Por denunciar un robo, una santiaguera es acosada por la policía
Entre las personas que sacaban los productos, la joven reconoció a varios trabajadores del local
Santiago de Cuba/La oscuridad es propicia para robar en dependencias estatales, pero ser testigo y denunciarlo puede ser más un riesgo que un mérito frente a las autoridades. Eso le ocurrió a una mujer de 23 años el pasado 7 de octubre mientras estaba en un parque frente a una tienda de la cadena Agua y Jabón de Santiago de Cuba.
La joven, que prefiere mantenerse en el anonimato, estaba, pasadas las nueve de la noche, sentada en un banco frente al comercio estatal La Melipona, que vende productos de aseo en moneda libremente convertible (MLC). Mientras permanecía en el lugar vio cómo varias personas sacaban furtivamente numerosas cajas cargadas con productos.
En medio del desabastecimiento y de la subida de los precios que han experimentado mercancías como los jabones, el champú y el detergente de lavar, la mujer decidió fotografiar con su móvil lo que consideró un robo o un "desvío" de productos deficitarios. Tomó varias instantáneas en las que se ve a un grupo de empleados extraer la mercancía.
"Vi a dos individuos penetrando a esa hora por las puertas de la tienda y que sacaron cajas y maletines", comentó la santiaguera
Entre las personas que sacaban los productos, la joven reconoció a varios trabajadores del local. También, junto a ellos, había un hombre que más tarde dijo ser esposo de una de las trabajadoras y que se identificó como miembro del Departamento Técnico de Investigación (DTI) del Ministerio del Interior.
"Vi a dos individuos penetrando a esa hora por las puertas de la tienda y que sacaron cajas y maletines", comentó la santiaguera a 14ymedio. La mujer alcanzó a ver en algunos de ellos las etiquetas de envases con champú y acondicionador para el cabello, tintes de pelo y otros productos que se venden en este comercio estatal.
Tras encarar a las personas involucradas en la operación, especialmente a dos hombres que esperaban por los productos cerca de una moto de la marca MZ color rojo oscuro y con la matrícula R18965, uno de ellos respondió alegando que trabajaba en el DTI y acusó a la mujer de estar, desde esa hora, haciendo la cola del local para comprar productos y revenderlos.
El hombre llamó a la policía y acusó a la joven frente a los oficiales de "merolica y delincuente". Trasladada a la estación de policía, la mujer contó su versión de la historia y decidió denunciar lo que consideró un robo nocturno en una dependencia estatal. Sin embargo, los policías optaron por amenazarla con procesarla por colera.
Los uniformados no solo se negaron a registrar su denuncia, según comenta la mujer a este diario, sino que le aclararon que no podían hacer "nada al respecto", y que si quería proceder con su reclamo debía dirigirse a la Fiscalía de Santiago de Cuba. Verse convertida de acusadora a acusada provocó una sensación de desprotección en la joven.
El desvío de recursos es una de las formas de "lucha" a la que se dedican los empleados del sector estatal para compensar los bajos salarios sustrayendo mercancías y materias primas de las dependencias oficiales
El desvío de recursos es una de las formas de "lucha" a la que se dedican los empleados del sector estatal para compensar los bajos salarios sustrayendo mercancías y materias primas de las dependencias oficiales. En las inspecciones o auditorías, esos recursos perdidos se etiquetan como "faltantes".
La joven teme mayores represalias, especialmente si se le aplica el artículo 228.1 del Código Penal, que prevé multas o sanciones de cárcel de tres meses a un año a quien "con ánimo de lucro, realice alguna actividad de producción, transformación, venta de mercancía o prestación de un servicio sin la debida licencia".
Solo entre abril y mayo de este año, en Santiago de Cuba se realizaron 70 procesos penales por acaparamiento y 74 por receptación de mercancía, según reportó la prensa local.
La vigilancia se recrudeció en las últimas semanas y en septiembre pasado las autoridades dijeron haber identificado a 429 personas que se dedican a hacer colas para la reventa de productos, de las cuales 54 resultaron multadas y 257 recibieron una advertencia policial.
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