamericano, pero no tenemos por qué desconocer sus experiencias.

Son asuntos a decidir por la soberanía popular previamente bien informada. Y como tales deben ser tratados y no como privativos del Gobierno-partido-Estado que lleva más de medio siglo en el poder.  Y es esto lo que no acaba de entender ni aceptar el Gobierno militar de Raúl Castro: esos problemas deben ser discutidos horizontal y libremente por el pueblo todo y ser aprobados en referendo por su importancia para todos los ciudadanos.

Esto a su vez está íntimamente relacionado con el equívoco Estado-céntrico de que la soberanía reside en el Estado, que son los Estados los que deciden el tipo de gobierno, según expresa la nota del “Gobierno revolucionario” sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, aparecida en Granma del 2 de julio de 2015, la que textualmente expresa:

“Estas relaciones deberán cimentarse en el respeto absoluto a nuestra independencia y soberanía; el derecho inalienable de todo Estado a elegir el sistema político, económico, social y cultural….”

No, no son los Estados; son los pueblos los depositarios de la soberanía, los que ejercen la autodeterminación, los que deben decidir el tipo de gobierno, el tipo de sistema político y la  sociedad que desean darse, por lo que existe una plena correspondencia, violada por el estadocentrismo, entre soberanía y autodeterminación con democracia, puesto que solo un sistema plenamente democrático permite que sea el pueblo el que decida escoger libre y soberanamente su sistema político.

Son los pueblos los depositarios de la soberanía, los que deben decidir el tipo de sistema político y la sociedad que desean darse

El principio de la soberanía popular fue definido por el jurista alemán Altusio en 1603 en su obra Análisis Sistemático de la Política y desde entonces empezó a considerarse en Occidente, formando parte de todas las constituciones  modernas desde su aparición en la Constitución francesa de 1793. El concepto está incluido en la cubana de 1976, la que expresa en su artículo 3ro: “En la República de Cuba la soberanía radica en el pueblo….”

En fin que sin democracia no hay soberanía ni autodeterminación verdaderas.

La soberanía de un Estado frente a otros se refiere a lo no injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros, donde por cierto el Estado cubano no ha sido estudiante con malas notas.

De la aberrada interpretación sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos, que es de los pueblos, no de los Estados, viene la creencia de que es el Estado el soberano y no el pueblo y es de donde nos llega parte de esa filosofía estatalista, burocrática, militarista y autoritaria heredada del triunfo del Campamento sobre la República en nuestras guerras de independencia.

Hoy sabemos que comisiones invisibles del Estado discuten una nueva constitución y una nueva ley electoral. Si como siempre son sometidas a “consulta popular” según los tradicionales métodos dirigistas y verticalistas, destinados a imponer en las bases lo que viene de arriba y se desconocen las múltiples discusiones y aportes que vienen realizando ya muchos sectores independientes, librepensadores y juristas cubanos, el carácter democrático de la consulta será cosa de incautos.

Cualquier discusión seria, decorosa, soberana sobre el tema deberá convocar un gran debate nacional, horizontal, libre y público, a partir de la elección y no designación  de los constituyentes, quienes a su vez tendrían que convocar en audiencias públicas radiales y televisivas a juristas y librepensadores que han expuesto públicamente sus visiones sobre el tema.

Los constituyentes redactarían los documentos, teniendo en cuenta todo lo expresado por la ciudadanía a través de los medios de todo tipo, cartas, correos electrónicos, redes de Internet, prensa independiente cubana  de dentro y de fuera, etc.,  y con todo eso hacer propuestas que luego sean sometidas a referendo.

Entonces sí, el pueblo cubano estaría haciendo uso del derecho de autodeterminación, de su soberanía, que no es del Estado, y sí estaríamos creando las bases para una constitución, un Estado de derecho y una ley electoral plenamente democráticos.

La Constitución democrática avanzada del 40 debe ser uno de los puntos de partida de la nueva Carta Magna, junto al resto de las constituciones cubanas

La Constitución vigente de 1976 con sus dos modificaciones posteriores es violada sistemáticamente por el Estado que la defiende. En cambiarla hay consenso. Las diferencias se refieren a aspectos de fondo relacionados precisamente con la democracia y los derechos humanos íntegros.

La revolución del 59 triunfó  porque unió al pueblo en la lucha por el restablecimiento de la institucionalidad democrática y la restauración de la Constitución de 1940, objetivos frustrados debido a que los líderes de la Sierra, que siguen en el poder y capitalizaron aquel acontecimiento, decidieron aplicar su particular programa de reformas socioeconómicas.

Según los sabios, el camino perdido debe ser retomado en el punto de extravío.

De manera que la Constitución democrática avanzada del 40, así llamada por los comunistas de entonces, quienes tuvieron una importante participación en su confección,  debe ser uno de los puntos de partida de la nueva Carta Magna, junto al resto de las constituciones cubanas.

No tuvimos constitución hasta 17 años después del 59, en 1976, cuando la burocracia ya había terminado su obra “revolucionaria”   a favor del Estado y su control por una elite permanente, en nombre del “socialismo, la clase obrera y la revolución”, violados flagrantemente.

Por todas esas razones, las alegadas diferencias entre los Gobiernos de Cuba y EE UU en materia de derechos humanos y democracia no tienen que discutirse en ese marco, sino en el seno del pueblo, en diálogo entre los cubanos todos, de todas las tendencias, de dentro y de fuera.


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