El 27N pide a la Asamblea Nacional la revocación de mandato del ministro de Cultura

La petición la firman 1.255 cubanos, entre ellos Ernán López-Nussa, Haydée Milanés o Carlos Garaicoa

Carolina Barrero y Solveig Font con la petición entregada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tiene su sede en el Capitolio de La Habana (Facebook 27N)
Carolina Barrero y Solveig Font con la petición entregada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tiene su sede en el Capitolio de La Habana (Facebook 27N)

El grupo 27N presentó la mañana de este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un recurso legal para pedir la revocación de Alpidio Alonso como diputado y como ministro de Cultura.

Se trata de una respuesta jurídica a los sucesos del pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura, cuando Alonso encabezó la agresión a una veintena de artistas que realizaban un plantón pacífico frente a la sede oficial.

La petición fue entregada por Solveig Font y Carolina Barrero, en nombre de 1.255 ciudadanos que la firman. Entre ellos, numerosos miembros prominentes de cultura cubana, dentro y fuera de la Isla, como Rafael Rojas (historiador exiliado en México y hermano del viceministro Fernando Rojas), Iván de la Nuez, Tania Bruguera, Lázaro Saavedra o René Francisco. Es la primera vez que firmas como la de los músicos Ernán López-Nussa y Haydée Milanés, la escritora Wendy Guerra o el artista Carlos Garaicoa figuran en una iniciativa semejante.

"No puede ser servidor público quien se ufane del uso de la violencia para limitar impunemente derechos ciudadanos"

El grupo precisa que la recogida de firmas sigue vigente y cualquier cubano puede dejar su nombre y apellidos a través de la publicación de la página de Facebook del 27N o escribiendo al correo 27n.comunicaciones@gmail.com, acompañándolo de su número de identidad si lo desean.

Tras los sucesos del pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura, el grupo explicó sus razones para hacer esta petición: "Como ciudadanos de la República de Cuba creemos en la reivindicación pacífica de nuestros derechos y condenamos enfáticamente toda manifestación de violencia, en particular, cualquier manifestación de violencia gubernamental impulsada desde las instituciones y ejercida por funcionarios públicos".

Apelan también a la responsabilidad que tiene el Gobierno de cesar al ministro si este no dimite por voluntad propia. "Los funcionarios públicos deben actuar desde el civismo, la transparencia y el respeto a la dignidad humana. No puede ser servidor público quien se ufane del uso de la violencia para limitar impunemente derechos ciudadanos", expresan.

El grupo precisa que la petición se acoge al Artículo 8 de la Ley de Revocación de Mandato, según el cual los elegidos a los órganos del Poder Popular pueden ser revocados por incurrir en hechos que los hagan desmerecer del buen concepto público y manifestar una conducta incompatible con el honor de ser representante del pueblo.

La petición está igualmente amparada por el Artículo 61 de la Constitución, donde está expresado el derecho ciudadano a dirigir peticiones ante las instituciones y autoridades gubernamentales, además de otros artículos constitucionales y del Código Penal.

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