El cubano Ramón Escalona entregó una petición al Parlamento para revocar el mandato de Díaz-Canel

Madrid/Hace más de medio mes que Ramón Escalona Labrada publicó en su cuenta de Facebook, donde se denomina El opositor de Satanás, una petición formal ante la Asamblea Nacional para solicitar que se revoque el mandato de Miguel Díaz-Canel, aunque fue este martes cuando por fin acudió a registrarla. 

“La lucha contra la dictadura cubana es esencialmente una lucha de la verdad contra la mentira. Y esa verdad hay que defenderla por todas las vías posibles”, escribió en un post en el que adjunta la fotografía del justificante del registro. 

Originario de Puerto Padre, en Las Tunas, y residente en La Habana, Escalona sabe que este es un hecho simbólico, pero proclama también que “constituye una denuncia al sistema perverso sanguinario que Díaz-Canel representa”, a pesar de considerarlo un “títere del poder militar”. 

En un documento de seis páginas, Escalona solicita que el Parlamento, “en uso de la facultad que le confiere el Artículo 109, inciso j) de la Constitución” inicie la revocación del mandato presidencial siguiendo el procedimiento previsto en la legislación. Además, pide que “se garantice la publicidad y transparencia del procedimiento, así como la participación ciudadana en los términos que establece la ley, en correspondencia con el principio de que la soberanía reside en el pueblo”.

El solicitante, que se ampara en todos los artículos de la Constitución que subrayan la soberanía popular y en particular el derecho de Petición, previsto en el artículo 61, argumenta una larga lista de incumplimientos que, a su juicio, son causa suficiente para retirar la responsabilidad al mandatario. 

Escalona denuncia que “la política de 'resistencia creativa' promovida por el dirigente constituye una violación sistemática de los fundamentos mismos de la Constitución”, entre ellos la dignidad humana –que queda por detrás de la del Estado–, la obligación de no retroceder en la conquista de los derechos humanos y la garantía de que el Estado vele por las carencias del ciudadano sin transferirle a este la responsabilidad. 

"El gobierno de Díaz-Canel ha demostrado, a lo largo de siete años, una incapacidad persistente para implementar soluciones efectivas a los problemas estructurales que agravan la crisis económica cubana”, aduce. La revisión a las tareas es integral: perdieron calidad la educación y la salud, la vivienda es inaccesible, la alimentación insuficiente, del agua y la electricidad ni hablar y un empleo digno es casi imposible. 

Escalona considera que en vez de afrontar su mala gestión para “corregir las distorsiones”, siempre se recurre a las mismas soluciones ineficientes, desde el control de precios y remesas a las subidas de impuestos y la construcción de hoteles. 

Por último, acusa también a Díaz-Canel de no cejar en la política represiva, amén de no haber aprobado una Ley de Manifestaciones que regule lo que es un derecho constitucional, como recoge el artículo 56. Añade que es permanente la indefensión de los cubanos que, de hecho, están renunciando al principio de presunción de inocencia constantemente, en particular si protestan por sus carencias. “Exigir alimentos, luz o libertad no es un delito; es un acto de supervivencia. Criminalizar estas conductas es, por tanto, una inversión de la lógica penal: el Estado convierte a la víctima en victimario y al verdugo en garante del orden”, dice, antes de reiterar, en mayúsculas, que los detenidos por estos motivos son presos políticos. 

"Exigir alimentos, luz o libertad no es un delito; es un acto de supervivencia. Criminalizar estas conductas es, por tanto, una inversión de la lógica penal"

El escrito considera que “el honor de representar al soberano implica, al menos: escuchar al pueblo, no descalificarlo; dialogar con el pueblo, no reprimirlo; y resolver los problemas del pueblo, no encarcelarlo por señalarlos”. Pero Díaz-Canel “ha roto el vínculo de confianza que debe existir entre el soberano (el pueblo) y sus mandatarios, lo cual profundiza la fractura social y la pérdida de confianza en las instituciones”, causa suficiente para que la Cámara le retire su apoyo. 

Escalona considera que el suyo es un acto de deslegitimación ciudadana hacia el presidente y que, aunque su revocación no resolvería la crisis, cada razón que la población escriba “es una grieta en el muro del Partido Comunista”, que sigue argumentando que la Revolución cuenta con el apoyo del pueblo.

El habanero había advertido de que era posible que su solicitud fuera rechazada, aunque muchos represores sabían lo que iba a hacer. “Y ese conocimiento, con el supuesto rechazo, expondría la esencia real del sistema”. Por el momento, sí ha conseguido entregarla.