Archipiélago denuncia el acoso de la Policía cubana a sus simpatizantes

Las citaciones se dirigen ya no solo a firmantes de la convocatoria, sino a quienes simplemente la apoyan en sus redes

Así apareció la vivienda de Yunior García Aguilera, miembro de Archipiélago, el pasado viernes. (Twitter)
Así apareció la vivienda de Yunior García Aguilera, miembro de Archipiélago, el pasado viernes. (Twitter)

Más de 1.200 personas se exponen a ser llamadas por la Seguridad del Estado cubano por el mero hecho de haber firmado las cartas de apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago. Según denuncia el colectivo, la policía política está citando no solo a sus miembros, sino a todas las personas que manifestaron su apoyo a la cita firmando e incluso a quienes solo han expresado su adhesión a través de sus redes sociales.

"¿Cuál puede ser la motivación para que ciudadanos honrados sean citados de esta manera? ¿Ven acaso algún peligro en el ejercicio de los derechos humanos que nuestra Constitución reconoce y ampara?", reclama el comunicado de Archipiélago publicado este domingo en Facebook.

El colectivo considera que estas citaciones forman parte de la estrategia del Gobierno de impedir no solo la celebración de las marchas sino cualquier muestra de adhesión que le haga, entre otras cosas, perder el relato de la batalla ideológica.

El colectivo considera que estas citaciones forman parte de la estrategia del Gobierno de impedir no solo la celebración de las marchas sino cualquier muestra de adhesión que le haga perder el relato de la batalla ideológica

Este mismo domingo, en el discurso de clausura del Pleno del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel aseguró que el país cuenta con "suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir la Revolución". Para sostener esta tesis, por tanto, es importante que las marchas no cuenten con respaldo público ni que parezca que lo tienen.

Un objetivo buscado también mediante la imposición de largas sentencias de prisión para algunos manifestantes del 11J, como denuncia este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en un comunicado. "El Gobierno cubano ha utilizado su talante represivo en función de silenciar a los familiares de las víctimas y a las propias víctimas de la represión del 11J, unas veces con amenazas y otras con falsas promesas. Estamos seguros de que el temor a las represalias silenciará a muchos, y que solo con el paso del tiempo podremos conocer en profundidad la dimensión del castigo", dice la organización, con sede en Madrid.

Archipiélago explica que tiene conocimiento de que a las personas citadas se les recrimina su apoyo a la Marcha Cívica y se les recuerda que ha sido prohibida y declarada ilegal.

"Es nuestro deber ciudadano recordarle a las autoridades de la DSE [Seguridad del Estado] que suscribir cartas dirigidas a intendencias o gobiernos locales, ya fueran para petición o queja, constituye un derecho reconocido en el artículo 61 de la Constitución de 2019", señala el comunicado, que repasa otros artículos de la Carta Magna que amparan el derecho a la protesta, a la expresión de respaldo a una posición y a la garantía de disfrute de los derechos humanos sin discriminación posible, incluida la política.

Archipiélago convocó las Marchas Cívicas por el Cambio en distintas ciudades de la Isla para el próximo 20 de noviembre, aunque tomó la decisión de adelantarlas cuando el Gobierno declaró ese como el Día de la Defensa Nacional, y como punto y final tras dos días de maniobras militares. Sin embargo, y a pesar de que la organización entregó las solicitudes en tiempo y forma con los fundamentos jurídicos que les amparan, la autorización ha sido denegada.

"Si las autoridades tienen preocupación con respecto a que los ciudadanos cubanos manifiesten su descontento con la situación actual del país, no nos den motivos"

Pero esto no ha bastado y, ante el crecimiento del apoyo a las marchas y la plataforma Archipiélago dentro y fuera de la Isla, las autoridades han declarado ilegal la celebración de estas movilizaciones que buscan manifestar el desacuerdo de la población con la violencia, exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.

Desde Archipiélago, cuyos miembros han sido advertidos, difamados en la prensa oficial, citados para ser amenazados con ir a juicio y acosados incluso en sus viviendas, recuerdan que "si las autoridades tienen preocupación con respecto a que los ciudadanos cubanos manifiesten su descontento con la situación actual del país, con el deplorable tratamiento a los que disienten, con las violaciones de los derechos humanos y que denuncien públicamente todas las violaciones y deficiencias del sistema imperante en Cuba imperante en Cuba, [no] den motivos".

Archipiélago anunció este domingo la creación de una Comisión Independiente de Apoyo a los manifestantes del 15N, presidida por presidida por Ivette García González e integrada por Ernesto Pérez Alonso, Eloy Viera Cañive, José Ottoniel Vázquez, Erick Brito Barrios y otros activistas, intelectuales, juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.

El objetivo es servir de puente a los ciudadanos que deseen manifestarse y necesiten apoyo para presentar denuncias sobre las acciones represivas, ya sea de naturaleza física o psicológica. Además, se ponen al servicio de familiares y amigos de estas personas y facilitan unas direcciones de contacto para canalizar la comunicación.

"No es el ejercicio de los derechos constitucionalmente refrendados lo que pone en peligro el orden establecido, sino la irresponsable gestión del Gobierno y el proceder arbitrario de las autoridades; la persistencia y agravamiento de estos problemas, lejos de desanimar nuestra intención de manifestarnos la fortalece", recuerda Archipiélago, que sigue instando a los cubanos que lo deseen a marchar el 15 de noviembre o, en su defecto, utilizar sus espacios para apoyar las manifestaciones exponiendo banderas en los balcones entre otros distintivos.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba subraya la urgencia con que debe definirse e instaurarse un Estado Constitucional y Democrático de Derecho en Cuba

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) ha enviado un comunicado para volver a respaldar las marchas y recordar que los términos en que se está llevando este debate subrayan la urgencia con que debe definirse e instaurarse un Estado Constitucional y Democrático de Derecho en Cuba

En el texto repasan por qué la convocatoria de Archipiélago se ajusta completamente a las normas jurídicas cubanas, incluída la Constitución de 2019, y prohibirla es ir en contra de las propias leyes nacionales y la mayoría de acuerdos internacionales que mantiene Cuba con otros países y comunidades, entre ellas la Unión Europea o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

"La legitimidad de la sociedad civil y de los actores democráticos no depende de la autarquía. En cuyo caso carecería de legitimidad la llamada revolución cubana", destaca el texto, que recuerda el apoyo que algunas iniciativas, como el propio levantamiento contra Batista, han recibido solidaridad internacional sin que se considere injerencia.

Manuel Cuesta Morúa, coordinador del CTDC, fue el primer citado por la Seguridad del Estado en relación a las Marchas Cívicas por el cambio cuando aún estaban previstas para el 20N y ya en aquel momento se le dijo por adelantado que no iban a ser permitidas.

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