Cuba 11J, amnistía para la libertad

La Policía controla el acceso al tribunal donde se efectuara el juicio contra los artistas en La Habana. (EFE)
El poder disuasorio de la Policía y del Código Pena han empujado al exilio a muchos manifestantes. (EFE)

Las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, o Jornadas de Julio, definieron algunos "por primera vez" en Cuba. No importa cuánto tiempo miremos atrás en nuestra Historia, no se encontrarán protestas de tal magnitud .

Por primera vez se produjeron reclamos estrictamente espontáneos, pero con conciencia; por primera vez ocurrieron en y recorrieron todo el país; por primera vez se unieron en el espacio público personas de todos los ámbitos sociales y de todas las generaciones e identidades; por primera vez la acción social contra un régimen militarizado fue fundamentalmente cívica; por primera vez no aparecieron corrientes o actores externos en el relato de las demandas; por primera vez la idea y la realidad del pueblo fueron genuinamente contrastadas con la narrativa sobre el pueblo construida por el régimen; por primera vez la legitimidad de la sociedad civil fue validada bajo la presión totalitaria misma; por primera vez el discurso oficial sobre la crisis fue desbordado por la clara conciencia social sobre sus auténticos responsables; por primera vez la identidad entre Cuba y Revolución, así en mayúscula, fue masivamente refutada; por primera vez no se demandaba solo la sustitución del poder sino un cambio en sus reglas; por primera vez una minoría social visible, expresando a las todavía mayorías silenciosas, expuso con claridad y de un modo abrumadoramente pacífico a un régimen de minoría en el poder; por primera vez se demostró que si Cuba es una excepción en las Américas, esta no pasa por el tácito "pacto de no-participación política" que muchos medios y sectores políticos pensaron se había firmado entre los cubanos y el Gobierno.

Por primera vez se produjeron reclamos estrictamente espontáneos, pero con conciencia; por primera vez ocurrieron en y recorrieron todo el país

Duramente reprimida como lo fue, sobre todo por las desproporcionadas condenas a los manifestantes y por la instrumentación política del sistema judicial a modo de escarmiento, en contraposición con cualquier noción mínima de Estado de derecho, esta profunda revolución ciudadana, que no se preparó en México ni desembarcó por Las Coloradas, vació de contenido la hegemonía política del Estado totalitario como conclusión de ese proceso lento de erosión ideológica de la Revolución cubana, bien visible a partir de los años 90 del siglo pasado.

Fue toda una revolución política desde abajo, abortada en sus demandas, que descolocó, arriba, una revolución de cuartel agotada en sus ofertas. Y aunque se reinstalan en la superficie, casi un año después de aquellos sucesos, una especie de ruidosa quietud de la sociedad junto a una fuga masiva de cubanos –a consecuencia del poder disuasorio de la policía y del Código Penal–, la dimensión política del 11J resume la ruptura entre una sociedad que se auto democratiza y un régimen cada vez más autocrático.

Las respuestas de la sociedad civil post 11J están siendo diversas. Sin embargo, todas confluyen en la exigencia de liberación de las y los presos políticos, en su mayoría jóvenes, condenados a penas de entre 4 y 25 años por el ejercicio de derechos constitucionales y de derechos humanos universales reconocidos, esencialmente aquellos a la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación.

Pero, después del 11J, ¿se trata solo de la liberación de las y los presos políticos y de conciencia? Considero que no. Las exigencias de liberación de todas y todos quienes han sido encarcelados por motivos políticos y de conciencia pasa por definir, establecer y asentar los pilares y el clima para el ejercicio mismo de estos y otros derechos, pero en libertad.

Lo que está en discusión esta vez es si la posible y necesaria liberación de las cárceles conduce a la clausura de la prisión política en Cuba

Lo que está en discusión esta vez es si la posible y necesaria liberación de las cárceles conduce a la clausura de la prisión política en Cuba. Ello, a diferencia de épocas pasadas, en las que destacaron la liberación de más 3.000 presos políticos, en 1977, y de los 75 presos de la mal llamada Primavera Negra de 2003, en 2011, solo para reproducir y aumentar la prisión política.

