La justicia social implica el compromiso del Estado para compensar las desigualdades

Desde el año 2007, por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de febrero se celebra como Día Mundial de la Justicia Social. Se trata así de crear, entre gobiernos y pueblos, una mentalidad a favor del reparto equitativo de los bienes sociales. Para explicar esa decisión, Naciones Unidas ha sostenido que "la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera" y "constituye el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana".

Según los postulados de la organización, la celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar y la justicia social para todos.

La justicia social, aunque tiene su antecedente en la justicia distributiva de que habló Aristóteles, adquiere su sentido contemporáneo en el siglo XIX, con el creciente malestar social y las luchas de la clase obrera a partir de la revolución industrial y el auge del capitalismo. Bajo la presión de los movimientos sociales, los Gobiernos adaptaron la legislación laboral hasta llevarla, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, a lo que conocemos hoy como el Estado de Bienestar.

En Cuba, el concepto ha estado asociado a los llamados "logros de la Revolución". Educación, salud, seguridad social y empleo son nociones básicas pero incompletas de la justicia social. En una sociedad donde se dé su pleno cumplimiento, los derechos humanos tienen que ser respetados en conjunto. Por otra parte, la desestructuración de la clase media con el triunfo revolucionario para construir una sociedad igualitaria no solo fracasó, sino que ha dado lugar a una nueva clase que ha ensanchado la brecha entre los sectores menos favorecidos, que no han logrado combinar en la práctica de forma exitosa, oportunidades de desarrollo con posibilidades.

Luchar por la justicia social no significa enarbolar consignas a las que tan acostumbrados estamos los cubanos

La justicia social implica el compromiso del Estado para compensar las desigualdades que surgen en el mercado y en otros mecanismos propios de la sociedad. Esto para nada debe interpretarse como la intervención omnipresente del Estado, todo lo contrario, debe crear las condiciones para que los ciudadanos trabajen libremente, creando riqueza individual y colectiva.

La adopción por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa es un ejemplo del compromiso del sistema de Naciones Unidas con esta lucha. Los países con mejor calidad de vida suelen ser aquellos que promueven la justicia social, ya que en la inequidad y las desigualdades se genera violencia y se producen enfrentamientos sociales.

Luchar por la justicia social no significa enarbolar consignas a las que tan acostumbrados estamos los cubanos. Tan acostumbrados, que resulta difícil reacomodar el concepto y hacer frente, desde la ciudadanía, a un Estado que decidió levantar su protectorado y ahora pretende compensar su ineficiencia con recortes presupuestarios, despidos, bajos salarios, altos precios y cargas impositivas excesivas.

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