Entra en vigor una ley para ampliar el control del Estado cubano sobre internet y las redes sociales

Publicar mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen "el prestigio del país" ya es un delito

Hay hasta 17 categorías, con sus respectivas subcategorías, del tipo de contenido que puede incurrir en un delito y al que va aparejada una alerta de riesgo. (14ymedio)
Hay hasta 17 categorías, con sus respectivas subcategorías, del tipo de contenido que puede incurrir en un delito y al que va aparejada una alerta de riesgo. (14ymedio)

Dar voz a noticias falsas en Cuba, divulgarlas, publicar mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen "el prestigio del país" será un delito con la entrada en vigor, este miércoles, del Decreto-Ley 35, que penalizará los daños "éticos y sociales o los incidentes de agresión" en redes sociales.

Con la publicación en la Gaceta Oficial de la nueva legislación sobre las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico, complementadas por tres resoluciones (105, 107 y 108) sobre la ciberseguridad, el uso de las comunicaciones satelitales y las redes de telecomunicaciones, el Gobierno da un paso más en el control de internet "para defender los logros alcanzados por [el] Estado Socialista". Estos textos fueron aprobados el pasado 13 de abril pero no se conocía hasta ahora los detalles del contenido.

La categoría de "subversión social", descrito como acciones que pretendan alterar el orden público, se considera de riesgo muy alto

La norma incluye una larga lista de incidentes de ciberseguridad que abarcan desde ataques informáticos o daños físicos a los sistemas de telecomunicaciones hasta hechos más graves, como el acceso y difusión de contenido pornográfico infantil, que no obstante están clasificados con un nivel de peligrosidad medio o alto. En cambio, la categoría de "subversión social", descrito como acciones que pretendan alterar el orden público, se considera de riesgo muy alto.

Hay hasta 17 categorías, con sus respectivas subcategorías, del tipo de contenido que puede incurrir en un delito y al que va aparejada una alerta de riesgo. En función de ello será tratado.

Con carácter general, se consideran de máxima seguridad los incidentes relacionados con "objetivos estratégicos de la defensa, políticos, económicos, científico-técnicos y sociales" que puedan producir daños graves, mientras que los de alta seguridad son aquellos que en los mismos ámbitos puedan provocar alteraciones del orden público.

La norma insta a la población en general a comunicar este tipo de incidentes y facilita una planilla que deberá en su caso rellenarse con los datos y las características de la infracción presuntamente cometida.

La nueva normativa faculta a la Dirección de Ciberseguridad, perteneciente al Ministerio de Comunicaciones, en coordinación con los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior "para implementar las acciones complementarias que se requieran para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley".

"Cuando se logra identificar esas personas y están en el país, sí se imponen contravenciones. Con esta nueva norma, el Estado cubano tiene registro de todos estos incidentes"

Al respecto, Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, explicó a la prensa oficial que Cuba no cuenta con contrato de servicios con las redes sociales, pero sí puede registrar y notifica las violaciones que se realizan en las plataformas. "Cuando se logra identificar esas personas y están en el país, sí se imponen contravenciones. Con esta nueva norma, el Estado cubano tiene registro de todos estos incidentes", dijo.

Una de las disposiciones del régimen con el nuevo decreto es que, además de las instituciones estatales, cualquier ciudadano podrá denunciar un supuesto ataque de ciberseguridad. Es decir, cualquier persona que crea que un usuario dentro de la Isla publicó un contenido que viola lo establecido en esta ley, podrá notificar al Gobierno. El sitio oficial  Cubadebate especificó que las denuncias deberán hacerse en la Oficina de Seguridad de Redes Informáticas.

La legislación también incluye detalles sobre los dispositivos de conexión que se pueden utilizar en territorio nacional para acceder a internet. En el caso de equipos que capten la señal satelital, la regulación mantiene el requisito de un permiso del Ministerio de Comunicaciones para importarlos al país, un paso que limita la posibilidad de uso por personas naturales.

Solo quedan fuera de esas restricciones las sedes diplomáticas y las misiones consulares, así como los representantes de organizaciones internacionales registradas en el país, algo que limita considerablemente cualquier iniciativa de ofrecer acceso a internet a la población cubana a través de dispositivos satelitales y de forma independiente al monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa.

Recientemente, tras las protestas populares de julio pasado y la censura contra internet que desplegó el Gobierno en los días posteriores, las iniciativas para proveer un acceso a la red de redes a los cubanos de manera gratuita han llegado incluso el Senado de Estados Unidos, donde una votación abrió el camino al proyecto de facilitar la conectividad en la Isla, aunque no se han dado detalles técnicos de cómo se implementará.

Se consideran de máxima seguridad los incidentes relacionados con "objetivos estratégicos de la defensa, políticos, económicos, científico-técnicos y sociales" que puedan producir daños graves

En julio de 2019, el Gobierno ya aprobó una legislación "sobre la informatización de la sociedad en Cuba" –el decreto-ley 370, conocido como "ley azote"–, a través de la que pretendía "elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional" y "contrarrestar las agresiones cibernéticas".

Entre sus artículos más polémicos estaba el que penaliza "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", que fue comparado, para el mundo virtual, con el delito de peligrosidad predelictiva.

Esta figura legal se aplica a opositores y críticos con el Gobierno y ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por condenar a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han cometido.

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