La Güinera, el barrio contra el que se ensañaron las acusaciones por el 11J

Los expedientes mencionan que no fueron atacadas patrullas policiales, no hubo saqueos y tampoco se destruyó propiedad

La dictadura cubana ha militarizado las calles de la Isla para evitar que las protestas se multipliquen. (Twitter)
La Fiscalía también justifica el delito de sedición afirmando que los acusados atacaron e hirieron de manera desproporcionada a policías y contramanifestantes, pero esa aseveración también se tambalea. (Twitter)

El pasado martes 25 de enero Emilio Román Matos fue por cuarta vez en dos semanas al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. No tuvo fuerzas para entrar, pero desde afuera se mantuvo atento a los juicios de decenas de personas que en julio de 2021 salieron a manifestarse contra el régimen cubano. Tres de esas personas son sus hijos.

Los tres –Emiyoslán, Mackyani y Yosney– protestaron en las calles de La Güinera, un barrio habanero con reputación de "marginal", que concentra a 96 de las 790 personas procesadas penalmente en Cuba por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio, es decir, 12 de cada 100 acusados por las protestas son vecinos de La Güinera.

Emiyoslán es el menor de los tres hijos de Emilio. El joven, hoy de 18 años, fue detenido el 13 de julio, sin haber alcanzado la mayoría de edad. Desde esa fecha está recluido, al igual que su hermana Mackyani y su hermano Yosney. Los tres forman parte de las 730 personas que siguen encarceladas tras las protestas, según la iniciativa ciudadana Justicia 11J.

Las 96 personas procesadas de La Güinera están acusadas por sedición, el delito más grave por el que se está juzgando a los manifestantes y que puede implicar penas de más de 20 años de cárcel. De hecho, en el barrio habanero se presenta la mayor concentración de acusados por sedición en el país. Seis de cada diez procesados por ese delito protestaron allí, según el recuento de Justicia 11J. 

Las 96 personas procesadas de La Güinera están acusadas por sedición, el delito más grave por el que se está juzgando a los manifestantes y que puede implicar penas de más de 20 años de cárcel

Sin embargo, los expedientes judiciales de los casos de La Güinera –donde viven unas 25.000 personas– reflejan acusaciones débiles, llenas de incongruencias y arbitrarias.

La Fiscalía afirma que los cargos por sedición contra los vecinos de La Güinera se deben al "nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional".

Sin embargo, los mismos expedientes mencionan que en La Güinera –a diferencia de otras zonas del país– no fueron atacadas patrullas policiales, no se arremetió contra las criticadas tiendas dolarizadas, no hubo saqueos y tampoco se llevó a cabo mayor destrucción de propiedad.

Además, entre los acusados por sedición se encuentran personas que solo grabaron y transmitieron por Facebook los acontecimientos, sin participar en ningún tipo de enfrentamiento con la policía, así como detenidos que la Fiscalía acusa por considerar que su sola presencia en la multitud impidió mantener el orden público.

Entre los acusados por sedición se encuentran personas que solo grabaron y transmitieron por Facebook los acontecimientos, sin participar en ningún tipo de enfrentamiento con la policía

Por ejemplo, Odet Hernández Cruzata, de 33 años, fue enjuiciada tras una petición fiscal de 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. Para su pareja, Reinier Reynosa Cabrera de 41 años, la Fiscalía propuso 20 años por el mismo delito, pese a que ambos alegan que se limitaron a transmitir en vivo la protesta sin participar en acciones violentas.

Como supuestas pruebas, la Fiscalía usó la propia transmisión directa de Hernández, así como las actas de ocupación y de inspección de su teléfono móvil, del que extrajeron seis vídeos tomados el 12 de julio durante la protesta en La Güinera. Adicionalmente, el órgano judicial cuenta con un "acta de toma de muestra de voz de la acusada Odet Hernández Cruzata" que supuestamente prueba que dijo consignas "contrarrevolucionarias".

Las acusaciones también tratan de relacionar con la oposición en el exilio a manifestantes sin vínculo con esta. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de Wilmer Moreno Suárez, un cantante, arreglista musical y compositor.

Moreno Suárez recibía de parte del ciudadano cubano residente en los Estados Unidos, Rolando Regata, la suma de 240 dólares mensuales a través de los Estudios Odisea para promover su trabajo. Como Regata le había escrito en los días de las protestas a Moreno Suárez, la Fiscalía dice que se convirtió en un instrumento de la oposición en el exterior. El juicio a Moreno Suárez está a la espera de sentencia y se piden 25 años de privación de libertad. 

En una entrevista, Regata dijo que ni siquiera sabía que lo mencionaban en un documento judicial en Cuba. Aclaró que él es músico y no tiene "nada que ver" con política

En una entrevista, Regata dijo que ni siquiera sabía que lo mencionaban en un documento judicial en Cuba. Aclaró que él es músico y no tiene "nada que ver" con política. "Vivo en EE UU desde los 12 años. El dinero que mandaba era para ayudarlo y por nuestras colaboraciones musicales. En ningún momento le pagué para que saliera a manifestarse. Además, si yo fuera opositor, ¿iba a mandar solo 240 dólares?, eso no tiene sentido", precisó desde Fort Myers Florida, donde reside.

