La vergonzosa persecución contra Manuela Picq

La detención de la periodista Manuela Picq. (Facebook)
La detención de la periodista Manuela Picq. (Facebook)

Después de meses de inconformidad con un Gobierno de oídos sordos ante los reclamos populares, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional el pasado 13 de agosto. Fue una de las manifestaciones políticas más multitudinarias de la historia de Quito. Esa noche, durante las marchas que recorrieron las principales calles del país, se detuvo a más de 70 personas. Entre ellas, se encontraba la profesora y periodista franco-brasileña Manuela Picq.

Su caso es escandaloso y desnuda la conducta arbitraria del Gobierno de Rafael Correa en contra de ciudadanos nacionales y extranjeros. Se trata de la corresponsal de Al Jazeera en Ecuador y de una prestigiosa catedrática de la Universidad San Francisco de Quito. Además, es la compañera sentimental de Carlos Pérez Guartambel, el presidente de la Ecuarunari y uno de los más notables dirigentes indígenas.

Manuela Picq reportó al mundo el caso de Jorge Glas Viejó, el violador de una niña y padre del vicepresidente de Ecuador, a quien la justicia dejó escapar por un largo tiempo pese a su crimen. La tarde del 13 de agosto, Picq se encontraba haciendo su trabajo de reportera durante el paro nacional. Cuando intentó impedir la detención de su pareja, fue violentamente agredida por ocho gendarmes, como lo demuestran un vídeo y fotografías. Luego se la detuvo.

No fue llevada ante el juez competente, como manda la legislación. Después de pasearla por varios lugares de la ciudad, se le recluyó en el hotel Carrión, el lugar en el que el Estado ecuatoriano priva de su libertad a las personas en proceso de deportación o con estado migratorio irregular.

El 14 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores le canceló su visado de intercambio cultural en un documento de tres líneas, en el que no se motiva la decisión del Estado. Lo sorprendente es que en el parte policial de su detención, se hace referencia a la cancelación del visado. ¿Cómo el parte policial pudo adivinar el futuro y adelantarse a un hecho que ocurrió un día después?

La cancelación de su visado, por otra parte, jamás le fue notificada. Días más tarde, el funcionario de Exteriores Santiago Salazar explicaría a la jueza Paola Ayala que la notificación no se realizó porque el Ministerio no tiene servicio de courrier. Y manifestó que la motivación "bien o mal" se llevó a cabo en esas tres líneas, pues las potestades discrecionales del Estado no se sujetan a reglamento (entonces tampoco al principio del debido proceso).

La magistrada determinó que el Estado nunca pudo justificar su detención, menos aún explicar las anomalías del parte policial y de la resolución con la que le cancelaron el visado

La primera jueza que Manuela Picq vio tras su detención arbitraria fue Gloria Pinzá, al cabo de cuatro días, en la audiencia para decidir su deportación conforme lo pidió la Fiscalía. La magistrada determinó que el Estado nunca pudo justificar su detención, menos aún explicar las anomalías del parte policial y de la resolución con la que le cancelaron el visado. Entonces ordenó su puesta en libertad inmediata y negó la deportación.

Dos días después, ante una carta del ministro del Interior, José Serrano, la jueza reculó y decidió elevar en consulta a Serrano el caso de la deportación de Manuela Picq, violando el principio constitucional de unidad jurisdiccional. Absurdamente, un funcionario del poder ejecutivo convenció a una jueza de que las decisiones de la Función Judicial, en cuanto a deportaciones se refieran, deben ser sometidas al ministro de Interior por parte de los jueces.

Los abogados de Manuela Picq interpusieron, con enormes dificultades para lograr su admisibilidad, una acción de protección contra la cancelación del visado. Se trata de un mecanismo de amparo que activa un sistema de protección directa y eficaz de los derechos constitucionales. La acción fue desechada por la jueza Ayala, convencida por la Cancillería de que la cancelación de un visado –sin motivación– es facultad discrecional del Estado. Es decir, no entendió la jueza el precedente nefasto: con ese argumento, en Ecuador, discrecionalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores puede decidir, si tiene ese soberano apetito, revocar las visas de cuantos extranjeros desee.

Mientras el caso de la profesora Picq se ventilaba en la justicia, la prensa estatal y los adeptos al oficialismo se dedicaron a desprestigiarla

Mientras el caso de la profesora Picq se ventilaba en la justicia, la prensa estatal y los adeptos al oficialismo se dedicaron a desprestigiarla, aduciendo que en su calidad de extranjera no debía protestar. Desconoce el Gobierno que el artículo 9 de la Constitución da a los extranjeros los mismos derechos que a los ciudadanos ecuatorianos y entre esos derechos están los de asociación, reunión, opinión y resistencia.

Hannah Arendt, que estudió la naturaleza del Estado totalitario y de la banalidad del mal, alertó sobre la posibilidad perversa de que un día el Estado, con toda su capacidad y violencia, entre en la vida de una persona para destruir sus proyectos, sin que pueda defenderse. Eso hicieron con Manuela Picq, quien decidió partir a Brasil la tarde del 21 de agosto, entre lágrimas y con la promesa de volver al país que eligió como su hogar.

La vergonzosa y xenófoba persecución judicial y administrativa en contra de la prestigiosa profesora es una muestra más de los abusos y arbitrariedades que el Gobierno autoritario de Correa comete en su capricho por desmantelar el sistema democrático y las libertades públicas. En mi calidad de periodista y columnista ecuatoriano, lo consigno como un acto de perversa persecución política y de discriminación en contra del legendario movimiento indígena, al que pertenece Manuela Picq desde su unión con Carlos Pérez Guartambel.

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