Callar o denunciar: el dilema de los familiares de los detenidos el 11J

Son cada vez más los que rompen el silencio para reclamar la excarcelación inmediata o señalar las irregularidades

Yunior Villarejo Estévez y Eduardo Manuel Báez detenidos por las protestas populares de julio pasado. (Collage)
Yunior Villarejo Estévez y Eduardo Manuel Báez detenidos por las protestas populares de julio pasado. (Collage)
Luz Escobar

15 de agosto 2021 - 15:37

La Habana/Los familiares de los manifestantes detenidos el pasado 11 de julio se debaten entre la denuncia pública o mantener un perfil bajo para evitar complicar aún más la situación de su pariente, pero son cada vez más los que rompen el silencio para reclamar la excarcelación inmediata o señalar las irregularidades del proceso judicial.

"Llevo un mes que no puedo conciliar el sueño", cuenta a 14ymedio Eduardo Báez padre de Eduardo Manuel Báez de 22 años, quien fue detenido junto a su novia una jornada después de las manifestaciones. Ella fue liberada con 8.000 pesos de fianza pero el joven profesor de informática sigue arrestado. "No hemos podido verlo ni hablar con él", relata el padre desde Güines, Mayabeque.

"Lo estaban acusando por el delito de desorden público, pero también por robo con fuerza, que es el cartelito que le colgaron a los que, presuntamente, participaron en los hechos de las tiendas en MLC, que ocurrió junto con las protestas cuando el pueblo entero se lanzó contra estos establecimientos propiedad del ejército", detalla.

"Llevo un mes que no puedo conciliar el sueño", cuenta a 14ymedio Eduardo Báez padre de Eduardo Manuel Báez de 22 años, quien fue detenido junto a su novia una jornada después de las manifestaciones

Los mercados en divisas fueron la diana de la furia popular en varias localidades, donde los ciudadanos rompieron las vidrieras y saquearon los anaqueles. Gestionados por la corporación Cimex, un conglomerado militar que controla amplios sectores del comercio, estos locales se han ganado el encono social por vender alimentos y productos básicos en moneda extranjera.

"Como las tiendas de MLC son del ejército", precisa Báez, "es la fiscalía militar la que acusa" y añade que ni siquiera le han permitido contratar un abogado. El miércoles pasado la situación se complicó aún más para la familia cuando supieron que el joven había dado positivo a covid-19 en un centro penitenciario en San José de las Lajas, Mayabeque.

El nombre de Báez es uno de los cientos incluidos en la lista de detenidos y desaparecidos del 11J que han redactado varias activistas a pesar de los tropiezos: "En Santiago de Cuba han pasado cosas aberrantes como que han excarcelado a la persona y le han quitado el celular y también a la familia inmediata, por tanto están días sin poderse comunicar con nadie, entonces eso complica mucho la actualización", comentó a 14ymedio la periodista Ivette Leyva que ha contribuido en la elaboración del listado.

Según este listado, del total de denuncias recogidas, 164 son mujeres y 672 son hombres. Aún existen 170 casos que están en proceso de verificación y se cuentan en 168 los detenidos, al tiempo que 197 personas han sido excarceladas, aunque la mayoría está en reclusión domiciliaria.

El nombre de Báez es uno de los cientos incluidos en la lista de detenidos y desaparecidos del 11J que han redactado varias activistas a pesar de los tropiezos

Báez está preocupado de que se estén ensañando con su hijo: "Muchas personas que estuvieron en las tiendas y que se les ocupó artículos sustraídos de estos establecimientos, ya han sido puestas en libertad, incluso sin fianza". Viendo ese panorama se pregunta: ¿cuál es el problema con mi hijo, existe alguna saña contra él?".

"Él no es un vándalo, no es un ladrón, a mi hijo solo le gusta jugar vídeo juegos y la informática. Es un hombre con mente de niño, un joven lleno de pobreza que solo vive de su salario mensual", expresa entre el orgullo y el dolor. "Como padre estoy desesperado", concluye Báez.

Odalys Estévez, madre de Yunior Villarejo Estévez de 30 años, también ha optado por denunciar la situación de su hijo detenido el 11 de julio en La Habana. La mujer relata que en el juicio sumario que se le realizó el pasado 20 de julio, Villarejo recibió una sentencia de 10 meses de privación de libertad por "desorden público" y está en la prisión de Valle Grande.

Arrestado en la intersección de las calles Reina y Belascoaín, en Centro Habana, el joven fue golpeado durante el arresto por agentes de la Seguridad del Estado que lo sacaron con violencia de la manifestación: "Tengo los videos. Yo tenía esperanzas de que lo soltaran con una medida cautelar aunque sea domiciliar para la casa y no lo hicieron", cuenta la madre.

Según este listado, del total de denuncias recogidas, 164 son mujeres y 672 son hombres. Aún existen 170 casos que están en proceso de verificación y se cuentan en 168 los detenidos

"No ha habido ningún tipo de consideración, él no hizo nada. Le dieron golpes porque simplemente levantó el teléfono (...) yo no puedo más, no sé qué voy a hacer, mi hijo es inocente, tremenda injusticia que han cometido con él", opina.

Otros han recibido mejores noticias a pesar de los tristes días vividos. Es el caso de los familiares de Reyniel Pacheco que recién informó que el joven ya había sido excarcelado.

"Hoy quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyaron con la libertad de mi hermano, ya lo soltaron", escribió en su perfil de Facebook Yani Pacheco, hermana del detenido. Pacheco estuvo incomunicado desde el día 12 de julio cuando fue arrestado y pasaron varias semanas en paradero desconocido hasta que en una llamada desde la prisión de Quivicán, un recluso les advirtió de su paradero.

En un caso similar está Damián Yacel Hernández Viera, uno de los manifestantes que salió el 11 de julio a las calles del municipio Quivicán, provincia de Mayabeque, y al que las autoridades de ese territorio le notificaron que todos los cargos judiciales que se le imputaban serían retirados. A Hernández también le devolvieron los 8.000 pesos de la fianza que había pagado.

Mientras tanto, decenas o cientos de familias se niegan a hablar con la prensa independiente o de reportar el arresto de un pariente. Se aferran a la idea de que mantener la discreción podría ayudar a su pronta excarcelación. Con sus reportes, la cifra de los detenidos durante aquella jornada y los días posteriores podría aumentar considerablemente.

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