La oportunidad perdida en Bolivia

Bolivia/Los 12 años de gobierno de Evo Morales representan la gran oportunidad perdida de la historia del desarrollo social y económico de Bolivia. En estos 12 años, el Gobierno ha administrado más de 240 mil millones de dólares y al finalizar este tercer mandato, en enero de 2020, habrá superado los 300 mil millones de dólares. Sin embargo, los problemas estructurales de nuestra economía siguen sin resolverse y seguimos tan rezagados como antes ante los países latinoamericanos.

Un modelo estatista, que ha desinstitucionalizado la gestión pública y eliminado las licitaciones de las normas de contratación del sector público para las empresas y entidades del nivel central, provoca constantemente escándalos de corrupción, y despilfarro de los recursos públicos.

Qué nos queda hoy, 12 años después, o qué quedará el 2020, 14 años, cuando ya se hayan gastado 300 mil millones de dólares. Muy poco, sobre todo carreteras, la mayoría con costos altísimos que permiten presumir sobreprecios y una serie de empresas públicas que son verdaderos elefantes blancos.

En lo social, los avances han sido mínimos. La mayor parte de las mejoras en los índices responde a la ilusión de los promedios estadísticos o a la gestión de los niveles subnacionales

En lo social, los avances han sido mínimos. La mayor parte de las mejoras en los índices responde a la ilusión de los promedios estadísticos o a la gestión de los niveles subnacionales. La salud fue totalmente desatendida, incluso se deshicieron de esta responsabilidad, transfiriéndola, sin recursos, a municipios y gobernaciones. En 12 años, este Gobierno no fue capaz de invertir cuatro millones en instalar un solo acelerador lineal. La educación no se queda atrás en el abandono. Sólo les importó la ideologización de nuestros niños y jóvenes. La educación pública no prepara adecuadamente a la juventud boliviana para competir en una economía cada vez más exigente y globalizada.

En lo productivo, no supimos sembrar los ingresos extraordinarios que recibimos durante 10 años de precios altos del gas, los minerales y la soya. La economía no se diversificó y hoy es aún más dependiente de las materias primas.

En cuanto a los hidrocarburos, en 2006 habían cerca de 15 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de reservas de gas, hoy no sabemos cuántos quedan porque el Gobierno se niega a certificar las reservas, pero expertos estiman que actualmente no habrían más de 5 TCF de reservas recuperables, con lo que el país no tiene seguridad energética garantizada.

La minería quizás sea el sector que va a quedar más atrasado al finalizar la gestión de Evo Morales. Los proyectos grandes se están agotando y no existe ni siquiera perspectivas de exploración para reemplazarlos. A pesar de que se ha definido como lema gubernamental convertir a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica y que ya se compraron, sin licitación, turbinas de generación termoeléctrica, por un valor que supera los 1.200 millones, aún no se ha cerrado un solo contrato de exportación de electricidad.

Si no se cambian las políticas corremos el riesgo de que sigamos tranquilos hasta que se nos acabe la gasolina del avión en que volamos y, en ese momento, la realidad será muy dura

La industria manufacturera ha quedado muy disminuida, después de que por razones políticas se perdieran los mercados de confecciones, muebles, marroquinería y joyería. La industria agroalimentaria sufrió durante 10 años la prohibición de sus exportaciones y aún sufre una grave inseguridad jurídica sobre el derecho propietario de la tierra, además de las limitaciones legales para acceder a la tecnología genética, por lo que su crecimiento ha sido mínimo en superficie y volumen.

El modelo de crecimiento basado en el consumo ha producido en su mayor parte empleo informal y hoy más del 70% de los bolivianos trabaja en la informalidad, con toda la precariedad e inseguridad que esto implica.

Por su parte, la economía fiscal está siendo sostenida artificialmente por cálculos políticos/electorales. El déficit proyectado para 2018 ya supera los 3.000 millones de dólares y la capacidad de endeudarnos mediante bonos en el exterior, consumir las reservas internacionales, los ahorros de los Sistemas Integrales de Pensiones o confiscar recursos a gobernaciones y municipios llegará a su fin en el corto plazo. El país se encamina a una grave crisis de insostenibilidad de las finanzas públicas.

Algunos se tranquilizan pensando que no somos Venezuela o que aún no estamos en crisis, malas noticias: la fiesta se acabó y si no se cambian las políticas corremos el riesgo de que sigamos tranquilos hasta que se nos acabe la gasolina del avión en que volamos y, en ese momento, la realidad será muy dura, especialmente para los sectores más vulnerables.

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Nota de la redacción: Óscar Ortiz Antelo es senador boliviano y secretario general del grupo de oposición Demócratas.