Cascada de delitos energéticos, pese a las altísimas penas por sabotaje que enfrentan sus autores

Madrid/Nueva andanada contra los delitos por sabotaje energético en la prensa oficial, que este lunes ha difundido varios de casos judicializados en la provincia de Pinar del Río por robos inicialmente menores pero ante los que, en las actuales circunstancias, el régimen está aplicando la mayor severidad. En medio de apagones y escasez extrema, la difusión de estos casos y la aplicación de la normativa penal más dura intentan aplacar, sin éxito, los robos de combustible o aparatos eléctricos. 

Las sustracciones de combustible son una constante entre los casos citados. El mayor es el de 4.000 litros sustraídos en una reserva estatal de la Empresa de Suministros Agropecuarios, en la base del kilómetro cuatro de la carretera a San Juan y Martínez. Los autores del delito “picaron el sello y rompieron el candado”, motivo por el que se les acusa de sabotaje.

También se relata el caso de un trabajador de grupos electrógenos ubicados en la central eléctrica del reparto Capó, que sustrajo, durante su turno de madrugada, 300 litros de diésel del depósito de uno de los equipos. El empleado repartió la cantidad en tanques de 20 litros cada uno y los pasó al otro lado de la cerca con ayuda de tres personas. Los cuatro están ahora en prisión provisional por estos hechos. 

En Herradura, un ciudadano rompió el candado de la cerca del Centro Telefónico de Etecsa para sacarle los 40 litros de diésel que lleva el grupo electrógeno con el que respalda la electricidad que permite mantener las comunicaciones en caso de apagón y los vendió por 80.000 pesos

Además, en Herradura, un ciudadano rompió el candado de la cerca del Centro Telefónico de Etecsa para sacarle los 40 litros de diésel que lleva el grupo electrógeno con el que respalda la electricidad que permite mantener las comunicaciones en caso de apagón y los vendió por 80.000 pesos (unos 121 dólares al cambio informal). 

Este tipo de delitos son muy habituales en los últimos años y ni siquiera el agravamiento de las condiciones energéticas en el país, que supuso un aumento del control y vigilancia sobre estos robos, ha puesto freno. Al contrario, a mayor escasez, más se está dispuesto a correr el riesgo. A finales de 2025, en el programa de televisión del vocero del régimen, Humberto López, las autoridades alertaron de que los que más cerca están del producto –los trabajadores estatales, en aquel momento sobre todo–, son quienes más cometen estas graves imprudencias. Una directiva de Cupet afirmó entonces que adulterando algunos datos “se podrían perder hasta 20.000 o 30.000 litros de combustible” al día.

No es el único bien afectado, porque todo lo relacionado con la electricidad está en el punto de mira. Entre los hechos que investigan las autoridades pinareñas también se encuentra el de un imputado que sustrajo la varilla a tierra de un transformador eléctrico en la loma de Timbo, en el municipio de San Juan y Martínez, y después la vendió por 5.000 pesos, un monto que a día de hoy, en un mercado informal de venta de divisas tan inestable, equivaldría a tan solo 7,5 dólares. Este tipo de pieza se utiliza para estabilizar la tensión del sistema y evitar bajos voltajes, por lo que tanto el que sustrajo la varilla como el que la compró –uno de ellos, sin concretar cual, en prisión provisional– están acusados por sabotaje.

Asimismo, se procesa por sabotaje a un hombre que, enfurecido por la falta de corriente, la emprendió a pedradas contra la fachada de las oficinas de Correos de Cuba en La Alameda. La nota no especifica por qué motivo este caso aparece en una lista de delitos por sabotaje energético, ya que no se menciona que hubiera ningún elemento de infraestructura eléctrica dañado ni nada similar.

Hay, además, otros dos casos vinculados a parques fotovoltaicos: uno en la Empresa de Prefabricado en Siete Matas, donde un ciudadano saltó para robar los cables de la futura instalación; y el juicio oral contra un trabajador del parque La Barbarita, acusado de robar los tornillos que aseguran los paneles.

Todos estos casos se están tramitando, cita Guerrillero, de acuerdo con el artículo 125 del Código Penal y bajo la estricta interpretación del Dictamen 475 del Tribunal Supremo, que establece que el delito de sabotaje tutela el normal funcionamiento de los bienes públicos protegiéndolos de quien dañe el Sistema Eléctrico Nacional, las telecomunicaciones o el transporte, menoscabando infraestructuras críticas y vitales para el país.

Las penas de prisión pueden varias de los 10 a los 30 años de cárcel y la amenaza de la pena de muerte está en el Código Penal, por más que no se haya utilizado desde 2003

La norma, además, especifica claramente que tanto quien comete el delito como quien se beneficia de él son responsables. La prensa oficial recuerda que las sanciones para este tipo de delitos pueden ser de siete a 15 años, pero si las consecuencias son graves para la seguridad de alguien o los bienes pertenecen a las reservas materiales del Estado, la situación es mucho peor. Las penas de prisión pueden varias de los 10 a los 30 años de cárcel y la amenaza de la pena de muerte está en el Código Penal, por más que no se haya utilizado desde 2003.

Con estos juicios ejemplarizantes, el Estado intenta transmitir la sensación de dureza contra quienes desvían recursos, pero los delitos nunca se han detenido ni, tan siquiera, mejora el índice infractor. Mientras, la generación eléctrica sigue pendiendo de un hilo. Este lunes, después de que se enlazara el sistema eléctrico nacional (SEN) tras la caída del viernes –el segundo apagón total en menos de una semana y el cuarto en lo que va de año–, el déficit previsto para la hora pico es de 2.020 megavatios. 

Ha entrado la unidad 1 de la central termoeléctrica de Felton, que genera 180 MW a estas horas, pero las deficiencias siguen siendo enormes. Está averiada la unidad 2 de esta misma planta, como las 6 y 8 de la Máximo Gómez, en Mariel; y la 3 de Antonio Maceo, en Renté. En mantenimiento siguen la unidad 3 de Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz del Norte; las unidades 5 y 6 de Renté; y la 5 de Diez de Octubre, en Nuevitas. Los parques solares funcionan bien, habiendo aportado este domingo 642 MW, el problema es que la energía se pierde cuando desaparece el sol.