El “cuentapropismo” ¿solución o problema?

Ponencia de Miriam Celaya en la  XXIV reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana en Miami

Carbonero por cuenta propia. (14ymedio)
Carbonero por cuenta propia. (14ymedio)

La puesta en marcha del grupo de reformas económicas bajo el programa oficialmente etiquetado como "actualización del modelo", impulsado por el General-Presidente, Raúl Castro, se inscribe en una estrategia destinada a la solución de numerosos problemas de orden económico y social que mantienen en crisis al sistema cubano. Se trata de un intento de hacer productiva una economía largamente estancada tras décadas de férreo centralismo, así como de desembarazar al Estado del peso que implica el sostenimiento de las prestaciones sociales y los subsidios establecidos cuando existía el respaldo del desaparecido "socialismo real" de Europa del Este.

De hecho, el gobierno pretende justificar la excesiva carga tributaria que pesa sobre el sector cuentapropista argumentando que este tributo ha de ser el sostén de las prestaciones sociales que durante décadas se nutrieron de aquellos inmensos subsidios procedentes del exterior.

Así, el gobierno aspira a fomentar "una nueva mentalidad", en virtud de la cual la población cubana ha de recuperar la cultura tributaria, perdida por más de 40 años de paternalismo de Estado, tras la Ofensiva Revolucionaria que en marzo de 1968, en pleno apogeo fidelista, demonizó y suprimió la pequeña propiedad privada en Cuba.

Sin embargo, el verdadero reto para el General-Presidente es tratar de introducir cambios en el sistema económico sin modificar en lo más mínimo el sistema político; es decir, mantener incólume la capacidad del Gobierno-Estado-Partido para retener el poder en cualquier circunstancia, para lo cual pretende aplicar una fórmula condenada de antemano al fracaso: aspirar al crecimiento del sector "no estatal" (privado) y a la vez evitar el surgimiento y consolidación de un empresariado nacional independiente. Dicho en otras palabras, "cambiar" para impedir o retrasar los cambios, lo que explica que la esperada apertura mantenga demasiados cierres, y que el General Raúl Castro haya adoptado un ritmo tan sui generis como ajeno a las urgencias de los cubanos: sin prisa, pero sin pausa.

El verdadero reto para el General-Presidente es tratar de introducir cambios en el sistema económico sin modificar en lo más mínimo el sistema político

De esta manera, las reformas raulistas constituyen una ruptura respecto del orden fidelista, absolutamente centralizado, gracias a medidas que rompen el inmovilismo y a la introducción de cambios legales de relevancia, pero en la práctica los cambios han sido más nominales que reales para los cubanos de la Isla.

Un balance negativo

Según indicadores publicados en la prensa oficial, hacia mediados de 2012 existían alrededor de 400 mil cuentapropistas registrados en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), cifra que se mantiene más o menos estable en los discursos, a pesar del cierre de numerosos pequeños negocios, en especial los que se dedicaban al comercio de prendas de vestir, calzado, bisutería y otros artículos importados, que constituían mayoría.

La página web de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), sin embargo, no ofrece la actualización precisa ni publica datos sobre aquellos cuentapropistas que, en un número indeterminado pero importante, se han visto obligados a devolver sus licencias debido a las numerosas trabas oficiales que lastran el desempeño del sector y asfixian a los más frágiles, es decir, a los de menor capital. Es sabido que en ausencia de información libre y de la posibilidad de contrastar datos, las cifras oficiales siempre son cuestionables.

No obstante, el mencionado cierre de numerosos comercios es un fenómeno visible y perfectamente verificable en el escenario urbano, aunque no se pueda respaldar con números exactos debido a que las estadísticas oficiales también se subordinan a la política gubernamental. Fuentes autorizadas con reserva obligada aseguran que aproximadamente la cuarta parte de los cuentapropistas que estaban registrados por la ONAT en 2012-213 –momento en que se alcanzó un pico de entrega de licencias– las han devuelto, y consideran que las causas de esto son la insostenibilidad de los negocios por la alta tasa impositiva, las numerosas prohibiciones y frenos oficiales, las cuantiosas y elevadas multas, la corrupción de inspectores y funcionarios, la indefensión jurídica de los inversores, etc.

