Una madre responsabiliza al 'político' de la unidad por la muerte de su hijo en el servicio militar

Madrid/Siete meses después de la muerte de su hijo, Mercedes Roque, madre de Antonio Alejandro Ressi Roque, sigue sin recibir respuestas de las autoridades sobre lo ocurrido mientras el joven cumplía el servicio militar obligatorio.

Intentar hablar con ella por teléfono desde La Habana resultó imposible. La comunicación se cortaba una y otra vez, atravesada por la mala conexión que suele marcar las llamadas dentro de Cuba. Finalmente, la entrevista tuvo que hacerse de otra manera: las preguntas viajaron por mensajes y las respuestas regresaron en audios. En cada uno, la voz de la madre cargaba con el mismo peso: dolor, indignación y una insistencia que no ha cedido con el tiempo.

“Son siete meses… siete meses de la muerte de Antonio Alejandro Ressi Roque”, repite. La fecha la tiene fijada con precisión: 18 de agosto de 2025. El lugar también: la unidad militar 5050 del Calvario. Desde entonces, asegura, lo único que ha recibido son “excusas y más excusas”.

“Mi hijo se les murió a ellos, no se me murió a mí en mi casa”

El joven tenía apenas 18 años cuando murió. No fue en casa, insiste ella, marcando una línea clara de responsabilidad: “Mi hijo se les murió a ellos, no se me murió a mí en mi casa”.

Antes de eso, Antonio Alejandro era, según su madre, “un niño normal, como cualquier adolescente”. Había terminado el preuniversitario, tenía su grupo de amistades, su novia, y ya había escogido carrera: Cultura Física en el Fajardo. “Siempre fue un muchacho tranquilo, no nos dio mucha batalla como padres”, cuenta. También lo recuerda cercano a los vecinos, sobre todo a los mayores: “Siempre dispuesto a ayudar, a alcanzar cualquier cosa que hiciera falta”.

No había señales de alarma antes de entrar al servicio militar. “Mi hijo no entró con ningún problema, ninguna depresión, nada de eso. Estaba normal”, insiste Roque. “Yo pienso que ser un niño bueno es una mala condición para el servicio militar porque yo veo que es que los niños que prevalecen con fuerzas allí son los famosos niños que se le dicen que son ambientales, a los que ellos (los oficiales) les dan un un cargo como un sargento, como que verifique la guardia y esos niños son los que atienden a los demás”, agrega.

El último contacto con su hijo quedó marcado en su memoria con una precisión de profundo dolor. “El 18 de agosto, a las 9:05 a.m., iba a entrar a la guardia. Fue una llamada rápida, cortica”. El día anterior lo había visitado en la unidad. Comió, conversó, compartió con otros reclutas. Sin embargo, algo le llamó la atención: “Le vi la carita un poquito deprimida, pero no me dijo nada de lo que estaba pasando”. Ese silencio es hoy una de las grietas más difíciles de asumir.

“Es un tapete fijo donde todos se van encubriendo unos con otros”

A partir de ese momento, el relato se fragmenta entre lo que las autoridades no han dicho y lo que otros jóvenes sí le han contado. “Ellos aún no me han dicho qué ocurrió entre las 9:05 de la mañana y las 3:30 de la tarde”, denuncia. Esa hora (las 3:30) la supo después, no por un informe oficial inicial, sino meses más tarde, en una reunión con la Fiscalía.

Lo que sí ha logrado reconstruir proviene de testimonios de otros soldados. “Mi hijo dejó de bañarse, se desorientó, fue motivo de bullying”, enumera. Ninguna de esas situaciones, afirma, le fue comunicada por los mandos. “A mí nunca me hicieron una llamada”.

La falta de transparencia, sostiene Roque, empezó desde el primer día. Recuerda especialmente al político del Ejército Occidental que llevaba su caso: “Siempre me decía que me hablaba con total transparencia”. Sin embargo, luego supo que ese mismo oficial habría ordenado a los soldados que no hablaran de lo ocurrido porque “lo de Antonio tenía que quedar ahí, no se podía comentar”. Esta contradicción la lleva a una conclusión tajante: “Entonces no hay confiabilidad”.

En ese entramado, Mercedes Roque describe un sistema cerrado: “Es un tapete fijo donde todos se van encubriendo unos con otros”. En ese mecanismo, añade, “la culpa nunca cae sobre el que realmente tiene que ver con eso”.

