EE UU prevé destinar 75 millones de dólares a proyectos vinculados a Cuba

Madrid/EE UU destinará el próximo año al menos 75 millones de dólares a Cuba de dinero público. La Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año 2027 fue aprobada este martes por el comité por 35 votos a favor y 27 en contra, aunque aún deberá pasar por el Congreso y el Senado antes de que el presidente Donald Trump la firme. 

No parece probable que los montos previstos para “apoyar la democracia” en la Isla cambien, ya que la cantidad es exactamente la misma del año anterior. Sin embargo, sí supone un porcentaje mayor, ya que los fondos han disminuido de los 50.000 millones totales en 2026 a 47.320 este período fiscal, que concluye en septiembre del próximo año, un 6% menos en total.

Las dos asignaciones principales previstas en relación a Cuba se dividen en dos partes. Por un lado, 35 millones de dólares estarán destinados a programas que promuevan la democracia y fortalezcan la sociedad civil en la Isla a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), incluyendo el apoyo a presos políticos. El resto va a parar a la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) por dos conceptos. El primero, 35 millones de dólares, para la realización de información vía radio, internet y televisión, de los que 5,2 millones se pueden retener hasta el siguiente ejercicio fiscal.

El segundo concepto son cinco millones adicionales para la elaboración de programas especiales sobre la Isla, que salen de la partida de actividades de comunicación internacional, cuyo valor total es de 540 millones

Este dinero también puede destinarse a “mejoras de capital para la radiodifusión, que pueden incluir la compra, el alquiler, la construcción, la reparación, la conservación y la mejora de instalaciones para la transmisión y recepción de radio, televisión y medios digitales; la compra, el alquiler y la instalación del equipo necesario para la transmisión y recepción de radio, televisión y medios digitales, incluso a Cuba, según lo autorizado; y la seguridad física a nivel mundial”.

El segundo concepto son cinco millones adicionales para la elaboración de programas especiales sobre la Isla, que salen de la partida de actividades de comunicación internacional, cuyo valor total es de 540 millones. 

Además de estas subvenciones, la ley especifica los límites a la hora de destinar dinero público a Cuba, que no cambian sustancialmente. Está prohibido taxativamente el uso de fondos federales para revocar la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. También se impide eliminar o reducir la “lista negra” de entidades cubanas que gestiona el Departamento de Estado, cerrando cualquier vía que permita, facilite y fomente transacciones con empresas y personas que la integren, en particular cualquiera vinculada a las Fuerzas Armadas o a los servicios de inteligencia. 

Los privados también están afectados por las restricciones, ya que se sanciona a las personas físicas y jurídicas que mantengan cualquier relación económica o comercial con el Ejército o el Ministerio del Interior de Cuba. Se incluye en este apartado a quienes participen en actividades que beneficien las operaciones comerciales internacionales o la generación de ingresos de ambos ministerios, empresas controladas por ellos (cualquiera del conglomerado militar Gaesa) y a quienes colaboren para ayudarles a eludir las sanciones impuestas.

Las exenciones aparecen también en el documento, que reseña la venta de productos agrícolas y suministros médicos autorizados por ley y los pagos correspondientes al arrendamiento y mantenimiento de la base naval en la Bahía de Guantánamo, amén de los gastos de la Embajada en La Habana, el procesamiento de remesas autorizadas y ayudas a la sociedad civil independiente. 

El proyecto de ley recuerda que todas estas medidas están subordinadas a un posible cambio de régimen que permita elecciones libres en Cuba. 

El proyecto de ley recuerda que todas estas medidas están subordinadas a un posible cambio de régimen que permita elecciones libres en Cuba

Entre otros apartados dedicados a la Isla destaca el referido a las misiones médicas internacionales. El proyecto de ley exige que, en un plazo de 90 días tras su entrada en vigor, el Secretario de Estado presente un informe sobre los países y organizaciones internacionales que paguen directamente al Gobierno de Cuba por el trabajo de profesionales médicos, considerado en el texto como "trabajo forzoso y trata de personas”. El documento debe ser público, aunque puede contener información clasificada y la inclusión en él supondrá consecuencias directas para quienes estén vinculados al proceso, entre ellas el veto de entrada a EE UU.

Además, los países y organizaciones que figuren en el informe durante dos años consecutivos perderán el acceso a fondos de asistencia económica y de seguridad incluidos en el presupuesto, una medida que solo puede evitarse cesando el pago al régimen por servicios médicos. 

Por último, el documento incluye dos especificaciones más relacionadas con la Isla. Una es la prohibición del uso de fondos para “actividades que contravengan las órdenes ejecutivas relativas a la seguridad fronteriza”, y la otra la inclusión de incentivos económicos para la captura de personas vinculadas al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. 

Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité responsable de la ley, dijo este martes que se ha elaborado el documento pensando en una política de “gasto responsable, con un claro enfoque en la seguridad nacional”. Además, afirmó que se ha trabajado defendiendo la idea de poner por delante los intereses de EE UU y descalificó veladamente a quien cuestione las cuentas propuestas. “Si eres amigo o aliado de Estados Unidos, este proyecto de ley te apoya. Si eres un adversario o te estás acercando demasiado a nuestros adversarios, entonces no te gustará este proyecto de ley”.