El ornitorrinco colombiano
Un esperpento jurídico de proporciones épicas es lo que se ha diseñado en Colombia con el nombre de Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Este es una especie de marco legal ad hoc dotado de un Tribunal Especial, que nacerá en el momento en que se haya aprobado, mediante plebiscito, el régimen que entrará en funcionamiento a partir de fin de marzo, cuando Colombia comience una nueva etapa de su vida republicana con un país supuestamente en paz.
La JEP juzgará tanto a combatientes (eufemismo creado para designar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), como a no combatientes y a los militares que hicieron frente al terrorismo durante medio siglo de guerra desigual y más de 220.000 muertos o desaparecidos. Tratar de explicarle este ornitorrinco a la gente común es una tarea poco menos que titánica porque es posible que ni siquiera quienes lo han estado pariendo en La Habana entiendan sus alcances, ni sean capaces de imaginar las interpretaciones que se le dará a esta "jurisdicción especial" en el futuro cuando deba aplicarse frente a casos concretos.
Listar las concesiones que los negociadores han hecho a los criminales también es imposible. Baste con señalar, como lo ha hecho Human Rights Watch (HRW), que –palabras más, palabras menos– este régimen resulta una oprobiosa institucionalización de la impunidad. ¿Quién entiende, por ejemplo, cómo es que criminales confesos condenados por fechorías como secuestros, asesinatos, violaciones, tortura, narcotráfico y todo tipo de delitos mayores van a poder ejercer cargos públicos y decidir sobre asuntos del Estado antes de terminar de cumplir las penas que les sean impuestas por el Tribunal Especial?
¿Quién entiende cómo es que criminales confesos condenados van a poder ejercer cargos públicos antes de terminar de cumplir las penas que les sean impuestas por el Tribunal Especial?
"Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves", fueron las palabras de José Miguel Vivancos, quien dirige la División de las Américas de HRW, la organización internacional que se ocupa de los asuntos derechos humanos a escala planetaria.
El problema no es solo que lo que ocurra en Colombia a raíz de la instauración de este novedoso esquema de juicios, castigos y reparaciones va en franca colisión con las normas establecidas internacionalmente para analizar y dirimir casos de violaciones de derechos humanos. Es que este monstruo legal validado por la sociedad en su conjunto a través de una votación plebiscitaria no va a cumplir con uno de los principales propósitos de las negociaciones de La Habana, que es el de conseguir la reparación de los afectados por el terrorismo guerrillero.
Hasta las definiciones de los individuos objetos de este nuevo sistema de justicia –guerrilleros, militares de alta gradación, sociedad– son vagas y no aparecen en él algunos actores de la guerra como las fuerzas paramilitares. Hasta el narcotráfico queda fuera, después de haber hecho destrozos graves en la ciudadanía colombiana, haber contaminado a Venezuela hasta los tuétanos, incluyendo a figuras importantísimas de sus Fuerzas Armadas, y haber gestado un entramado sofisticado de comercio que trasciende al continente entero. ¿Quién duda del protagonismo explícito de las FARC y sus tentáculos en el narconegocio?
Este monstruo legal no va a cumplir con uno de los principales propósitos de las negociaciones, que es el de conseguir la reparación de los afectados por el terrorismo guerrillero
Le ha tocado al presidente Juan Manuel Santos explicar algunos de los elementos que atemorizan a la sociedad en relación a este novedoso esquema de justicia e invertir montos considerables en mercadear el despropósito que Colombia deberá instaurar con su voto en pocas semanas.
No hay que ser abogado para deducir sus consecuencias. Será heredado por las nuevas generaciones y será usado como un precedente para regímenes similares en casos de conflictos. Es de esperar que sus creadores sean capaces, cuando aún hay tiempo, de percatarse del legado que hacen al país de sus hijos.
De la misma manera que un ornitorrinco es considerado por la ciencia como una "broma de la naturaleza" más que una como especie definida en el árbol evolutivo, el régimen nuevo que está a punto de aprobarse en Colombia también es una completa y fatal aberración.
* Nota de la Redacción: Beatriz de Majo es columnista del periódico venezolano El Nacional.