Las gestiones institucionales han estado marcadas por la frustración. Cada visita deja una sensación que no logra suavizar: “Es indignante, asqueante para mí como madre cada vez que me presento ante ellos”.

Uno de los episodios más tensos fue con una funcionaria de la Fiscalía Militar. Según relata, una teniente coronel le dijo: “Usted está entorpeciendo la investigación porque tiene datos que no nos aporta”. La acusación invierte los roles: “Tratan de virarla… como si yo fuera la culpable”.

Ante la falta de respuestas oficiales, ha sido ella quien ha investigado. “Todo lo que sé es porque me he puesto a llamar, a buscar, porque los muchachos me han querido dar testimonio, pero con miedo”. Miedo a represalias, dice, porque muchos siguen en la unidad.

De esos testimonios emerge una secuencia que, según su reconstrucción, apunta a responsabilidades concretas. Habla de presión constante, de sobrecarga de guardias, de hostigamiento. “Decían que no se bañaba, que estaba sucio, que le tenían puesto el dedo”, recuerda.

Uno de los momentos clave habría sido la suspensión de un pase. “Antonio estaba obsesionado con salir esos siete días”, cuenta. Según los relatos que ha recogido, el político de la unidad le habría comunicado la suspensión del pase poco antes del hecho. “Le dijo: ‘tienes suspendido el 21/7’”, haciendo referencia a la posibilidad de estar en casa siete días cada 21 en la unidad militar.

Para ella, ese fue el detonante. “Mi hijo se mata en el segundo horario de guardia, después de eso”.

“Para mí hay un responsable directo de la muerte de Antonio, que es Aldo Fraga, político de la 5050”

La responsabilidad, en su relato, tiene nombres propios. Explica que de los muchachos que los oficiales ponen como sargento a controlar a los demás, hay uno que “hizo fijación con Antonio desde el principio”. Sin embargo, señala directamente al político de la unidad: “Para mí hay un responsable directo de la muerte de Antonio, que es Aldo Fraga, político de la 5050”. Y añade: “Nada de lo que hace el político ocurre sin que el jefe de unidad lo sepa”.

Más allá del caso individual, su denuncia se amplía hacia el sistema del servicio militar. Describe un entorno de presión, abuso y negligencia. “Lo que está pasando es un grito a lo largo y ancho de Cuba”.

Cuestiona también las condiciones materiales: su hijo, asegura, tenía un solo uniforme. “Para lavar uno tenía que pedir prestado otro”. Tampoco hubo un proceso de reclutamiento riguroso: “Mi hijo no tuvo verificación ni por la casa de Guanabo, ni por la casa de Santos Suárez. Yo tuve un llamado de un tal Daniel el día 17 de junio para que fuéramos a presentarnos a la Plaza Roja en Santos Suárez el día 18 de junio con el objetivo de que fuera directo a la previa. Ese fue el proceso de entrada al servicio militar de mi hijo”.

“El mundo tiene que saber lo que está pasando en Cuba con los jóvenes”

Pero el impacto de Roque no se limita a quienes mueren. “El que no sale fallecido, sale psicológicamente destruido”, explica, y añade que muchos jóvenes salen con tratamientos psiquiátricos tras el paso por las unidades militares.

El dolor personal de esta madre cubana se mezcla con una determinación creciente. “Es muy difícil sobrevivir a un hijo”, reconoce. Pero esa dificultad no la ha llevado al silencio. En los últimos meses, ha decidido hablar públicamente y hacer un llamado a otras madres: “No más servicio militar obligatorio en Cuba”. La convocatoria es directa: “Plántense, hagan marcha, no manden a sus hijos”. 

Su caso, insiste Roque, no es aislado. “No es un hecho ni dos, son muchos casos”. Tras la muerte de su hijo, asegura, han ocurrido otros sin respuestas. También señala el miedo como un factor que frena denuncias: “Hay madres que no hablan porque tienen otros hijos que van a entrar”.

Aun así, considera que el silencio no es una opción. “El mundo tiene que saber lo que está pasando en Cuba con los jóvenes”. La exigencia de justicia es concreta: “Que paguen los responsables”. Para ella, eso implica condenas para quienes identifica como responsables directos.

Siete meses después, la pregunta sigue intacta: qué ocurrió realmente aquel 18 de agosto. “Lo único que pido son respuestas claras y precisas”, repite. Y en esa repetición, en esa necesidad de insistir, se sostiene también su forma de resistir ante tamaña opacidad. Porque, mientras no haya respuestas, su hijo, dice, no puede descansar. Y ella tampoco.