Emigración, leyes y justicia

Miami/Dejar el país donde se nació implica un cambio de vida radical que prácticamente demanda una reinvención de quien lo hace.

Realizarlo en condiciones apropiadas, con los recursos necesarios y en el marco legal que demande el país receptor es un trauma, así que es difícil calificarlo cuando la decisión la toman otros –destierro– o simplemente el individuo se ve forzado a huir en busca de refugio o de una vida mejor sin contar con los documentos necesarios o recursos para pagar un buen bufete de abogados.

En fin, el futuro de los que huyen, más allá del calificativo de la huida, depende de las leyes del país que le acoge y del carácter y sensibilidad del funcionario que le procesa, quien, en el marco de una justicia humanística, debería valorar la tragedia que está padeciendo la persona que abandonó familias y bienes en procura de seguridad o una vida mejor, aspectos que, en mi modesta opinión, deberían tener en cuenta quienes aplican las leyes migratorias.

Sin embargo, hay otros casos migratorios que deberían ser tratados con severidad en procura de una justicia mayor, me refiero a quienes después de servir a una tiranía deciden abandonarla en procura de condiciones de protección o, aún peor, en comisión del disfrute de los bienes malamente adquiridos.

Después de servir a una tiranía deciden abandonarla en procura de condiciones de protección

Hago referencia a los funcionarios del castrismo y de cualquier otra dictadura, Nicaragua o Venezuela, que, al igual que el totalitarismo cubano, han sido hábiles en contratar mercenarios que, después de ser cómplices directos o indirectos de todas las tropelías de esos regímenes, los abandonan cuando la situación se deteriora o simplemente un funcionario de mayor rango los miró de reojo.

Esta reflexión es producto de una conversación con el escritor José Antonio Albertini en referencia al caso de un sujeto de nombre Jorge Javier Rodríguez Cabrera, quien fue correo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y formó parte de la aristocracia del totalitarismo castrista al contar con la amistad del esbirro mayor conocido como El Cangrejo, nieto y escolta de Raúl Castro, lo que le facilitaba, según el diario local, “vínculos con la élite militar cubana”.

Hay que tener en cuenta que prestar servicios de correo diplomático en cualquier país demanda una gran confianza y, en Cuba, los requerimientos para esa posición exigen una lealtad política relevante, además que ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidiendo todo una actitud “revolucionaria”, que implica pasividad ante los abusos en los que incurran las autoridades, uno de los aspectos que abordó Jose Martí en sus escritos cuando expresó: “Ver con calma un crimen es cometerlo”, y más criminal que el sistema totalitario cubano hay que buscarlo con microscopio electrónico.

En Cuba, los requerimientos para esa posición exigen una lealtad política relevante

Termino apuntando que parto de la premisa que todo Estado tiene el supremo derecho de cuidar sus fronteras y determinar quién accede o no a su territorio. Una vergonzante muestra de ese atributo fue la negativa de los gobiernos de Cuba, Estados Unidos y Canadá al negarle, en 1939, el permiso de entrada a sus puertos al buque San Luis, que transportaba casi un millar de judíos que huían del nazismo. Estas personas se vieron obligadas a desembarcar en puertos europeos terminando muchos de ellos trágicamente.

Soy un fervoroso creyente en la justicia y en las leyes, en el derecho de una defensa adecuada a la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso. Sin embargo, no puedo dejar de sentir aprensión ante la excarcelación de una persona que cuenta con los antecedentes antes mencionados, que laboró por un periodo de tiempo en una dependencia gubernamental que exige fidelidad y que ha practicado por décadas el espionaje contra este país.

No es justo, repito, que quienes han servido a una tiranía, la de Cuba o cualquier sitio, disfruten de la justicia ciega de una sociedad democrática porque cuenta con recursos para solventar una hábil defensa, en detrimento de quienes no tienen un centavo por haber combatido el régimen que oprimía su país, como sucede con los activistas de los derechos humanos, periodistas independientes y cualquier persona que ame la libertad y defienda sus derechos bajo los regímenes castrochavistas.