Cuban Prisoners Defenders sitúa en 127 los prisioneros políticos en la Isla

La organización exige a los diplomáticos que reclamen la liberación de todos ellos

En sus manos, Daniel Llorente lleva tatuadas las banderas de Cuba y Estados Unidos. (Cortesía)
Daniel Llorente, el hombre la bandera, fue presionado para salir del país ante las amenazas de arresto. (Cortesía)
14ymedio

06 de agosto 2019 - 16:17

La Habana/Una de las cifras más controvertidas y esperadas sobre la represión en Cuba ha sido actualizada por Cuban Prisoners Defenders (CPD). La organización independiente asegura que en la Isla suman 127 los prisioneros políticos y exige a los diplomáticos extranjeros que reclamen su liberación.

En un informe publicado el 1 de agosto, CPD desglosa la cifra en tres grupos y asegura que en las cárceles cubanas hay 73 convictos de conciencia "con acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento".

Durante el mes de julio se sumó a esta lista Reinaldo Rodríguez Hernández, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, "condenado a un año de prisión por un falso delito de 'resistencia'", mientras que fue indultado Humberto Rico Quiala, a punto de ser considerado preso de conciencia. El activista Yasser Rivero Boni también fue excarcelado tras pasar cinco meses en prisión por el delito de desacato.

La CPD recuerda "que los logros de libertad para este tipo de casos no son atribuibles a cambios en el régimen", sino para evitar la condena internacional. "Es necesario, recordamos al cuerpo diplomático, ser más valiente y menos oportunista, si realmente queremos lograr cambios efectivos en este régimen que lleva 60 años engañando al mundo entero", piden en el informe.

En el segundo grupo, Cuban Prisoners Defenders clasifica a 24 presos como "condenados de conciencia" porque "sufren trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad o libertad condicional bajo amenazas, y que el régimen, además, acostumbra a revocar y volver a insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad pro-democrática".

En ese listado se inscribe la revocación y privación de libertad de Misael Espinosa Puebla que, "a pesar de cumplir con la presentación periódica ante las autoridades toda su condena domiciliaria, continuó con su firme posición frente al régimen, y ha sido ingresado en prisión de nuevo en junio".

Según el informe, a estos prisioneros se les imponen trabajos alejados de sus "cualificaciones profesionales y que no permiten ni mínimamente el sustento", lo que "constata la humillación como método de tortura psicológica en los condenados de conciencia para evitar su reincidencia pro-democrática".

El otro grupo que integra la lista, lo componen 30 presos políticos, entre ellos Elías Pérez Bocourt, quien fue liberado el pasado mes tras cumplir 27 años y 192 días de condena por los delitos de "cómplice de asesinato y piratería", en el caso del Club Náutico de Tarará, donde murieron cuatro policías.

Particularmente grave es también la situación de las 10.000 personas que están en prisión, según el recuento de la CPD por delitos de conciencia tipificados en el Código Penal como predelictivos. La cifra, indica la organización, ha sido facilitada por un alto cargo del Gobierno con el que mantienen contacto, "un importante dirigente del régimen, reformista y contrario al estado de represión incontrolada actual". Solo en La Habana el dato asciende a 1.800.

Este tipo de condenas han sido denunciadas en múltiples ocasiones por organizaciones como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alertan contra una ley que castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han cometido. A esto se suma la estrategia, muy utilizada en los últimos años, de impedir viajar a activistas o periodistas fuera de Cuba diciéndoles que están "regulados". La organización Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) advierte también de que últimamente se está utilizando otro mecanismo de control consistente en ofrecer a disidentes salir del país como alternativa a su expulsión, de modo que consiguen que la salida sea "voluntaria".

Prisioners Defenders ha analizado también la duración de las condenas, cuya media está en los 3 años y 8 meses, dos meses más que el año anterior.

En el caso de los presos a los que se ha añadido un delito común solapado con el de conciencia, la cifra se dispara, siendo la pena más habitual la cadena perpetua.

En más del 73% de las condenas por motivos políticos se ha añadido un agravante de delito común, una práctica habitual para que estos reos no puedan ser considerados de "conciencia" exclusivamente y por lo que la organización recomienda que cualquier protesta o acto de oposición sea pacífico evitando así la posibilidad de recibir más de 20 años. Prisioners Defenders asegura que está consiguiendo que las organizaciones de derechos humanos consideren estos como casos de conciencia.

La Unpacu, con 49 activistas de conciencia, convictos o condenados, aporta un 51% de los reos contabilizados por la organización.

Cuban Prisoners Defenders, vinculado a la Unpacu, es un grupo de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de grupos de activistas de la Isla y familiares de presos políticos para recabar datos.

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