Impiden viajar a Estados Unidos al periodista independiente Boris González

La Habana/Al periodista independiente cubano Boris González Arenas le impidieron este miércoles viajar a Estados Unidos, para un intercambio profesional, desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Un funcionario, con una identificación de la Aduana General de la República, informó al reportero de la existencia de una prohibición de salida, pero sin dar más detalles sobre los motivos de esta regulación.

González Arenas debía viajar para integrarse al proyecto "IA y tecnología en el periodismo", enmarcado en el International Visitor Leadership Program (IVLP) 2026, una iniciativa dirigida a líderes y profesionales de distintos países. El proyecto, según explicó en su cuenta de Facebook, está concebido como un espacio de intercambio con colegas del continente sobre los desafíos contemporáneos del oficio de informar.

De acuerdo con su testimonio, al llegar al punto de control de migración en la Terminal 3, un funcionario identificado como Ricardo González, con una credencial de la Aduana, le informó que tenía "un impedimento de viaje". González Arenas intentó conocer la autoridad que había dispuesto la medida y solicitó que se le firmara una queja que redactó, de su puño y letra, en el propio aeropuerto, pero el funcionario se negó a aceptar una copia. "A mi pregunta sobre quiénes eran [los que impedían viajar], me dijo que no sabía", denuncia el periodista, quien asegura que el agente llamó por teléfono a "alguien" para confirmar la prohibición de salida.

"A mi pregunta sobre quiénes eran [los que impedían viajar], me dijo que no sabía"

La medida restrictiva ocurre meses después de que González Arenas lograra salir de la Isla para una visita a España, tras años de permanecer "regulado", una condición administrativa utilizada por las autoridades cubanas para restringir la salida del país de activistas, periodistas y opositores. Entre 2019 y 2024, recuerda el reportero, estuvo regulado de manera permanente, además de otras prohibiciones puntuales que sufrió en años anteriores.

En Cuba, estas restricciones se aplican sin orden judicial ni plazos definidos y suelen comunicarse de manera verbal en el propio aeropuerto, una práctica ampliamente documentada por la prensa independiente y organizaciones de derechos humanos. Los regulados conforman una lista opaca, administrada por el Ministerio del Interior, que se activa o desactiva sin notificación escrita y deja a los afectados en un limbo legal, sin vías efectivas de reclamación.

El periodista señaló que este tipo de bloqueos tiene un costo profesional elevado. En su caso, asegura que anteriormente se le impidió atender invitaciones para hablar sobre la realidad cubana en el Parlamento británico o para observar procesos electorales en Colombia. "Hacen bien en impedirme viajar, cada palabra mía se esforzaría por quebrar el piso de su inmundicia", escribió en referencia al impacto que tendría su testimonio fuera de la Isla.

"Hacen bien en impedirme viajar, cada palabra mía se esforzaría por quebrar el piso de su inmundicia"

Más allá del plano profesional, González Arenas subrayó el impacto personal y familiar de la medida. Los días previos a un viaje, dijo, se convierten en jornadas de tensión para una familia que acumula "quince años de acompañamiento a un defensor de derechos humanos" en un contexto de hostigamiento permanente. Pese a ello, afirmó que regresar a casa "nunca será una suerte aciaga".

Solo en 2019, la lista de ciudadanos cubanos a los que el Gobierno había impuesto la etiqueta de "regulados" la integraban unas 150 personas. Este mecanismo, con el que las autoridades restringen arbitrariamente la libre circulación de activistas, periodistas y opositores en general, se ha consolidado como método represivo habitual. El periodista Reinaldo Escobar, parte del consejo editorial de este diario, lleva más de cinco años con una prohibición de viaje.

La libre circulación de personas está consagrada tanto por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como por el 52 de la Constitución cubana. Aunque en ambos casos, y en todos los Estados, es un derecho sometido a regulaciones, el régimen de La Habana las aplica de forma arbitraria, limitando el margen de maniobra de los afectados, que a veces pueden hacerles frente por la vía judicial y otras deben recurrir al activismo.