La cuarta parte de los cuentapropistas que estaban registrados por la ONAT en 2012-213 han devuelto sus licencias

Otro dato que no registra la ONEI es el retorno al mercado ilícito –del que procedían– de al menos una parte de esos comerciantes, lo que implica un obstáculo a la declarada lucha contra la corrupción y genera un panorama social complejo en el cual coexisten elementos que, creados con el objetivo de establecer un mecanismo capaz de animar la economía y funcionar armónicamente, constituyen universos antagónicos con fines contrapuestos: el sector privado, que lucha por sobrevivir a contrapelo de las trabas oficiales y de las extorsiones de funcionarios inescrupulosos, para lo cual incurre en violaciones de las normas establecidas; el Gobierno, que intenta activar la economía interna e imponer una cultura tributaria onerosa que le permita desprenderse del peso de los subsidios sociales, a la vez que frenar la corrupción galopante, utilizando para ello un enorme cuerpo de inspectores y las fuerzas del orden; y estos últimos, cuyo desempeño comúnmente conduce a la corrupción, toda vez que en Cuba ningún salario ni compensación material resulta suficiente para encarar el costo de la vida. En condiciones de supervivencia, todo individuo es potencialmente corruptible.

Como corolario, se debilitan el sector empresarial y la credibilidad de la población en las políticas gubernamentales, a la vez que se consolida la corrupción y se debilita más aún la economía.

Los cambios pendientes

Más de un lustro después de la asunción del poder por el general Raúl Castro y de la implantación del experimento gubernamental que éste denominara "actualización del modelo", puede afirmarse que las reformas raulistas han fracasado. La economía interna no ofrece avances de consideración, a nivel social no se registran beneficios y la carga tributaria –pese a su elevado monto– no puede asumir el costo de las prestaciones sociales, que continúan deterioradas.

En el último año se ha hecho evidente que el trabajo por cuenta propia, en particular en la esfera de los pequeños negocios familiares, comercios y restaurantes o cafeterías, está sufriendo un proceso de ralentización-contracción.

El intento gubernamental de introducir cambios en la economía, sin reconocer libertades y derechos ciudadanos y pretendiendo mantener inamovible la política del país, ha demostrado ser irrealizable y no hace más que profundizar la crisis y aumentar el desaliento y la insatisfacción social.

La realidad cubana impone realizar un viraje sustancial y profundizar radicalmente en el programa de reformas, partiendo de los siguientes pasos esenciales:

  • Entregar la tierra en propiedad (y no en usufructo) a los productores, como primer paso para el aumento de la producción agraria.
  • Implementar una política de bajos impuestos, en particular en los primeros años de un proyecto inversionista.
  • Creación de un mercado mayorista real y efectivo, capaz de satisfacer la demanda y, en consecuencia, estimule la producción y propicie la baja de los precios de los alimentos, así como la sustitución de importaciones.
  • Crear un adecuado (y realista) sistema de créditos bancarios con intereses y plazos razonables, que faciliten las inversiones, apoyen la mejor recuperación del capital y mitiguen los riesgos de los inversionistas nacionales.
  • Reconocer y legalizar los derechos de información, comunicación y libre asociación. Es imposible producir y prosperar a espaldas del conocimiento y de las nuevas tecnologías. Es irracional impedir que los individuos que producen se asocien en defensa de sus intereses.
  • Eliminar los condicionamientos ideológicos y la exigencia de compromisos con la política del Gobierno, implícitos en las actividades del sector privado. La coacción ideológica actúa negativamente sobre el desenvolvimiento de las actividades productivas y comerciales y refuerza la doble moral, ya entronizada en la sociedad cubana.

Por supuesto, la aplicación de estos principios daría paso a un nuevo escenario político donde el ciudadano fungiría como protagonista empoderado de derechos y libertades, y no como un rehén del Gobierno para obtener ganancias, algo que sabemos no se puede permitir la cúpula pues su índole dictatorial no sobreviviría a la existencia de espacios de libertad ciudadana. Tal es la contradicción esencial de las reformas raulistas.

De cualquier modo, el proceso de "actualización" emprendido por el Gobierno ha permitido vislumbrar la voluntad de emprendimiento y las ansias de prosperidad de los cubanos, así como la incapacidad gubernamental para cumplir estas expectativas.

Cambiar para no cambiar, es el dilema que no ha podido resolver la cúpula. Cambiar profundamente las estructuras de la economía, utilizando para ello las herramientas que ofrecen los derechos, es el experimento imprescindible que espera su implementación.

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