Huyeron a EE UU para eludir la cárcel por participar en el 11J y ahora temen ser deportadas a Cuba

La Habana/Las hermanas Mariana de la Caridad Fernández León y Yaneris Redondo León, exiliadas en Estados Unidos tras ser condenadas a prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana, podrían ser deportadas a Cuba si se desestima su solicitud de asilo político. “Hoy tenemos miedo de que se nos niegue esa protección”, denunció en redes sociales Fernández que aseguró que “regresar podría equivaler –sin ánimos de exagerar– a ser enviadas directamente a la muerte”. 

La publicación de la joven da pocos detalles sobre el proceso legal que enfrenta en Estados Unidos tras llegar al país con su hermana como balseras, de forma ilegal, y solicitar asilo político. No obstante, sugiere que su caso es uno de los tantos que han aflorado con las nuevas políticas de Donald Trump, que ha acabado en los últimos meses con varias de las vías abiertas por la Administración anterior para que los migrantes soliciten protección internacional.

“Pedimos al Gobierno de Estados Unidos que actúe con justicia, con humanidad y con memoria histórica. Somos perseguidas políticas. Pedimos protección, no privilegios”, resalta Fernández, asegurando que tanto ella como su hermana cumplen “todos y cada uno de los requisitos legales y humanitarios para obtener el estatus de refugiadas”. Asimismo, añade que sería “profundamente injusto que se nos devuelva a un país donde ya fuimos encarceladas por pensar diferente y dejar claro nuestra postura política”.

Fernández y Redondo, que entonces tenían 18 y 30 años, participaron en las multitudinarias protestas que tuvieron lugar en el barrio de Mantilla

Su petición ha sido respaldada por organizaciones como Justicia 11J, que sostuvo: “Lo que parece ser una decisión de no protección por parte de las autoridades de los Estados Unidos contradice el principio de non-refoulement, que prohíbe la devolución de una persona a un país donde corre peligro de ser torturada, perseguida o sometida a tratos inhumanos o degradantes, incluso si su solicitud de asilo ha sido denegada”.

Fernández y Redondo, que entonces tenían 18 y 30 años, participaron en las multitudinarias protestas que tuvieron lugar en el barrio de Mantilla, en la capital, en julio de 2021. Durante la manifestación, fueron rociadas con gas pimienta, golpeadas y detenidas. “Fui encerrada junto a mi hermana por 15 días sin orden judicial. Durante la detención sufrimos abuso psicológico, amenazas de muerte y negligencia médica”, relata.

Gracias al “esfuerzo sobrehumano” de su familia, ambas fueron excarceladas tras pagar una fianza de 1.000 pesos cada una y, durante más de un año, a la espera de un juicio, debieron presentarse regularmente ante la Policía, que las obligó a “firmar documentos bajo amenaza de volver a prisión” si se involucraban en cualquier acto de disidencia.  

En julio de 2022, finalmente fueron llevadas a juicio por desacato, atentado y desorden público, delitos que, según Fernandez, fueron “fabricados” por la Seguridad del Estado. Ambas fueron declaradas culpables. Redondo fue condenada a siete años de cárcel y Fernández a cinco, que fueron luego rebajados a años de reclusión domiciliaria.

Fueron notificadas de que tenían 72 horas para entregarse voluntariamente a las autoridades y tramitar su reingreso a la prisión

Fueron notificadas de que tenían 72 horas para entregarse voluntariamente a las autoridades y tramitar su reingreso a la prisión. “Ante la inminente represión y el temor fundado de lo que nos esperaba, tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas: huir de nuestro país. El 13 de noviembre de 2022, después de un viaje de más de 16 horas por mar, llegamos a un cayo inhabitable, exhaustas y sin rumbo claro, pero con la esperanza intacta. Logramos sobrevivir a esa peligrosa travesía y finalmente alcanzar territorio estadounidense, donde solicitamos asilo político”, añade.

Tras ingresar a Estados Unidos, Fernández incluso debió ser hospitalizada “producto del desgaste físico extremo durante la huida”. Ahora, sin embargo, teme que todo su sacrificio sea en vano. “Pedimos al Gobierno de Estados Unidos, a los jueces de inmigración, a la sociedad, y a todo el exilio cubano que nos escuchen. Nuestra causa no es individual. Es la causa de un pueblo que sigue exigiendo libertad”.