"Condenamos con rotundidad los intentos del Gobierno cubano de silenciar a los exiliados"

Organizaciones internacionales denuncian la amenaza del régimen de enjuiciar a los disidentes "en ausencia"

José Luis Reyes Blanco y Humberto López, en el especial sobre las leyes “contra la subversión política e ideológica”. (Captura)
José Luis Reyes Blanco y Humberto López, en el especial sobre las leyes “contra la subversión política e ideológica”. (Captura)

El programa Hacemos Cuba de este viernes, en el que el vocero oficial Humberto López presentó "las herramientas legales" de las que dispone el régimen "contra la subversión política e ideológica", ha sido condenado por diversas organizaciones y activistas dentro y fuera de la Isla.

Tanto Human Rights Watch como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denuncian, en concreto, la decisión de enjuiciar in absentia (en ausencia) a disidentes, algo anunciado en el espacio televisivo de López por su invitado estelar, José Luis Reyes Blanco, jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República.

Apelando al artículo 4 de la Constitución, en el que se establece que "la traición a la patria es el más grave de los crímenes" y que el sistema socialista cubano es "irrevocable", este fiscal adelantó que el Gobierno procesaría a "personas que no se encuentran en el país" y que sean acusadas de delitos como "desorden público", "desacato", "propaganda enemiga" o "sabotaje".

El programa coincidió con la decisión del Tribunal Supremo Popular de entregar cuatro proyectos de ley a la Asamblea Nacional para que sean aprobados en la próxima sesión

Se refirieron a ello cuando hablaron del "mercenarismo", sancionado en el artículo 119 del Código Penal, que establece que todo aquel que "con el fin de obtener el pago de un sueldo u otro tipo de retribución material, se incorpore a formaciones militares integradas total a parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se proponen actuar, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte", misma pena que enfrenta "el que colabore o ejecute cualquier otro hecho encaminado directa o indirectamente a lograr el objetivo señalado en el apartado anterior".

Como ejemplos, mencionaron no solamente un salario, sino "un regalo", "una recarga de un teléfono" o "visas que se conceden para un viaje". "¿Hay consecuencias para aquellos que financian y están en el exterior? Si no están en Cuba, no les pasa nada, eso queda impune totalmente", daba pie Humberto López para la respuesta de Reyes. "La propia legislación nuestra nos permite el juzgamiento de personas que no se encuentren en el país", aseguró el funcionario.

El programa coincidió con la decisión del Tribunal Supremo Popular de entregar cuatro proyectos de ley a la Asamblea Nacional para que sean aprobados en la próxima sesión, entre ellos una reforma de la ley a la que hizo alusión Reyes Blanco.

El funcionario también mencionó la "cooperación jurídica internacional" para perseguir los actos potencialmente delictivos cometidos desde el extranjero, sin entrar en detalles.

Para el Observatorio, "las amenazas contra los cubanos residentes en el exterior buscan reprimir el ejercicio de los derechos humanos y no tienen sustento en el derecho internacional"

"No contentos con perseguir sistemáticamente a cualquiera que critique al régimen en Cuba, los fiscales cubanos ahora amenazan con procesar 'en ausencia' a quienes convoquen protestas desde el exterior", cuestionó en un tuit el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco.

Por su parte, Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH, declara en un comunicado emitido este lunes: "Condenamos con rotundidad los intentos del Gobierno cubano de silenciar a los exiliados que protestan, organizan o promueven actos pacíficos en favor de una Cuba libre, democrática y respetuosa con los derechos humanos. Se trata de una amenaza clara contra todos los cubanos, con independencia del país en el que se encuentren viviendo".

Para el Observatorio, "las amenazas contra los cubanos residentes en el exterior buscan reprimir el ejercicio de los derechos humanos y no tienen sustento en el derecho internacional", en un momento en que "aumenta el descontento social, debido al empobrecimiento y la mala gestión de la pandemia".

"Esperamos que ningún país democrático se sume a las pretensiones del régimen cubano de perseguir a los cubanos residentes en el exterior por su forma de pensar", concluye González Raga en su nota.

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