Las autoridades españolas hacen gestiones en Cuba a favor del preso Mario Prieto Ricardo

La ley española obliga a prestar especial atención a quien haya sido víctima de represión política de otros gobiernos 

 Mario Josué Prieto Ricardo, de 27 años, tiene pasaporte español y reside en EE UU. (Facebook)
Mario Josué Prieto Ricardo, de 27 años, tiene pasaporte español y reside en EE UU. (Facebook/Mario Prieto Ricardo)

El Consulado de España en La Habana se ha movilizado por el caso de Mario Prieto Ricardo, cubano con nacionalidad española condenado por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, según confirmó a 14ymedio el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

"El Consulado español está llevando a cabo las gestiones oportunas y se encuentra en contacto con las autoridades correspondientes", respondió un portavoz de la Oficina de Información Diplomática a este diario. Aunque no pudo ofrecer detalles sobre una intervención que se prevé compleja, la respuesta desmiente la información que ha circulado de que España ignora el caso.

Prieto Ricardo, que reside en EE UU, viajó a Cuba en marzo de 2020 para pasar unos días con su familia tras el fallecimiento de su hermana, pero el cierre de fronteras por la pandemia le impidió regresar a su domicilio.

Las protestas del 11J lo llevaron, como a tantos jóvenes de su edad, a salir a las calles de Holguín a manifestarse contra la falta de medios y libertades. Un día después fue detenido y puesto en libertad tras pagar una multa y recibir un acta de advertencia, pero el 23 de julio la Policía regresó para llevárselo.

Según su familia, a partir de ese momento padeció largos interrogatorios en los que se le torturó psicológicamente y le fue imputado el delito de sedición. El joven español, de 27 años, fue condenado en primera instancia a 17 años de prisión por este delito, pero el Tribunal Supremo rebajó su pena a 12 aunque la Fiscalía pedía 28.

Según su familia, padeció largos interrogatorios en los que se le torturó psicológicamente y le fue imputado el delito de sedición

Los familiares de Prieto Ricardo, preocupados por su salud debido a las malas condiciones en las que se encuentra en prisión, decidieron pedir ayuda internacional y enviaron una carta al Ministerio de Exteriores de España para pedirle que ejerciera presión internacional.

Mario Prieto López y Niurka Ricardo Hidalgo advirtieron de que su hijo había perdido más de 20 kilos en prisión. Aunque, según los padres, el joven estaba diagnosticado previamente con "trastorno de personalidad, neurosis y riesgo suicida", no ha sido visitado por ningún psiquiatra desde que está en la cárcel y tampoco ha recibido la medicación que necesita para controlar su salud mental.

Por su delicada condición sanitaria, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, lo ha incluido en la lista de casos especialmente preocupantes entre los presos políticos.

"En los últimos días, hemos recibido informaciones de padecimientos de salud sobrevenidos o agravados en prisioneros políticos y de conciencia. En varios casos, la denuncia incluye la indiferencia por parte de las autoridades carcelarias o la falta de los tratamientos adecuados para sus dolencias", dijo la ONG este verano, al pedir que Cruz Roja Internacional y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas entren en los penales cubanos.

Aunque, el joven estaba diagnosticado con "trastorno de personalidad, neurosis y riesgo suicida", no ha sido visitado por ningún psiquiatra desde que está en la cárcel

El Observatorio también ha reclamado la atención de las autoridades españolas, a las que instó a tomar medidas en un comunicado reciente. "No hacer nada es la peor opción. La presión de España podría ser determinante para obtener la liberación de Mario Josué Prieto Ricardo", escribió la ONG.

Ricardo Hidalgo apeló en su carta de la semana pasada a "los sentimientos de las autoridades españolas, y de toda la Unión Europea si es necesario, para que nos ayuden a tramitar y sacar a mi hijo de acá".

En todo caso, la ley española obliga a las autoridades a prestar "especial atención a aquellos que se encuentren en situaciones de necesidad y a los privados de libertad, fundamentalmente a los condenados a la pena capital o cadena perpetua, así como a la ciudadanía española que haya sido víctima de delitos de lesa humanidad en procesos de represión política".

Aunque el margen de maniobra es escaso, las autoridades españolas han negociado previamente la liberación de algunos presos condenados en Cuba. Un precedente fue la excarcelación de 52 presos políticos, que habían sido detenidos durante la llamada Primavera Negra, y que fueron liberados y enviados a España en 2010.

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