Preguntar es un delito

Céspedes/Llegué hace unos días a Céspedes, lugar donde tengo mi casa, y entre las cosas que llamaron mi atención estaba un cartel, en uno de los merenderos del pueblo, con el siguiente anuncio: "Todos los comestibles se le incrementarán 0,10 centavos por concepto de cuenta especial".

Inmediatamente vino a mi mente una pregunta lógica: ¿Qué es la cuenta especial y para qué se utiliza? Ante la inquietud y haciendo uso de mi derecho ciudadano, según lo expresado en el artículo 63 de la Constitución de la República ("Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley") comencé a indagar en los lugares correspondientes.

El día 25 de agosto, en ese mismo merendero le pregunté al dependiente, Hortelio, que me dijo que el cartel había sido puesto pero que él no sabía nada, ni siquiera conocía qué era la cuenta especial. Como me hacía camino, llegué a la empresa municipal de Comercio, pero allí solo encontré a Betsy, la encargada de defensa y puesto de mando. La funcionaria me explicó que no sabía bien, pero que el incremento se debía a los carnavales y esa cuenta especial era del Ministerio de Cultura. Me recomendó que viniera al otro día y pidiera un despacho con el director. Seguí mi camino y llegué a otro merendero, donde me recibió Ariel, mostrándome una resolución del Consejo de la Administración Municipal (CAM) autorizando al cobro de 0,10 centavos como gravamen a los productos alimenticios, 0,20 centavos a la cerveza o al ron y que esto se haría en las fiestas populares. Las preguntas que me había hecho inicialmente seguían sin respuesta.

El día siguiente, 26 de agosto, me dirigí a la Empresa Municipal de Comercio. Me recibió el director municipal de la entidad, de apellido Pérez-Ibáñez, quien me explicó que la cuenta especial era la que se le aportaba el gravamen de los productos vendidos durante las fiestas populares (carnavales) y que lo que se recaudaba se utilizaba para pagar a las orquestas musicales que eran contratadas por el municipio para estas festividades, así como otros gastos relacionados con las celebraciones.

Los carnavales comenzaron el 22 de julio, ya había pasado más de un mes y el gravamen seguía aplicándose

En Céspedes, los carnavales comenzaron el 22 de julio, ya había pasado más de un mes y el gravamen seguía aplicándose. La respuesta del director municipal ante esta queja fue que durante los tres días de carnavales era imposible vender todo lo que estaba planificado. Agregó, además, que el CAM estaba considerando la etapa vacacional como fiestas populares y que por esas razones se seguía cobrando. Le pregunté si el CAM no tenía aprobado un presupuesto para esas fiestas populares y me respondió negativamente. Se me hacía difícil entender que una gran cantidad de personas tuvieran que pagar a los músicos que no iban a escuchar. A esto se añade el hecho de que la calidad de las celebraciones fue pésima, según manifestaron los vecinos, incluso por medio de Facebook.

Antes de irme el director me preguntó que si yo venía a título personal o a nombre de alguna organización. Le respondí que venía como ciudadana y que sí que venía a nombre de una organización: el pueblo. A pesar de sentirme inconforme con la utilidad de la cuenta especial, me dirigí a mi casa y no hice más nada al respecto.

Este 27 de agosto, a la 1.45 pm llegó a mi casa el oficial de la Seguridad del Estado que dijo llamarse Manuel y me comunicó que a las 2.00 pm debía presentarme en la estación de Policía. Al llegar al lugar indicado, con tono arrogante y prepotente me recibió el oficial René. Allí también estaba el director de la empresa de Comercio. No era casualidad. Me habían citado para levantarme una carta de advertencia por manifestaciones públicas contrarrevolucionarias al divulgar información estatal. Según me dijeron, si lo volvía a repetir sería acusada de espionaje.

El oficial me explicó que cualquier ciudadano podría preguntar pero yo no, porque yo era una mercenaria al servicio del imperialismo y una aprovechada

Ante el reclamo de que ejerciendo mi derecho ciudadano había ido a preguntar algo de manera oficial para mi conocimiento, lo que además no era secreto estatal sino una información pública, el oficial René me dijo que mentía, pues ya lo había publicado en redes. Además, me explicó que cualquier ciudadano podría preguntar pero yo no, porque yo era una mercenaria al servicio del imperialismo y una aprovechada. Me pidieron que firmara la carta de advertencia a lo que me negué, además me "advirtieron" que me fuera del municipio de Céspedes, que aquí yo no iba a "hacer carrera". También me dijeron que si me quedaba les daba igual porque eran bastante los galardones que habían obtenido y seguirían obteniendo si lograban controlarme aquí.

Muchas preguntas pueden surgir de este, un encuentro más de los ya tantos que he tenido con la Seguridad del Estado, pero yo me pregunto: ¿Qué ley o qué autoridad, por el hecho de ser opositores o disidentes, puede limitar nuestros derechos ciudadanos? ¿Cómo una simple pregunta puede constituirse en un delito contra la Seguridad del Estado? ¿Hasta cuándo la más básica libertad de expresión y de búsqueda de información va a ser un delito en Cuba? Al parecer, en el municipio Céspedes, en Camagüey, que según todo indica se rige por una ley especial, preguntar es un delito.