La impunidad

A Cuba, en nombre de los derechos humanos, le exigen la impunidad de los que pretenden entregar, atados de pies y manos, la patria y el pueblo al imperialismo.

Fidel Castro, reflexión publicada en Cuba Debate el 19 de junio de 2008 bajo el título Estados Unidos, Europa y los Derechos humanos.

En la reciente declaración del ex presidente cubano sobre el levantamiento de las sanciones de la Unión Europea, aparece este texto que aquí citamos donde se refiere indirectamente a los 75 encarcelados de la primavera de 2003. Aquí se aclara, un lustro después, el motivo de la dureza en las sanciones impuestas, que oscilaban de entre 15, 20 y hasta 28 años de privación de libertad: Ahora comprendemos que esas personas no fueron condenadas por lo que hicieron, sino por lo que los acusadores suponían que pretendían hacer.

Porque aquel que en sentido directo, que no metafórico, entregara atados de pies y manos a la patria y al pueblo a un poder imperial merece un castigo severo. Se puede ser más general: aquel que ate de pies y manos a un pueblo para someterlo a un poder que le arrebate la soberanía debe ser llevado a la justicia. Los 75 prisioneros de la primavera negra nunca lograron semejante cosa y ni siquiera se pudo probar legalmente que era eso lo que pretendían. Sólo desde un punto de vista estrictamente político pudiera interpretarse que ese era su propósito, pero entonces habría que clasificarlos como presos políticos y eso negaría la versión oficial.

En el sentido directo de cualquier idioma, se ata a un pueblo de pies y manos no con una cuerda alrededor de las muñecas y los tobillos, sino cuando, con la fuerza de las armas o con el poderío de la ley, se le impide: cambiar el sistema político, elegir a sus gobernantes, expresar libremente sus criterios, asociarse según sus tendencias políticas, recibir información, salir y entrar del territorio nacional, desplegar iniciativas económicas.

Si estamos hablando de exigir impunidad, habría que agregar que, ni siquiera en nombre de la justicia social, un estado puede reclamarla para inmovilizar al pueblo que gobierna.