Más de 60.000 presos trabajan en condición de esclavitud en Cuba

Madrid/Una investigación de la organización Prisoners Defenders denuncia que al menos 60.000 personas privadas de libertad en Cuba son sometidas a trabajo forzoso. Esta práctica está normalizada e institucionalizada, y apunta al beneficio económico del Estado, tanto para la producción interna como para la exportación, asegura el estudio presentado este lunes en Madrid y Bruselas.

El informe, titulado El negocio penitenciario de Cuba: 60 mil prisioneros son usados como fuerza laboral esclava, se basa en 53 testimonios directos –tomados entre abril y agosto de este año– y en decenas de entrevistas adicionales. También utiliza documentos oficiales, información institucional y bases de datos verificadas por el Institute for Crime & Justice Policy Research, de la Universidad de Londres.

La ONG, con sede en Madrid, estima una población penitenciaria de unos 90.300 internos tras las rejas y otros 37.458 bajo régimen de mínima seguridad. Se calcula que casi la mitad de todos esos reclusos realiza trabajo forzoso, incluyendo tanto a quienes cumplen condena en prisiones como a los que están en establecimientos de menor internamiento.

El 100% de los declarantes (53 de 53) aseguró haber sido obligado a trabajar bajo coacción, amenazas, violencia o represalias. La gran mayoría (69,8%) no firmó contrato laboral ni recibió documentos que regularan su vínculo, y casi todos (98,1%) trabajaron sin herramientas, capacitación ni útiles necesarios. Además, el 96,2% estuvo expuesto a riesgos graves derivados de las condiciones climáticas y ambientales, mientras que el 45,3% sufrió violencia física durante el trabajo.

También sobresale el trabajo en la construcción, usualmente para hacerles sus casas particulares a los mandos de la Seguridad del Estado de las prisiones

Los efectos sobre la salud fueron significativos. El 81,1% reportó graves deterioros físicos y psicológicos. En términos de remuneración, la mayoría no percibía un salario real: de los 35 que supuestamente tenían asignado un pago, 18 no recibieron ninguna remuneración, 25 tuvieron retenciones para cubrir herramientas, ropa o comida, y 9 percibieron solo cantidades simbólicas, inferiores a 4 dólares al mes.

Un preso de 47 años, con ciática crónica, ceguera parcial y úlcera, relata que fue obligado a cargar piedras, escombros, cortar marabú y limpiar fosas en la misma prisión. Dice que su visión empeoró hasta perder un 90%, que apenas puede caminar, que su úlcera se agravó por la mala alimentación y que sufrió la mutilación de un dedo por las pésimas condiciones de trabajo.

A la vista de los resultados del estudio, se pudo comprobar que el 94,34% de los 53 presos declarantes fueron obligados a trabajar con enfermedades incompatibles con desempeños brutales, como la producción de carbón, el corte de caña de azúcar y la agricultura. También sobresale el trabajo en la construcción, usualmente para hacerles sus casas particulares a los mandos de la Seguridad del Estado de las prisiones.

Las mujeres presas denuncian que realizan trabajos físicamente inadecuados, sin higiene ni protección. Relatan que incluso las embarazadas o las que padecen enfermedades graves son obligadas a trabajar en condiciones degradantes. Una reclusa con VIH y enfermedad pulmonar cuenta que sufrió una herida de seis puntos en la mano por falta de protección. No solo se le negó la atención médica adecuada, sino que le impusieron una infracción por merendar, a pesar de ser una paciente vulnerable.

Una mujer de 28 años, presa política en libertad condicional, fue asignada a trabajar en un hospital sin que le proporcionaran productos de higiene ni equipos de protección. Fue amenazada con volver a la prisión de mayor rigor si no cumplía. Otra reclusa, de 22 años, denuncia que fue obligada a limpiar calles estando enferma, recién operada de las muelas, sin herramientas ni descanso suficiente.

Las condiciones son “inhumanas”, dicen los internos

Los testimonios coinciden en que el Estado no realiza evaluaciones médicas previas al trabajo ni seguimiento periódico. No hay supervisión adecuada y los reclusos están expuestos a riesgos de todo tipo, sin capacitación ni medidas de seguridad. Una presa asegura que trabaja en un hospital grande, sin agua, cargando cubos y subiendo escaleras, con enfermedad de ovarios y la mano lesionada. Dice que limpia sin guantes ni protección, expuesta a todo tipo de infecciones.

Varios presos afirman que trabajan con un promedio de carga laboral de 63,06 horas semanales repartidas en jornadas de 6 a 7 días por semana y una media de 10 horas de trabajo diarias. Muchos han sufrido accidentes laborales –cortes, esguinces, heridas sin atención médica inmediata– y quienes padecían enfermedades crónicas han visto su salud deteriorada.

Las condiciones son “inhumanas”, dicen los internos: no hay agua potable, las herramientas son insuficientes, sufren violencia física y psicológica y las jornadas son agotadoras. En muchos casos trabajan sin pago o con salarios simbólicos que van desde el equivalente a menos de un dólar hasta siete dólares al mes. Encima, muchos deben pagar de su propio bolsillo sus instrumentos de trabajo. 

El informe documenta además casos de presos de conciencia que fueron forzados a trabajar en las mismas tareas. A quienes se niegan, se les retiran las salidas, las visitas y otros beneficios penitenciarios.

Muchos productos cubanos –como el carbón vegetal de marabú y el azúcar de caña– terminan en los mercados de países europeos

Prisoners Defenders denuncia que Cuba incumple sus obligaciones en tratados internacionales como el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Además, recuerda que la legislación europea prohíbe la importación de productos elaborados en condiciones de esclavitud moderna. Sin embargo, muchos productos cubanos –como el carbón vegetal de marabú y el azúcar de caña– terminan en los mercados de países europeos como España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía.

Para quienes denuncian, los efectos van más allá del trabajo físico, se trata de un proceso de deshumanización sistemática. Los familiares de los presos políticos aseguran que sus seres queridos regresan de las faenas con marcas de castigos y bajo amenazas constantes. Uno de los testimonios afirma que “el régimen, en prisión, no solo se vale de sus gendarmes, también utilizan a presos comunes de las más bajas calañas para intimidar, hostigar y torturar a los prisioneros de conciencia con toda impunidad”. Otro informe reciente de Prisoners Defenders eleva a 1.185 el número de presos políticos en Cuba.

La investigación sostiene que no se trata solo de abusos individuales, sino de un modelo económico. La explotación de reclusos se ha convertido en un motor de exportación y en un factor de competencia desleal para productores que respetan normas laborales y derechos humanos.

Empresarios, distribuidores e importadores en el extranjero podrían estar recibiendo productos elaborados en condiciones de esclavitud moderna, aun sin saberlo. Esa cadena implica responsabilidad legal –según las leyes nacionales e internacionales– y responsabilidad moral.

Prisoners Defenders, junto al Relator Especial de Naciones Unidas para las Formas Contemporáneas de Esclavitud, exige investigaciones independientes sobre las condiciones laborales en prisiones y correccionales. Piden que los países importadores indaguen en la procedencia de productos cubanos y sancionen el comercio con trabajo forzoso conforme a la ley. También reclaman que la comunidad internacional mantenga la atención sobre la situación de los presos políticos, cuya condición de disidentes suele agravar los abusos.