Cuba se paraliza con las nuevas medidas del Gobierno para enfrentar la crisis del combustible

La Habana/Paradas vacías, esa es la imagen que se observa en buena parte de La Habana, una ciudad casi paralizada. En Regla y Guanabacoa, donde hasta hace poco circulaba la ruta A29 conectando ambos municipios, hoy no pasa una sola guagua. El transporte público urbano, ya frágil, prácticamente ha desaparecido. Y las nuevas medidas anunciadas este viernes amenazan con empeorar la situación, aunque las autoridades eviten usar la palabra “colapso”. 

En otros puntos, como el semáforo de Guanabacoa, sí hay personas concentradas, pero no porque existan rutas activas. Allí, los inspectores detienen autos estatales y obligan a los choferes a subir pasajeros. “Tampoco hay muchos carros estatales en la calle”, aclara una mujer que espera, sin ninguna certeza de las horas que le tomará llegar a su destino. El resultado es una movilidad improvisada, irregular y humillante, donde desplazarse depende de la suerte, la caridad o la coerción administrativa.

La ausencia casi total de guaguas empuja a la población hacia el transporte privado, hoy casi el único medio disponible. Pero moverse en La Habana en ellos se ha convertido en un lujo. Un viaje en carro particular desde el semáforo de Guanabacoa hasta el Parque de la Fraternidad costó esta semana 350 pesos; de allí a El Vedado, otros 200. En total, 550 pesos para cruzar la ciudad. “Me gasté el dinero que tenía previsto para esta salida solo en transporte”, resume un pasajero al bajar de un taxi.

Los triciclos eléctricos, presentados en su momento como una alternativa “sostenible”, apenas alivian la situación. “Son solo un poco más baratos, 50 o 100 pesos menos que los carros”, comenta un pasajero a 14ymedio. Además, sus tarifas también se disparan. Desde hace dos semanas, los precios de los pasajes suben de manera exponencial, y los propios transportistas advierten de que el alza continuará mientras persista la escasez de combustible.

Esos vehículos, ligeros y con capacidad de un máximo de seis pasajeros, tienen como problema adicional que la disposición de sus ruedas le impiden vadear con efectividad los baches. Esa característica obliga a los conductores a ir a muy baja velocidad y dar rodeos peligrosos para intentar no caer en los tantos huecos que salpican las calles habaneras. 

El impacto de las actuales restricciones no se limita a la movilidad. La crisis del transporte ya empieza a reflejarse en los precios de los productos básicos. Un pequeño comerciante de Regla informó de que sus proveedores aumentaron 20 pesos el precio de todos los panes “por el tema del combustible”, y teme que lo mismo ocurra con el resto de los alimentos. El encarecimiento del transporte se traslada, casi de inmediato, al costo de la vida.

“La gente piensa que como se acortan los trabajos y la escuela ya no hay necesidad de moverse”, reflexiona un vecino de Guanabacoa. “Pero ¿qué hago si quiero ver a un familiar, salir de noche o visitar un sitio cercano como La Habana o El Vedado?”. La pregunta resume una realidad que el discurso oficial evita: la ciudad no es solo trabajo y estudio, también es vida social, afectos, ocio. Todo eso queda ahora condicionado al dinero disponible para pagar un pasaje inflado.

Las medidas oficiales no espantan los temores de la población, aunque hayan sido presentadas como una “oportunidad”. En el programa televisivo Mesa Redonda, el viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, reconoció la “baja disponibilidad” de combustible y anunció nuevas restricciones. La Corporación Cimex informó de que, "hasta que las condiciones lo permitan, se posponen las ventas de combustibles en CUP y la comercialización de combustible diésel en USD a la población".

Además, a partir del 7 de febrero se implementará la aplicación Ticket en los servicentros que venden gasolina en dólares, como se hacía hasta ahora con las compras en pesos. El objetivo declarado es “organizar el proceso”, pero el límite impuesto –20 litros por inscripción– confirma la magnitud de la escasez. La medida, lejos de normalizar el acceso, institucionaliza el racionamiento y deja fuera a quienes no cobran en divisas.

En paralelo, el Ministerio de Transporte ha anunciado la reducción drástica de servicios interprovinciales, la suspensión de rutas nacionales y el reajuste del transporte urbano y obrero en todo el país. Trenes con salidas espaciadas –cada ocho días–, ómnibus cancelados y prioridad exclusiva para sectores considerados “estratégicos” completan un panorama de parálisis casi total.

En la práctica, el Estado se retira de la movilidad cotidiana y traslada el problema a los ciudadanos. Quien puede pagar, se mueve; quien no, se queda. “La gente que no tiene dinero se trasladará por caridad o no se trasladará”, sentencia un testimonio. Es la nueva realidad del país.