Cuando el desalojo llama a la puerta

Familia Gálvez Migueles. (14ymedio)
La familia Gálvez Migueles. (14ymedio)

Miran por las ventanas y sólo abren la puerta a gente que conocen. Las tres mujeres, junto a la bebé de apenas un año, recibieron una de esas citaciones que le para los pelos de la nuca a cualquiera. Con cuños, firmas y tono oficial, el Instituto de la Vivienda les comunicó que debían abandonar el inmueble antes del pasado viernes.

En medio de esta desgracia se encuentra en estos momentos la familia de Sara Elvira Migueles. La señora vive en uno de esos bloques de concreto, de apenas tres pisos, que la humedad y la falta de mantenimiento hacen parecer ruinas antiguas aunque sólo tengan unas décadas. Junto a sus hijas –Marinelvis y Rosaima– y su pequeña nieta Aynoa, Sara ve el amanecer desde el reparto Altahabana, una barriada que de "alta" sólo tiene las tarifas de los taxis colectivos que llegan hasta allí.

He llegado hasta su hogar a raíz de una denuncia que mandó a 14ymedio el hijo mayor de la familia, Juan Carlos Gálvez Migueles, que reside actualmente en un país de América del Sur. Desde las escaleras se siente la tensión. "¿Viniste sólo?", pregunta Sara cuando toco a la puerta sin muchas esperanzas de que me abran. Motivos tiene para desconfiar. Yo podría ser un inspector camuflado de reportero y tenderles una trampa. Sólo hay una institución a la que se le teme tanto como a la Seguridad del Estado, y es el Instituto de la Vivienda.

Los desalojos en Cuba no son cosa del pasado republicano, como refleja la propaganda oficial. Los desahucios siguen llevándose a cabo, con la ayuda de la policía y, a veces, de los llamados "factores", miembros de los Comités de Defensa de la Revolución y militantes del grupo zonal del Partido Comunista.

Ante el creciente déficit habitacional, una de las peores pesadillas que puede vivir un cubano es el desalojo. El hecho toma tintes de catástrofe por las pocas opciones para resarcir la pérdida de un inmueble. Es un trauma, sobre todo cuando hay menores de edad implicados. Hay gritos, llantos, niños quitados de los brazos de sus padres para obligar a estos a salir del inmueble y –a veces– los vecinos se solidarizan con las víctimas y gritan frases de "¡abusadores!" "¡déjenlos!" "¡no los saquen!". Pero en muy pocas ocasiones se logra parar un desahucio que ya ha comenzado.

“Vinieron el pasado miércoles y tocaron la puerta tan fuerte que parecían los dueños de la casa”, cuenta Marinelvis

Para mayores complicaciones, el inmueble en el que habitan Sara y su familia es propiedad del Instituto de la Vivienda. "No nos han dado ninguna opción", lamenta la mayor de las mujeres, mientras va desgranando la historia de cómo llegaron hasta la actual situación.

"Vinieron el pasado miércoles y tocaron la puerta tan fuerte que parecían los dueños de la casa", cuenta Marinelvis. "Amenazaron con llamar a la policía y sacarnos a la fuerza de aquí". Con la pequeña Aynoa en brazos, la joven madre pone su instinto protector por delante de todo. "Yo para la calle no me voy... van a tener que sacarme a la fuerza".

Su vida se parece a la de muchos inmigrantes de otras regiones del país llegados a la capital. La familia es oriunda de San Nicolás de Bari, provincia de Mayabeque, y llegó a La Habana cuando el hijo mayor logró un empleo que incluía la casa donde ahora habitan. Atrás dejaron una propiedad que, según cuentan, no poseía las condiciones mínimas para vivir en ella.

Los problemas comenzaron cuando Juan Carlos, el hijo mayor de Sara, decidió emigrar. Graduado de derecho, se especializó en temas relacionados con la propiedad de inmuebles y se convirtió en Especialista Principal de la Subdirección Jurídica de la Vivienda Provincial de La Habana. En el año 2012 le fue asignado el apartamento en calidad de "vivienda vinculada" por ocupar él una plaza de cierta importancia. El contrato de la casa incluyó a su madre y hermanas, mientras que su sobrina Aynoa nació en el lugar.

Edificio en que vive la familia Gálvez. (14ymedio)
Edificio en que vive la familia Gálvez. (14ymedio)

En la Gaceta Oficial Nº 35 de 2011 fueron publicadas las regulaciones vigentes para las "viviendas vinculadas", llamadas así por estar asociadas a alguna entidad estatal. Estos inmuebles son manejados por la institución a la que pertenecen, para entregarlos a directivos, cuadros administrativos y otro personal. El mecanismo se ha prestado en las últimas décadas para fomentar el clientelismo, la corrupción y la fidelidad ideológica, pero también ha motivado injusticias y numerosos dramas.

La abogada Yaremis Flores, en referencia al caso de la familia Gálvez Migueles, asegura que "todavía hay mucho camino legal por recorrer". Según la jurista, la familia debe ser notificada en las próximas semanas de su condición de "ocupante ilegal" y aún así podría apelar la decisión. "Si hay una menor de edad, que nació en el inmueble, la situación se vuelve más complicada".

“¿Acaso Marino Murillo –actual asesor para temas económicos del presidente Raúl Castro– tiene más derecho que mi familia?”

Una de las grandes ironías de este caso es que Juan Carlos Gálvez Migueles trabajó varios años como especialista de derecho en temas de vivienda. Por sus manos pasaron casos que ahora rememora con molestia. "¿Acaso Marino Murillo –actual asesor para temas económicos del presidente Raúl Castro– tiene más derecho que mi familia?", se cuestiona el jurista, pues asegura saber la forma en que el funcionario logró tener su actual casa ubicada en el municipio Playa.

Según afirma Gálvez Migueles, el inmueble en el que habita el también miembro del Consejo de Estado "era medio básico del Ministerio de Educación". "Pasó a ser propiedad de este ciudadano, sin trámite de desvinculación alguno", denuncia en una larga carta el jurista, quien durante más de un año se desempeñó como oficial operativo de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior en la provincia La Habana.

En medio de la angustia por la suerte de su familia, Gálvez ha decidido contar las irregularidades que dice haber presenciado durante su trabajo en el Instituto de la Vivienda. Desde el país donde reside y trabaja, trata de proteger a los suyos del desalojo que se les viene encima. Toda la operación tiene tintes "de venganza" según este hombre que un día decidió abordar un avión y comenzar desde cero.

Por lo pronto su madre y sus hermanas están decididas a echar la pelea. No tienen opción, pues según refiere Marinelvis, las instituciones oficiales no han cooperado. "Fui al Comité Central del Partido Comunista y al Consejo de Estado, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la Federación de Mujeres Cubanas... En todos dejé una carta explicando nuestra situación y la respuesta que me dieron es que debía salir de aquí lo antes posible".

Mientras las cartas van y vienen, unos ojos atentos miran por las ventanas a todo el que entra al edificio. Cualquiera que toque la puerta, puede traer la orden de desahucio emitida por el temido Instituto de la Vivienda.

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