Certificar la muerte, una cuestión de vida

La Habana/¿Y de qué se murió? Es una de las preguntas que más se escuchan entre los recién llegados a una funeraria. Entre llantos y miradas de cansancio por el largo velorio, la respuesta puede referirse a un trágico accidente, a un crimen o al deceso por enfermedades repentinas o crónicas. Alguna que otra viejecita apuntará "yo lo sabía" y rematará con la evidencia de que "la vida es muy corta, mi´jo, muy corta".

Sin embargo, la gente desconoce que un porcentaje muy elevado de las causas de muerte reportadas en los certificados de defunción no han sido corroboradas científicamente sino que obedecen a la premura por "cerrar el caso", la falta de recursos para investigar más allá y la propia desidia que se ha ido extendiendo por nuestro sistema de salud pública.

A esos problemas se le suma la intencionalidad gubernamental de esconder los motivos reales del deceso en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando se trata de personas fallecidas por meningitis, cólera, algunos tipos de cáncer, las muertes violentas y los enfermos de padecimientos que las autoridades consideran reveladores del pésimo estado epidemiológico del país.

Cuando se distorsiona o niega la verdadera causa del fallecimiento, se está violando la ley y causando un grave daño a todo el sistema de salud. El certificado de defunción constituye un instrumento médico legal de suma importancia ya que las estadísticas de mortalidad son una de las principales fuentes de información sobre la salud de una población. En los países donde sus datos son fiables, se pueden establecer nuevos y eficaces programas de salud a partir de ellos y mejorar los programas de estudios de los médicos para que conozcan más a fondo las enfermedades más comunes.

El Gobierno esconde los motivos reales del deceso cuando revelan el pésimo estado epidemiológico del país

Un reporte detallado del por qué muere la gente con más frecuencia en una localidad o en un país permite también ubicar con mayor eficiencia los centros de salud e incluso conocer la cantidad de ambulancias y el tipo de equipamientos que estas necesitan llevar. Saber de qué causas fallecemos, ayuda a salvar vidas.

En el lejano 1843 se promulgó en Cuba la ley que obliga a los médicos a certificar las causas de muerte de sus pacientes. Un cuarto de siglo después se creó la Comisión Nacional de Estadísticas Médicas y en el 1885 el Registro Civil. Sin embargo, no es hasta 1891 que se establece un modelo impreso de certificado de defunción.

En 1901 Cuba se adhiere a la primera versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y en 1905 se hacen públicas por primera vez las estadísticas de mortalidad. En 1957 se adopta en el país un tipo de certificado de defunción con tres posibles causas de muerte, aprobado en Ginebra. El primer manual de instrucción a los médicos para el llenado del certificado de defunción se publicó en 1959.

La importancia de que sea un especialista quien determine la causa del fallecimiento, y así la haga constar, figura en el Código Civil. Uno de sus artículos obliga a que la determinación de la muerte de la persona natural y su certificación se haga "por el personal facultativo autorizado, conforme a las regulaciones establecidas por el organismo competente".

Varias regulaciones ministeriales, por su parte, establecen un reglamento para la manipulación del cadáver y dejan claro a quién le corresponden el diagnóstico y la evaluación de un fallecido para dejar constancia de las causas que dieron fin a su vida.

Actualmente en Cuba se expiden tres certificados médicos de defunción. En el primero se reporta el fallecimiento de fetos de 20 semanas o más. El segundo está destinado a dejar constancia del deceso de recién nacidos de menos de 28 días, mientras que un tercero se ocupa de todo individuo que al morir haya tenido más de cuatro semanas de edad.

El Gobierno dedica una especial atención al tratamiento burocrático de la muerte de recién nacidos, ya que usa estas estadísticas para su propaganda

En el caso de los nonatos, le corresponde a un especialista de ginecología y obstetricia certificar su muerte. Sin embargo, si se trata de bebés de menos de cuatro semanas, entonces se encargará un médico de neonatología. El Gobierno dedica una especial atención al tratamiento burocrático de la muerte de recién nacidos, ya que usa estas estadísticas para su propaganda.

Si el difunto tenía más de cuatro semanas de edad, entonces el certificado de defunción es rellenado por un facultativo que diagnostica la muerte, a excepción de aquellos casos en los que se cree que hubo intencionalidad o cuando la víctima es un ciudadano extranjero. En este último caso, la certificación de muerte debe ser emitida por un médico especialista en medicina legal.

Lamentablemente, la falta de recursos y la premura con que se trabaja hacen que en una buena parte de los fallecimientos no se corroboren científicamente las causas que lo provocaron, excepto en casos donde la familia del difunto decida que se le practique una autopsia. El diagnóstico de la muerte generalmente está basado en las patologías crónicas que padecía el paciente y en las declaraciones de familiares y personas cercanas a este.

Se abusa sobremanera en nuestros hospitales de apuntar al "fallo respiratorio" y al "paro cardíaco" como causa de la muerte, cuando en la mayoría de los casos estos están determinados por padecimientos o sucesos más específicos. La falta de cuidado y atención en el reporte detallado del deceso está influyendo en erradas estrategias de prevención y diagnóstico.

Aunque pueda parecer contradictorio, un certificado de muerte bien detallado y avalado con pruebas científicas, es garantía de vida.