Simplifican el acceso a la Justicia para denunciar las confiscaciones abusivas

Una de las interrogantes que abre esta medida es si será aplicable a las acciones que la policía y la Seguridad del Estado realizan contra los opositores, activistas de la sociedad civil y periodistas independientes

Carlos Manuel Díaz Tenreiro, magistrado del Tribunal Supremo Popular, ha explicado la instrucción en una entrevista en 'Granma'.
Carlos Manuel Díaz Tenreiro, magistrado del Tribunal Supremo Popular, ha explicado la instrucción en una entrevista en 'Granma'.

Los ciudadanos que quieran reclamar a las autoridades por daños y perjuicios cuando algo les haya sido confiscado lo tendrán ahora más fácil, según ha explicado Carlos Manuel Díaz Tenreiro, magistrado del Tribunal Supremo Popular, en una entrevista este jueves en el diario oficialista Granma.

El juez y profesor en la Universidad de La Habana ha hablado de la instrucción aprobada por el órgano el pasado junio que pretende aclarar las vías de las que disponen los cubanos para simplificar un proceso que antes también podía realizarse pero, por su complejidad, se revelaba nulo.

Una de las interrogantes que abre esta medida es si será aplicable a las acciones que la policía y la Seguridad del Estado realizan contra los opositores, activistas de la sociedad civil y periodistas independientes a quienes con frecuencia se les despoja de sus medios de trabajo sin que quede constancia alguna en un documento legal.

Algunas viviendas han sido decomisadas a personas que han cometido delitos comunes aunque el decomiso no aparece en las sentencias establecidas por el Código Penal

Por otra parte, algunas viviendas han sido decomisadas a personas que han cometido delitos comunes aunque el decomiso no aparece en las sentencias establecidas por el Código Penal. La aclaración de que la medida no tiene un carácter retroactivo explicita que solo se podrán hacer reclamaciones contra actos realizados a partir de la fecha de entrada en vigor de la resolución, lo que de alguna forma consagra todas las arbitrariedades cometidas hasta la fecha.

La vigente Ley de procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico prevé la forma de tramitar y resolver en sede judicial este tipo de demandas. No obstante, era preciso impartir indicaciones que lo permitieran por la existencia de cuerpos legales que impedían el acceso de los ciudadanos a los tribunales. Ahora, afirma el magistrado, la Constitución deja sin efecto esas normas, al ser ley de rango superior.

"El proceso deberá discurrir por la vía administrativa. Las salas de esta materia de los tribunales provinciales serán las encargadas de conocer las demandas interpuestas por las personas a quienes se les hayan confiscado bienes de su propiedad, mediante una resolución administrativa dictada por un órgano facultado", ha descrito el magistrado.

Según la instrucción, las salas de lo contencioso-administrativo tramitarán este tipo de reclamaciones que deberán cumplir "de manera irrestricta las garantías de estas para obtener, sin limitación alguna, la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos y disfrutar de un debido proceso".

La norma establece que las demandas deben cursarse "a fin de obtener la reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciban, por un actuar indebido en cumplimiento de sus deberes funcionales por directivos, funcionarios y empleados del Estado", aunque para ello habrá que agotar la vía administrativa primero.

Esa finalización se produce cuando la resolución emane de cualquiera de los organismos de la Administración Central del Estado o cuando la autoridad facultada no resuelva dentro de los plazos legales.

Carlos Manuel Díaz Tenreiro ha explicado que será un reto aplicar las medidas, pero que, para ello, deberán formar a los funcionarios implicados. "La preparación es esencial"

También la medida indica expresamente que, si el demandante tiene razón, se dispondrá que las cosas "vuelvan al estado en que se encontraban antes del acto reclamado, la reparación por los daños materiales y morales, y la indemnización por los perjuicios contra el responsable y, además, acordará la actuación que deberá seguir la administración y el plazo para hacerlo, bajo el apercibimiento de que, de no cumplimentarlo, podrá incurrir en responsabilidad de carácter penal".

Carlos Manuel Díaz Tenreiro ha explicado que será un reto aplicar las medidas, pero que, para ello, deberán formar a los funcionarios implicados. "La preparación es esencial. Aunque en los tribunales se tramitan cotidianamente asuntos administrativos, sin duda la Constitución le impregna al proceso una nueva cualidad en su desarrollo, pues se trata de acceder a la tutela judicial en temas que estaban vedados o poco visibilizados", añade.

"En el caso de los tribunales, existe una estrategia de preparación del personal. Pero la superación también es un reto para los entes administrativos. Ellos tienen la responsabilidad de crear sus procedimientos internos para enfrentar reclamaciones de esta índole".

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