El éxito probable de las demandas y estrategias políticas para instaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos es un camino para cerrar este ciclo, uno no muy corto.

Participo junto a los que creen que son tiempos de amnistía para la libertad. La amnistía, en una visión compartida por instituciones como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y por abogados independientes dentro y fuera de Cuba, captura en un mismo proceso, aquí y ahora, siete reivindicaciones esenciales acumuladas en la sociedad cubana: la liberación de las y los presos políticos y de conciencia, un asunto de alta sensibilidad humana que toca a miles de familias; el fin mismo de la prisión política; el reconocimiento oficial del disenso; la prevalencia de los derechos humanos y constitucionales; la apertura institucional de un proceso democratizador con énfasis en la preeminencia de la ley; el establecimiento de un clima de reconciliación nacional para una democratización inclusiva, en un escenario beneficioso para todas las partes en el que impere la justicia, no la revancha, y el realismo político. Todo en un contexto en el que la conversación sobre las libertades ya ha rebasado el círculo de las élites.

Así se explica el proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso dado a conocer por el CTDC el pasado 30 de marzo de 2022 y que, para lo que podríamos llamar la clausura del presidio político, comprende la modernización de un nuevo Código Penal emparentada con el derecho en época colonial, que descriminalice de una vez las ideas y sus consecuencias cívicas.

Este proyecto tiene su respaldo en la Constitución y en la ley. Si 10.000 ciudadanos y ciudadanas firman el proyecto, la propuesta tendría la legitimación ciudadana necesaria que permitiría presentarla ante la Asamblea Nacional para su tramitación legislativa.

¿Está obligado el Gobierno a considerar esta u otra propuesta ciudadana? Moralmente sí, políticamente no. Por esa razón sería necesaria lo que denominaríamos cifra política: el número de firmas necesarias, dentro y fuera de Cuba, de cubanos y de amigos de la democracia en la isla, que desate un movimiento de inflexión y presión ciudadanas para alcanzar la justicia restitutiva. Frente a un gobierno que no escucha, la cifra legal no es suficiente a fin de que actúe con racionalidad, concepto de justicia y enfoque de derecho. En este sentido, la recogida de firmas se convierte en una plataforma ciudadana por excelencia, en medio de la criminalización estatal del derecho de manifestación, para la expresión legítima de la voluntad cívica de las y los cubanos, y del apoyo de quienes en la comunidad internacional quieran acompañarnos.

Los gobiernos democráticos y su sociedad civil pueden renovar su compromiso urgente y maduro con las libertades en este hemisferio

Con cuatro valores añadidos: el fortalecimiento de redes ciudadanas, la construcción de un entramado de solidaridad y deuda sociales con las y los presos políticos cubanos, la creación de un clima proactivo contra la violencia social y política que está envolviendo a la sociedad –a este clima le llamamos País Naranja–, y la relegitimación cívica de las demandas públicamente expresadas en las Jornadas de julio.

El apoyo de la comunidad internacional es decisivo. La globalización de los derechos es la única respuesta a la globalización de las autocracias. Como confirma la brutalidad rusa en su ilegítima invasión a Ucrania, la doctrina del realismo internacional sin idealismo moral atenta contra el realismo mismo. El orden liberal, que es el orden de los derechos, es el único en el que el propósito escrito de los Estados, la buena gobernanza para el bienestar, coincide con los medios para lograrlos: el ejercicio de las libertades dentro del Estado de derecho.

Los gobiernos democráticos y su sociedad civil pueden renovar su compromiso urgente y maduro con las libertades en este hemisferio, apoyando definitivamente las demandas pacíficas de libertad para todas y todos los presos políticos, también, en otro de sus países: Cuba, precisamente una de las fuentes históricamente crónicas de los problemas migratorios en la región. Derechos humanos, migración, prisión política conforman un vórtice crítico cuya solución exige un esfuerzo global y sistemático. El apoyo a la amnistía es una excelente expresión política de aquel compromiso, dual: con la democracia y con los derechos humanos.

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