Los herederos de Rafael del Pino apuntan a bienes del Estado cubano en España para cobrar una indemnización

Madrid/La familia de Rafael del Pino intenta cobrar en España la indemnización que el régimen cubano le debe, según dictaminó la justicia estadounidense en 2008, por matar y simular el suicidio del otrora amigo de Fidel Castro en su celda del Combinado del Este en 1977. 

La cantidad asciende a 626 millones de dólares, fruto de la suma de los 312,8 millones de dólares que corresponden a Milagros Suárez, co-representante legal del patrimonio de su padre, y 313,4 millones para Lissette Oti, nieta y sucesora legal de Rafael del Pino Jr., hijo de Del Pino Siero. Inicialmente, el monto fue calculado en 253 millones de dólares, pero fue revisado al alza en 2021 por los intereses acumulados. 

Los herederos del ex piloto cubano con nacionalidad estadounidense llevan años siendo conscientes de que es imposible cobrar embargando propiedades del Estado cubano en EE UU, sencillamente porque no tiene suficientes, e intentan hacerlo en otros países. Aunque hace poco más de un mes se supo que abrirán la vía venezolana ahora que el chavismo está en una nueva fase de tutela estadounidense, desde 2022 los esfuerzos se han centrado en España, cuenta este jueves el medio El Confidencial, con sede en Madrid.

España es uno de los países donde el Estado cubano dispone de más bienes potencialmente embargables

España es uno de los países donde el Estado cubano dispone de más bienes potencialmente embargables, explican. De ahí que la justicia española lleve cuatro años enredada en trámites para resolver la cuestión. El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid pidió al Gobierno de España en noviembre de 2022 que curse una notificación formal a Cuba que permitiría activar la ejecución de esos bienes y en febrero de este año urgió al Ministerio de Justicia a desbloquear un trámite en el que también tiene parte el de Exteriores y que se ha complicado a lo largo del tiempo. 

Así, en marzo, Justicia remitió a la Cancillería una petición para notificar por vía diplomática a los demandados –los representantes del Estado cubano– de que el proceso para reconocer la sentencia estadounidense se había iniciado. En mayo, el juez volvió a instar a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia a que eliminara “los obstáculos” que “impiden el cumplimiento” del proceso. El departamento alegó que ya se había hecho, pero que procedería a reiterarla. 

Mientras, en Exteriores afirman a El Confidencial que "tan pronto recibió la solicitud, le dio traslado”. De acuerdo con las informaciones, el documento ya está en la Embajada de España en La Habana, pero esto no garantiza que la notificación se haya cursado, ya que en este punto depende de las autoridades cubanas. La crisis energética tampoco ha ayudado a priorizar trámites como este, que no interesan demasiado al régimen. 

La familia de Del Pino en España declaró al medio que, en efecto, no hay constancia de que se haya notificado a Cuba, mientras la Embajada en La Habana alega que no es su competencia, sino del Consulado General, que no había respondido a las preguntas del medio a la hora de publicarse el reportaje. 

Los condenados por sentencia en 2008, a quienes la justicia española quiere notificar, son la República de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y Raúl Castro Ruz

Los condenados por sentencia en 2008, a quienes la justicia española quiere notificar, son la República de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y Raúl Castro Ruz. La Fiscalía de Madrid expresó sus dudas sobre la competencia de los tribunales españoles en este asunto, pero acabó determinando que "correspondería al fondo de la pretensión de reconocimiento" y no a la competencia del órgano, por lo que concluía que avaló que el juez cursara la admisión a trámite.  

En noviembre de 2022, el juez emitió un oficio y un exhorto –instrumento con el que un tribunal pide a una autoridad de otro país que practique una actuación judicial– a la justicia cubana, adjuntando una copia de la demanda y del decreto de admisión para que comunicase a los afectados el inicio del procedimiento y la apertura de plazo de 30 días hábiles para responder.

En febrero de 2023, el Ministerio de Justicia dijo al juez –a quien devolvió el documento– que para realizar el trámite debía previamente solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores que la Asesoría Jurídica Internacional emitiera un informe sobre “las cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdicción y ejecución", como exige la Ley de cooperación jurídica internacional.

Para cumplir con la norma, el juzgado envió al organismo la documentación para que hiciera el informe preceptivo, pero la situación se dilató dos años, y en noviembre de 2025 el magistrado volvió a reclamarlo. 

En noviembre de 2022, el juez emitió un oficio y un exhorto a la justicia cubana, adjuntando una copia de la demanda y del decreto de admisión

El Ministerio de Justicia alega que la petición formal se hizo precisamente en esa fecha y que la secretaría correspondiente lo firmó en solo un mes, el 9 de diciembre de 2025. Ese informe indica que Cuba "podría hacer valer la inmunidad de jurisdicción" ante los órganos judiciales españoles, aunque también dice que, si se reconoce la sentencia con base a los tratados internacionales, se pueden ejecutar los bienes cubanos en España que estén destinados a "fines distintos de los oficiales no comerciales". Esto incluye cuentas o inmuebles, entre otras cosas. 

Rafael del Pino Siero coincidió con Castro en la universidad y se hicieron amigos, hasta el punto de que el primero se unió a la causa revolucionaria siendo ya piloto estadounidense. Sin embargo, pronto se despegó de la Revolución, que consideraba demasiado influida por la Unión Soviética. 

Sus críticas le valieron una trampa del régimen, por la que llegó a la Isla en una avioneta, el 25 de julio de 1959, para supuestamente ayudar a sacar a la familia de opositor –una actividad a la que se dedicaba entonces– y fue emboscado por militares y Policías. Fue detenido, juzgado y condenado a pena de muerte, aunque se le conmutó por 30 años de prisión. Permaneció 17 años en el Combinado del Este, víctima de malos tratos y aislamiento, hasta su presunto suicidio, considerado asesinato por los tribunales estadounidenses.