EE UU pide la liberación de los manifestantes cubanos detenidos en el 11J

Bárbara Farrat se muestra esperanzada ante la posibilidad de que su hijo Jonathan logre una pena menor a la solicitada

Una fiscal que pidió altas condenas para encausados por las protestas, a la lista de represores cubanos

Imagen de Jonathan Torres Farrat con su madre publicada por Nichols para reivindicar la liberación de los presos por el 11J. (@WHAAsstSecty)
Imagen de Jonathan Torres Farrat con su madre publicada por Nichols para reivindicar la liberación de los presos por el 11J. (@WHAAsstSecty)

Estados Unidos pidió este miércoles la liberación de los manifestantes cubanos detenidos en las protestas del 11 de julio de 2021, entre ellos Jonathan Torres, menor cuando sucedieron los hechos, y que están siendo juzgados desde este miércoles.

"Nos preocupa el próximo juicio de Jonathan Torres Farrat, que sólo tenía 17 años durante las protestas del 11J. Se enfrenta a hasta 8 años de prisión", apuntó en las redes sociales el subsecretario para Latinoamérica del Departamento de Estado, Brian Nichols.

El mensaje está acompañado por una fotografía del joven, que fue acusado de "desórdenes públicos" y "atentado" tras participar en las mayores protestas en Cuba en décadas. "Las familias deben estar juntas. El Gobierno cubano debe liberar a Jonathan y a otros manifestantes detenidos", añade el responsable de las relaciones con Latinoamérica de la cartera de Exteriores.

"Las familias deben estar juntas. El Gobierno cubano debe liberar a Jonathan y a otros manifestantes detenidos"

La madre de Torres, Bárbara Farrat, afirmó sentirse esperanzada tras la primera jornada del proceso en declaraciones a la española agencia EFE. "Hay esperanza de que se logre una pena menor", sostuvo.

Farrat, quien defiende la inocencia de su hijo, dijo haber observado que la presidenta del tribunal habanero que lo juzga podría optar por la pena de "trabajo correccional sin internamiento".

La madre de Torres había sido citada para testificar en contra de su propio hijo, pero se abstuvo de declarar, según contó a EFE.

En la primera sesión del juicio se desechó el testimonio de uno los testigos de la Fiscalía –un agente de policía que decía haber sido agredido por los manifestantes– después de que este se contradijera y no lograra identificar a sus atacantes, según relató la madre y su esposo, Orlando Ramírez.
"Pasaron videos como pruebas (contra los 15 procesados) pero hubo momentos en donde un perito dijo que solo podía estar un 50% seguro de que se trataba de Jonathan. También quisieron decir que era él por el color de sus zapatos", reseñó Ramírez. Un agente incluso, recordó Ramírez, dijo que existía un video de la agresión, pero se comprobó que no era así.

A pesar de lo que vieron en la sala este miércoles, Ramírez y Ferrat "dudan" de que pueda haber alguna absolución. "Todos sabemos la situación que los muchachos van a tener", lamentaron.

La madre de Torres había sido citada para testificar en contra de su propio hijo, pero se abstuvo de declarar, según contó a EFE

Según recoge el escrito al que ha tenido acceso EFE, se acusa a los encausados por lanzar "piedras, botellas, maderos y otros artículos" a la Policía y gritar consignas contra el Gobierno y el presidente Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con la petición del fiscal, fechada el 30 de diciembre del año pasado, los procesados llevaron a cabo acciones "de una violencia sin límites".

Las edades de los acusados oscilan entre los 17 y los 51 años, siendo Torres el más joven. Él es uno de los 55 manifestantes de entre 16 y 17 años que se enfrentan a un proceso penal por los hechos.

Aunque el Tribunal Supremo alega que en todas las causas se observa el "debido proceso", los familiares de los condenados y algunas ONG alertan de las irregularidades constantes. Además, no se ha permitido el acceso a los juicios de la prensa independiente o extranjera ni tampoco a los diplomáticos que así lo solicitaron.

Tras las protestas del 11J se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel. Algunos de los magistrados que están juzgando estos casos han sido incorporados a la lista de represores que elabora la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC).

Precisamente, una de las personas que integran la compilación es la fiscal cubana Vivian Pérez Pérez, que elaboró el expediente contra los 15 procesados ahora en La Habana, además de otro para San Miguel Padrón. En ambos casos, la jurista solicitó penas muy elevadas.

"Pérez se encuentra desde junio pasado con la ficha número 597, en la base de datos de represores cubanos, por haber elaborado dos injustos expedientes de fase preparatoria contra manifestantes pacíficos del 11J", indicó Rolando Cartaya, especialista del programa de la FDHC.

"La fiscal Pérez Pérez podría ser acusada de dos cargos de prevaricación por solicitar estas sentencias, obviamente injustas y desmesuradas"

"En el primero, el número 755, solicitó penas de entre 5 y 14 años de prisión para 15 de los que protestaron en el municipio San Miguel del Padrón, en su mayoría jóvenes, a los que acusó de desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir. A fines de octubre, los familiares de estos acusados recibieron sentencias firmes de entre 3 y 10 años de prisión".

"Ahora se anuncia que irán a juicio este 23 y 24 noviembre otros 15 manifestantes de aquel levantamiento popular, pero en el municipio Diez de Octubre. La fiscal Pérez Pérez fue aún más severa al pedir sentencias de 7 a 12 años de privación de libertad por los mismos delitos. Pero en este caso, 13 de los 15 acusados enfrentan peticiones fiscales de 10 años o más".

"La fiscal Pérez Pérez podría ser acusada de dos cargos de prevaricación por solicitar estas sentencias, obviamente injustas y desmesuradas", concluyó Cartaya.

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