Solo tres de los acusados de La Güinera se reconocían previamente como opositores o activistas por los Derechos Humanos: Ángel Serrano Hernández, Roberto Ferrer Gener y Delis Yoel Parsons Bones. Los dos primeros se encuentran a la espera de sentencia tras ser juzgados con peticiones de 22 y 20 años de cárcel, respectivamente. A Parsons, por su parte, le impusieron una multa.

Otro argumento recurrente en las acusaciones es que los manifestantes se dirigían a la estación de policía de Capri para "apoderarse" de esta o "incendiarla". Sin embargo, no está claro en qué elementos se basa la Fiscalía para deducir que la intención de quienes protestaron era destruir la estación policial, y lo cierto es que los manifestantes nunca llegaron a ella.

Para lograr llegar a la estación de policía los manifestantes debían atravesar las calles D, C, B y A, en ese orden, hasta la Calzada de Bejucal, pero solo un pequeño grupo arribó a la Calle B, mientras que la mayoría no pasó de la calle C. Allí –como muestran videos tomados ese día, cotejados con declaraciones de vecinos y documentos de la Fiscalía– se impidió que siguieran avanzando. 

La Fiscalía también justifica el delito de sedición afirmando que los acusados atacaron e hirieron de manera desproporcionada a policías y contramanifestantes, pero esa aseveración también se tambalea

La Fiscalía también justifica el delito de sedición afirmando que los acusados atacaron e hirieron de manera desproporcionada a policías y contramanifestantes, pero esa aseveración también se tambalea.

Durante las protestas sí se presentaron lanzamientos de piedras y objetos, pero la misma Fiscalía fue incapaz de detectar que policías y contramanifestantes sufrieran daños severos. En los expedientes, solo se menciona que tres contramanifestantes resultaron heridos y ninguno de ellos requirió atención médica. En el caso de los oficiales, hay datos de 14 heridos, de los cuales solo uno necesitó atención médica.

Por el contrario, durante la respuesta policial –en la que se emplearon armas de fuego– se presentó la muerte de Diubis Laurencio, la única víctima mortal aceptada por el Gobierno, y varios manifestantes recibieron impactos de bala, incluidos menores de edad.

"Me avisaron de que mi mujer fue a buscar a mi hijastro al lugar de la manifestación. Y no lo encontró, al poco rato le avisaron de que lo habían herido de bala en la rodilla, justo antes de que mataran al otro muchacho", dijo mediante un mensaje de texto Janoi Ceballos, el padrastro del adolescente cubano Misael Yoel Fuentes García, de 16 años, quien resultó herido en La Güinera.

Seis meses después, Fuentes se encuentra bien físicamente pero con secuelas psicológicas. Después de ser multado con 1.00 pesos cubanos (unos 40 dólares) y tras meses de recibir visitas de agentes del Ministerio del Interior, su caso fue cerrado a inicios de febrero. 

Seis meses después, Fuentes se encuentra bien físicamente pero con secuelas psicológicas. Después de ser multado con 1.00 pesos cubanos (unos 40 dólares) y tras meses de recibir visitas de agentes del Ministerio del Interior, su caso fue cerrado a inicios de febrero

Una multa le pusieron también a Yorlandis Pérez Sánchez, otro de los heridos en la Avenida Güinera, la más céntrica del barrio. Yorlandis dijo, el 16 de enero por mensaje de texto, que aún no se recupera de la herida y que pagó 2.000 pesos (unos 83 dólares) de multa. Su nombre figuró en la lista de acusados del proceso inicial.

Tras las manifestaciones, los medios oficiales y el Gobierno han buscado mercadear a La Güinera como "un barrio de oportunidades". A menos de un mes de las protestas: asfaltaron las calles, mejoraron las aceras y pintaron las fachadas de los edificios. Además, altos funcionarios visitaron el barrio, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel, quien en agosto recorrió el área donde fue abatido Diubis Laurencio.

El barrio no recibía una visita presidencial desde el siglo pasado en los los años 80, cuando Fidel Castro anduvo por sus calles. En octubre de 1989, Castro dijo sobre esa zona capitalina que era "un barrio famoso" porque allí vivía la gente más pobre de la capital y se jactaba de que estaba en transformación, básicamente, gracias a la Revolución cubana.

Sin embargo, ni la nueva visita presidencial ni las acciones gubernamentales para la "transformación integral del barrio" han logrado acallar el clamor popular. En diciembre, varias madres y esposas se unieron y grabaron un video bajo el reclamo de libertad para los suyos. Hasta el momento siguen sin ser escuchadas.

A más de siete meses de las protestas, en La Güinera el sentir general sigue siendo el mismo, ese que expresa Emilio Román cuando habla de sus tres hijos detenidos: "Nunca me había sentido tan solo como en estos momentos. Devuélvanme a mi familia".

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